17° GUATEMALA
04/10/2022
Política
Política
Economía
Economía
Finanzas
Finanzas
Emprendimiento
Emprendimiento
Premium
Premium
Vive
Vive
Opinión
Opinión
Migrantes Chapines
Migrantes Chapines
Inmobiliaria
Inmobiliaria

Uncosu, el ente regulador condicionado por cableoperadores y figuras políticas

Ervin Adim Maldonado Molina, miembro de la familia propietaria de la segunda red de cable más grande del país, aprovechó su cargo de diputado al Congreso para obtener información relacionada directamente con su negocio.

Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu), ubicada en la zona 14 de la capital. Foto: Jerson Ramos
Jerson Ramos
21 de septiembre, 2022

La Unidad de Control y Supervisión de Cable (Uncosu) es una entidad pública que depende del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), y fue creada en 1998 por mandato de la Ley Reguladora de Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable, la cual fue aprobada seis años antes, con la intención de contar en el país con una institución encargada de regular el funcionamiento de todas las empresas dedicadas a ese negocio para entonces ya existentes y también a las que pudieran ser establecidas a partir de ese momento.

Su constitución física ocurrió en marzo de 1999. En su sitio web se señala que su objetivo es: 

“...regular (el) uso y operación de estaciones terrenas que capten señales provenientes de satélites y su distribución por medio de cable, logrando enmarcar todo este proceso en el estricto cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Guatemala”.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

Sin embargo, varias sombras rodean las funciones de la Uncosu, debido a que los cableoperadores coinciden en calificar a esta como un órgano al servicio de unos cuantos empresarios.

En ese aspecto, se señala a la familia Maldonado, del suroccidente del país, de tener un amplio interés por controlar no solo la red de distribución de la señal de televisión por cable en la referida región, sino también en mantener de su lado al ente regulador.

Este clan, como se le denomina en diversos círculos, entró al negocio del cable y poco a poco logró ampliar su poder, llegando incluso a tener el beneplácito de autoridades locales y estatales. Finalmente, varios miembros de la familia llegaron a ocupar puestos de alto rango en instituciones públicas.

Para las autoridades del sector de justicia también son conocidos, pues existen varias acciones legales emprendidas en contra de varias empresas de los Maldonado, entre las cuales se señala que transmiten canales de televisión que no están permitidos en el país, así como de violación a los derechos de autor, entre otros hechos.

Ahora, el encargado de mantener a la familia en los círculos del poder político es Vasny Adiel Maldonado Alonzo, diputado al Congreso de la República por el distrito de Suchitepéquez, quien llegó a ese organismo de Estado en las elecciones generales de 2019.

Maldonado Alonzo es miembro de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y tomó posesión de su curul el 14 de enero de 2020.

En la legislatura anterior, que se desarrolló entre el 14 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2020, el representante de la familia en el Congreso, y por lo tanto de los negocios de esta, fue Ervin Adim Maldonado Molina.

Cinco días después de haber asumido como legislador envió una carta al entonces director de la Uncosu, en la cual requirió toda la información relacionada con las sanciones impuestas a los cableoperadores, los nombres de los supervisores y sus áreas de trabajo, y las supervisiones que habían sido efectuadas.

Poder de la familia

Fue en 2008 cuando los Maldonado tuvieron a su primer miembro en el Organismo Legislativo. Antes de eso, se valieron de la relación con autoridades locales para extender sus negocios de cableoperador.

Según los registros, la red de distribución de señal de cable de los Maldonado incluye a 14 empresas que prestan sus servicios en 103 municipios de 17 departamentos del territorio guatemalteco.

La estructura de empresas de los Maldonado se compone por tres núcleos, los cuales se definen así:

  • Familia Maldonado de León: la cual opera en lugares de Retalhuleu, Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez, San Marcos, Santa Rosa y en municipios aledaños a la capital.
  • Familia Méndez Maldonado: con alcance en Guatemala, Suchitepéquez, Quetzaltenango, San Marcos, Santa Rosa y Jutiapa.
  • Yolada Maldonado: cuya red funciona en sitios de Quetzaltenango, Retalhuleu y Totonicapán.

 

Todas las empresas pertenecen por lo menos a uno de los miembros de esta familia.

Entre los puestos de poder que han sido ocupados por algunos integrantes del clan Maldonado se cuenta:

  • Jasiel Maldonado de León, quien se desempeñó como concejal de Mixco entre 2008 y 2012, y fue candidato a diputado por la UNE en 2011.
  • Eri Adim Maldonado de León, diputado de la UNE y posteriormente del ahora desaparecido Partido Libertad Democrática Renovada (Líder), tras la ruptura de la primera organización política, entre 2008 y 2012.
  • Uri Maldonado de León, en 2011 se postuló como candidato a alcalde de Chicacao, en Súchitepéquez, por la coalición formada por los partidos Visión con Valores (VIVA) y el ya desaparecido Encuentro por Guatemala (EG). En las elecciones de 2019 fue beneficiado por los habitantes de ese municipio que votaron por él como alcalde. Compitió en las filas de la UNE.
  • Ervin Adim Maldonado, fue candidato por la UNE en 2011 y en 2015 fue electo como diputado por el partido Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación).
  • Enrique Maldonado de León, se postuló como candidato a diputado por el extinto Partido Patriota (PP) en 2011 y en 2016 fue considerado de manera amplia por el entonces presidente Jimmy Morales para ocupar el cargo de gobernador de Suchitepéquez.
  • Vasny Adiel Maldonado Alonzo, hijo de Uri, es el alfil de la familia en el Congreso de la República, tras ser elegido en 2019 como diputado por el distrito de Suchitepéquez. También es parte de la UNE.

 

También hubo cargos públicos de menor relevancia que fueron ocupados por varios miembros de la familia Maldonado.

Ahora, la familia mantiene sus intereses políticos en tres organizaciones, con miras a participar en las elecciones de 2023. Estos partidos son la UNE, Vamos y Cabal.

Dominio del ente regulador

La Uncosu funciona desde marzo de 1999, y su fin primordial es supervisar, controlar y ordenar a las empresas que prestan el servicio de televisión por cable en Guatemala, según consta en su sitio web.

En esa plataforma digital también se detalla que la entidad:

“A la vez que sirve de intermediario entre los programadores (titulares de las señales y programas) y los opreadores (empresas de televisión por cable)”.

Sin embargo, existen en el MP varias denuncias en las cuales se señala que varias empresas de cableoperdor, incluso de los Maldonado, transmiten señales que no son legales para el territorio nacional.

El logro más grande de la familia fue colocar por lo menos a dos de sus abogados como directores de la Uncosu . Esta figura de autoridad es designada directamente por el titular del CIV, según se establece en el Acuerdo Ministerial 973-98, de fecha 24 de junio de 1998.

Según el artículo 2 de la referida normativa:

“La Uncosu es una dependencia de la planta central de este ministerio, su personal será nombrado por el ministro del ramo y se integrará con un jefe y el personal técnico administrativo estrictamente necesario, quienes tendrán las funciones y atribuciones que el reglamento interno determine”.

De esa cuenta, la familia, que cuenta con la segunda red de transmisión de señal de televisión por cable más grande del país, pudo hacer que sus abogados Selvin Armando Juárez Romero y José Armando Alvarado Miyares ocuparan la dirección del órgano regulador de las empresas que ellos tienen en casi la tercera parte del total de municipios del país.

Juárez Romero ocupó el más alto cargo en la Uncosu en 2016. Se buscó establecer el plazo de sus funciones, pero fue imposible.

Para 2018, Alvarado Miyares ya ocupaba la dirección de esta dependencia. De él, existen declaraciones de cableoperadores en las cuales se indica que el exfuncionario se comunicaba con ellos por la vía telefónica para alertar acerca de operativos de las autoridades, derivados de denuncias presentadas, con el fin de evitar problemas legales. Este a cambio solicitaba otros favores.

En la Revista Análisis de la Realidad Nacional de la Universidad de San Carlos (Usac) de abril a junio de 2020 se encuentra un artículo que se titula: “Covid-19: los desafíos para una economía en recesión”, de Édgar Balsells, en el cual se menciona la salida de Alvarado Miyares del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), por negarse a firmar documentos para la aprobación de programas que servirían para mitigar la emergencia sanitaria.

De esa cuenta, en la nota se lee:

“Alvarado (Miyares) fungió durante el gobierno de Jimmy Morales como director de la Uncosu, la que es de gran controversia hoy en día (en ese entonces), por ser el ente que supervisa la señal de cable, y que se encuentra bajo el asedio de la clase política y de los dueños de las múltiples redes de cable existentes en el país”.

Pero la acción de control sobre el jefe de la Uncosu no es exclusiva de los Maldonado, pues otros cableoperadores vieron en ella una herramienta para beneficiarse. 

A estos casos se suma el de Luis Alberto Muñoz Barrera, quien por 2020 se encontraba al frente del ente regulador de las cableras. Él y su papá, el diputado Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes, de la bancada Humanista, figuran como dueños de empresas de distribución de señal de televisión por cable, según el Registro Mercantil.

Pero ante los señalamientos de la época, que se derivaron de su nombramiento, afirmó que las entidades comerciales en las cuales figuraba su nombre no tenían movimiento, aunque sí se encontraban activas y habilitadas para funcionar.

El gana-gana

Organizaciones de periodistas del país han señalado irregularidades en las que incurren operadores de televisión por cable, al retirar de sus sistemas algunas señales por considerarlas opuestas a sus intereses.

Uno de esos casos involucra a Enrique Maldonado de León, quien en 2015 censuró dos canales de televisión por transmitir mensajes de organizaciones políticas adversas.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) ponen ahora al Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el ente que regula la pauta publicitaria de los partidos políticos en época de elecciones.

Los medios tradicionales de comunicación han evitado participar en las licitaciones que el TSE hace de la pauta electoral, por considerar que se trata de acciones ilegales y que limitan su función social.

En las elecciones de 2019, la pauta de la campaña televisiva fue desarrollada con exclusividad por cableoperadores, lo cual hace que estos negocios y sus dueños tengan mayor acercamiento con candidatos a puestos de elección popular y funcionarios que buscan la reelección en sus cargos. De no haber un cambio en la normativa, esas serían las reglas que funcionarían en las elecciones programadas para 2023.

Además, debido a que los cableoperadores controlan el material audiovisual y el contenido que se difunde por esa vía, insertan de manera ilegal propaganda de los candidatos políticos con los cuales son afines.

Conexión doméstica de señal de televisión por cable. Foto: Jerson Ramos

SÍGUENOS EN
SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER