La revista semanal The New Yorker publicó una nota del periodista Jonathan Blitzer titulada: El exilio del esfuerzo anticorrupción de Guatemala (The exile of Guatemala’s anti-corruption efforts, en el inglés original) en donde narra la historia que los exfiscales de la FECI, la ex Fiscal General Thelma Aldana y la exjueza Erika Aifán le contaron.

A pesar de que se conoce que ese medio cuenta con un departamento de verificadores de información (fact-checkers), la nota aparece con una serie de errores, medias verdades y mentiras que podrían explicarse con que el autor creyó con los ojos cerrados la versión que los auto exiliados le contaron y no se preocupó, como lo haría un periodista diligente, por buscar otras fuentes o contactar a quienes aluden.

Además, resulta obvio que el proceso de verificación de datos no se llevó a cabo o fue deficiente. The New Yorker es una publicación seria que en tres años cumplirá un centenario de fundación, así que sorprende que se publique el texto tal como apareció el 29 de abril de 2022.

Aunque es entendible que distintas personas tengan apreciaciones distintas de eventos según hayan sido afectados por ellos, resulta un embuste pretender dar una versión que convenientemente se aparta de la verdad y, sobre todo tratándose de una labor periodística supuestamente rigurosa, no se haya buscado la versión de autoridades mencionadas en la nota. Eso supone, además, la intención de engañar al público, algo indigno de ese medio.

Más allá del estilo novelado de la nota y con la intención de que pueda conocerse la verdad o, cuando menos, otro lado de la moneda, se hace un esfuerzo por aclarar y explicar algunos puntos de la nota, en vista que no es fiel a la verdad.

Lo que cuenta el exfiscal Rudy Herrera sobre el mecanismo (rutina, le llama) urdido entre su esposa y él (saliendo antes de las 6 am, primera hora en que puede llevarse a cabo allanamientos) habla de su intención de evadir una supuesta captura, un mecanismo que él como fiscal habrá visto más de una vez en los criminales a quienes persiguió.

Un dato impreciso es que los fiscales trabajan para el gobierno y no es así; trabajan para el Estado, que no es lo mismo que el gobierno.

La nota menciona que la Fiscal General Consuelo Porras despidió a Juan Francisco Sandoval por insubordinación y esa es una verdad a medias. El despido de Sandoval se da luego de una serie de instancias en donde desobedeció o no acató órdenes de su superior (la Fiscal General) en una institución donde hay un orden jerárquico.

Además de la insubordinación, Sandoval reiteradamente violó procedimientos administrativos requeridos a todos los agentes fiscales, como el registro de los casos bajo su investigación en el sistema correspondiente. En términos simples, Sandoval escondió investigaciones de manera anómala y filtró ilegalmente información de supuestas investigaciones que realizaba. Posteriormente se sabría que, además, sustrajo ilegalmente documentos.

La nota cuenta cómo Sandoval huye a El Salvador en medio de la noche, evadiendo el sistema de justicia que él ayudó a crear; no se quedó a enfrentar la justicia como él reclamó que hicieran todos a quienes él acusó.

El autor (Blitzer) miente al decir que, en 2007 a petición de activistas de derechos humanos, las Naciones Unidas estableció la CICIG; fue el gobierno de Guatemala el que hizo esa solicitud, no activistas. No se trata de una simple imprecisión, pues si el autor hubiese hecho la más mínima averiguación habría consignado la verdad y no lo hizo. Sorprende que se admita sin pudor que la CICIG montó un sistema de justicia paralelo que consistió en una fiscalía ad hoc (la FECI) y sus propios juzgados como el presidido por Aifán. Así, la CICIG hizo precisamente lo opuesto a lo que su mandato establecía.

Otra sorprendente afirmación es que el autor atribuye a un juez guatemalteco: que la CICIG -sus miembros- “No podían ser investigados. No podían ser acusados de crímenes. Eso les dio una garantía crucial. Ellos ayudaron al imperio de la ley”.

Estaban más allá de la ley y eso es precisamente lo contrario a ayudar al imperio de la ley; esa es la definición de impunidad.

Es una imprecisión decir que Jimmy Morales clausuró la CICIG; lo que hizo el gobierno de Guatemala, que solicitó en 2007 la instalación de la Comisión, fue no renovar el mandato, tal como se estableció en el acuerdo de su creación. Un verificador de información hubiese advertido el error y lo corrige. Adicionalmente, las acusaciones contra los familiares de Morales fueron rechazadas y ellos absueltos de todo cargo.

Además, Thelma Aldana no fue candidata presidencial. Aldana no participó por tener impedimento legal, pues tenía pendientes acusaciones por corrupción. Ella no abandonó la carrera por la presidencia, como afirma el autor de esa nota.

Al referirse a la multicausa (case-file 359) omite decir que es precisamente allí en donde radican las ilegalidades al ir sumando casos y personas que no tenían relación alguna, dentro del mismo expediente.

En ese punto es donde aparece una de las mentiras más flagrantes y la imprecisión que hace suponer el sesgo de la nota; el autor ya sea por confusión o por mala intención mezcla dos casos que no tienen nada que ver el uno con el otro:

• 1) el hallazgo de Q122 millones en efectivo (entre quetzales y dólares) en una casa de Antigua Guatemala en donde está vinculado el exministro de Comunicaciones José Luis Benito;
• 2) una supuesta investigación a partir del testimonio de un -también- supuesto testigo que declaró que vio cómo unos rusos le llevaron al presidente Giammattei una alfombra envuelta que llevaba dentro dinero en efectivo. A la fecha la única razón de tal declaración e investigación la sustrajo -por admisión propia- el exfiscal Sandoval, cometiendo así un delito. Esa supuesta alfombra no tiene relación alguna con el dinero encontrado en Antigua Guatemala. El equipo de verificación de The New Yorker falló o no hizo su trabajo.

El autor le cree a Aifán su versión de los hechos relacionados con los dos antejuicios que el Ministerio Público presentó en su contra sin dudar o verificar lo que ella le dijo; eso resultó en que se consignaron hechos que nunca ocurrieron o que no ocurrieron de la manera que ella lo dijo, tal es el caso de la audiencia a la que fue citada en uno de esos antejuicios. El autor hace referencia a una nota del reportero José Luis Sáenz, pero esa nota se basa también solamente en declaraciones de la propia Aifán. No hubo verificación o se intentó contactar a fuentes judiciales para corroborar lo dicho por ella.

Blitzer menciona también que el reemplazo de Sandoval en la FECI, Curruchiche, envió un memo instruyendo a todo el personal de esa fiscalía que informaran de cualquier información o investigación acerca de una -supuesta- entrega de efectivo al presidente Giammattei. No menciona, aviesamente, que Sandoval sustrajo el expediente de esa investigación cuando sale de Guatemala y de esa cuenta es que el actual jefe de la FECI pide que se informe sobre la supuesta investigación, pues no obra expediente alguno en la fiscalía debido a la sustracción referida.

Al referirse al denominado “testigo A” la nota no es precisa; omite indicar que su identidad ya ha sido desvelada y se trata de Jorge Baldizón, hijo del expresidenciable Manuel Baldizón quien está purgando prisión en Estados Unidos. Omite -también- decir que Jorge Baldizón ha presentado denuncias contra los fiscales de FECI y Aifán porque la declaración fue extraía bajo coacción y en circunstancias que apuntan a que tanto los fiscales de FECI como Aifán cometieron ilegalidades.

Además, Blitzer tampoco indica que la declaración fue filtrada ilegalmente a medios; si la misma estaba bajo resguardo de la jueza Aifán -como ella misma narra en la nota- se incrimina a sí misma y el hecho es un motivo más para investigar posibles ilegalidades cometidas por ella en su judicatura.

Miente, o yerra nuevamente, al decir que la fiscalía estaba a punto de emitir una orden de captura contra Aifán, en cuanto la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad. En el sistema guatemalteco -como en el estadounidense- no es la fiscalía la que emite y mucho menos ordena capturas, sino es un juzgado; no es un acto arbitrario y unilateral de la fiscalía, sino requiere autorización judicial.

Sin -aparente- razón alguna, consigna equivocadamente que Consuelo Porras envía una carta a la Comisión de Postulación advirtiendo que si investigan el supuesto plagio de su tesis doctoral podrían encara sanciones (sic) administrativas y penales. Eso es falso, pues no se trató de una carta; lo dijo ella misma, de viva voz, en la entrevista que para el efecto de su postulación tuvo ante la Comisión.

Blitzer se equivoca al afirmar que Juan Francisco Sandoval hubiese podido participar como candidato a Fiscal General este año. No es cierto. Para participar en el proceso debe haber tenido 40 años cumplidos y al inicio del proceso no nos tenía. Si bien es cierto que en días recientes (30 de abril) cumplió 40 años, su participación hubiese sido rechazada inicialmente por no tener la edad mínima requerida en aquel momento.

También miente Blitzer cuando dice que un grupo de abogados privados planteó una apelación (sic) ante la Corte de Constitucionalidad para forzar a la Comisión a que incluyese a Porras en la lista. El amparo provisional no dice tal cosa; esa es una mentira que una y otra vez han repetido ciertas personas para instalar una falsa narrativa, pero una simple lectura del amparo provisional otorgado hubiese sido suficiente para dar cuenta de la realidad y no consignar información falsa en la nota.

Como se dijo, la nota de Blitzer alude a supuestos actos y acciones realizadas por Consuelo Porras al frente del Ministerio Público; un reportaje que reúne las mínimas prácticas éticas periodísticas requiere que se busque la versión de los aludidos, sobre todo si se trata de acusaciones de ilegalidades o procedimientos indebidos.

Nos comunicamos vía electrónica con el departamento de comunicación del MP para consultar si Blitzer o alguien de The New Yorker había contactado a Porras o a la institución para corroborar información u obtener reacción de los aludidos y la respuesta fue negativa; jamás contactaron o buscaron el lado de Porras o statement alguno, cayendo así en una práctica periodística antiética y parcial.

Realmente sorprende que una publicación como The New Yorker, sobre todo conociendo que cuentan con un equipo de verificación de información (fact-checkers) haya publicado la nota sin verificación y conteniendo tantas imprecisiones y mentiras, además de no haber buscado declaración de funcionarios aludidos. Parece, muy tristemente, una pieza de campaña de relaciones públicas de los auto exiliados y un “hatchet job” hacia quienes ellos y ellas enderezan sus ataques.