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Zamora y Solórzano Foppa: ¿víctimas, o delincuentes?

Zamora y Solórzano Foppa durante una audiencia judicial
Alejandro Palmieri
11 de mayo, 2023

José Rubén Zamora Marroquín fue capturado el 29 de julio de 2022 por los delitos de lavado de dinero y otros activos, chantaje, tráfico de influencias y proposición y conspiración para el lavado de dinero, aunque después sería descartado este último delito.  Desde ese mismo día, familiares, allegados y oenegés nacionales e internacionales, sin conocer siquiera los posibles méritos del caso, dijeron que se trataba de persecución política y que se estaba atacando la libertad de expresión.

También se capturó a la gerente financiera de elPeriódico, Flora Silva y de la fiscal Samari Gómez.  También se ordenó la captura de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la FECI.  El caso nace de una denuncia de Ronald García Navarijo; según este, Zamora le habría pedido lavar 300 mil quetzales en efectivo introduciéndolos al sistema bancario a través de cuentas que García Navarijo controlaba.  

Zamora pasó por varios abogados que fueron abandonando su defensa técnica, para terminar con Juan Francisco Solórzano Foppa, quien también renunció al verse envuelto en un caso relacionado que ahora lo tiene en prisión preventiva.

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El asunto principal, es decir, el origen de los 300 mil quetzales que Zamora le pide lavar a García Navarijo, ha intentado ser explicado de distintas formas por el sindicado.  Originalmente argumentó que se trataba de donaciones de “gente prestigiosa” pero que no podía revelar sus nombres sin el consentimiento de aquellos. 

Posteriormente, argumentó que el dinero provenía de pago por adelantado de pauta en elPeriódico, sin embargo, esta versión fue descartada por la gerente administrativa Flora Silva, pues ese dinero no figuraba en los balances de la entidad.

Finalmente, la defensa de Zamora, a cargo de Juan Francisco Solórzano Foppa, argumentó que se trataba del pago por la venta de una obra de arte.  Solórzano Foppa se encuentra guardando prisión preventiva acusado de obstrucción de justicia luego de que se conociera que la operación fue simulada (el propio Solórzano Foppa lo reconoció en audiencia).

Cronología del proceso

A continuación, una sucinta cronología del caso en contra de Zamora y, más recientemente, en contra Solórzano Foppa:

 

  • 29 de julio de 2022: Captura de José Rubén Zamora, Samari Gómez.
  • 3 de agosto de 2022: Audiencia de primera declaración de Zamora y Flora Silva.  La defensa técnica de Zamora estuvo a cargo de Christian Ulate, quien después de esta, renuncia a la defensa de Zamora.
  • El 19 de agosto, la gerente financiera de elPeriódico, Flora Silva, fue capturada, acusada del delito de conspiración para el lavado de dinero y otros activos.
  • La defensa es tomada por Mario Castañeda y Romeo Montoya, pero estos son acusados por el MP de obstrucción de justicia; ambos aceptan los cargos y son condenados mediante procedimiento abreviado.
  • El 8 de diciembre, Flora Silva fue sentenciada mediante procedimiento abreviado, habiendo aceptado el cargo, a una pena que queda rebajada a tres años de prisión con suspensión condicional de la ejecución de la pena por dos años y reparación digna a favor del Estado de Guatemala a través de la #PGN por un monto de Q30 mil quetzales.
  • En febrero de 2023, Mario Estuardo Castañeda, exabogado de Zamora, es sentenciado mediante procedimiento abreviado, habiendo aceptado el cargo de conspiración para obstrucción de la justicia.
  • En abril de 2023, el también exabogado de Zamora, Romeo Montoya, es sentenciado mediante procedimiento abreviado, habiendo aceptado el cargo de conspiración para obstrucción de la justicia.
  • el 20 de abril de 2023 es capturado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien desde octubre de 2022 había tomado la defensa de Zamora, para renunciar a la misma en marzo de 2023.  Cuando ejerció la defensa de Zamora, Solórzano Foppa expresó en una audiencia que sí se había simulado la compra de un cuadro para justificar la procedencia de los 300 mil quetzales en efectivo, pero que ello no constituía delito.
  • Derivado de lo anterior (de la simulación de compraventa de un cuadro), en la audiencia de etapa intermedia del proceso en contra de Zamora, el juez Séptimo de Primera Instancia Penal certificó lo conducente en contra de los abogados Juan Solorzano Foppa, Justino Brito Torrez, y en contra de Alejandro Girón Lainfiesta y Orlando Alejandro Álvarez Zamora.
  • El 2 de mayo de 2023 inicia el debate oral y público en contra de José Rubén Zamora, para el cual la parte acusadora propuso 13 peritos y/o testigos, 19 pruebas periciales, 128 medios de prueba documentales y 30 medios de prueba material, entre otros.  
  • Ya iniciado el debate, fue capturado José Carlos Marroquín, primo de Zamora, ya que pendía una orden de aprehensión en su contra por el delito de obstaculización de la acción penal; el MP lo señaló de participar en la simulación de la compraventa del cuadro que Zamora y su defensa han querido usar como justificación del origen de los 300 mil quetzales relacionados al caso.  
  • Luego de suspenderse en dos ocasiones su primera declaración, cuando esta se llevó a cabo, José Carlos Marroquín se acogió al régimen de aceptación de cargos y fue condenado a un año y medio de prisión, conmutables a razón de 10 quetzales diarios, además de las penas accesorias de pedir perdón públicamente e inhabilitación por 5 años para poder ejercer cargo público.
  • La defensa de Zamora fue tomada por los abogados Ricardo Sergio Sheiner y Patricia Guillermo de Chea luego de la renuncia de Justino Brito y Juan Francisco Solórzano Foppa, sin embargo, Ricardo Sheiner renunció casi al inicio aduciendo problemas de salud.
  • Luego de finalizar la audiencia del 11 de mayo del debate, Zamora Marroquín declaró ante el tribunal que cortaba la relación con la abogada Guillermo de Chea, despidiéndola, aunque la continuará ejerciendo -la defensa técnica- hasta que Zamora tenga un nuevo defensor.
  • Por ahora, Zamora no cuenta con defensa técnica, por lo que no presentar nuevos defensores, el tribunal pedirá a la Defensa Pública Penal que asigne un defensor de oficio.

 

Si bien el debate no ha concluido, se puede hacer un “corte de caja” de las incidencias hasta ahora, con base en los hechos y sucesos arriba enumerados:

José Rubén Zamora Marroquín ha denunciado desde hace años que gobernantes de turno y/o funcionarios poderosos le persiguen por razón de su trabajo periodístico y las investigaciones que se han publicado en los medios que ha dirigido y, si bien es probable que así haya sido en más de una ocasión, nunca había enfrentado una acusación como la presente.  Ésta, a diferencia de otras anteriores, nace de una denuncia presentada por uno de los partícipes en la presunta comisión del delito, Ronald García Navarijo.

García Navarijo fue acusado por la FECI -en tiempos de Juan Francisco Sandoval- y por la CICIG de Iván Velásquez.  Era pues, un “corrupto” usando los parámetros que el propio Zamora aplicó a decenas de otros acusados por FECI de aquellos días y por CICIG.  Aunque casi ninguno había sido -incluso ahora- condenado en sentencia firme por casos de corrupción, elPeriódico y Zamora se encargaban de señalarlos púbicamente como corruptos.  Si García Navarijo era “corrupto” bajo aquellos estándares ¿qué hacía Zamora relacionándose, incluso financieramente, con un corrupto como García Navarijo?  De los audios que han sido presentados en el debate, se colige que su relación era estrecha.  

La tesis del MP, sustentada en la declaración de García Navarijo, los audios incorporados como prueba, las declaraciones de exabogados de Zamora -y su aceptación de los delitos imputados- y la de la exgerente financiera de elPeriódico apuntan a que, efectivamente, el origen de los 300 mil quetzales que Zamora le pide a García Navarijo introducir al sistema bancario y devolverle un cheque, es ilícito

A ello contribuye -con contundencia- que la versión que el propio Zamora y sus varios abogados a lo largo del proceso, ha cambiado varias veces.  De ser unas donaciones de “gente exitosa” (que nunca han aparecido), pasó a ser supuesto pago de pauta anticipada que no solo nunca ha sido reclamada, sino que no aparece en la contabilidad de la entidad.  En algún momento -aunque no en el juicio, sino en declaraciones ante la prensa- Zamora dijo que era un préstamo personal, pero eso tampoco ha sido determinado.

La última versión, la de que es el pago por la supuesta compraventa de una pintura que se pretendió documentar con un contrato privado, fue la que propició la captura de Brito y Solórzano Foppa, como la de Juan Carlos Marroquín.  También se llamó a declarar por ese hecho a Alejandro Girón Lainfiesta, el supuesto comprador. 

Juan Carlos Marroquín y Alejandro Girón Lainfiesta ya aceptaron su responsabilidad y culpabilidad en la elaboración del documento privado que pretendía simular la compraventa y por ello ya han sido sentenciados.  Por esta simulación es que está siendo procesados Brito y Solórzano Foppa, los exabogados de Zamora que ayudaron a consumar este hecho.

¿Victimización o verdad?

Si bien José Rubén Zamora Marroquín y Juan Francisco Solórzano Foppa no han sido vencidos en juicio, todas -o casi todas- las otras personas que participaron en los hechos por los cuales aquellos son procesados ya han aceptado su culpabilidad.

Todo apunta a que Zamora recibía dinero de fuentes ilícitas y que para tratar de bancarizarlo recurre a un banquero acusado por la -antigua- FECI y por la CICIG; al ser descubierto, varios de sus abogados, así como una empleada de elPeriódico, y también un primo hermano realizan actos para tratar de darle apariencia lícita al dinero que Zamora dio en efectivo a García Navarijo.

Cuando menos este caso -difícil analizar o comentar otros casos que no hay llegado a juicio- no se trata de un ataque a la libertad de expresión, como lo han querido vender Zamora y los suyos.  Este caso, que ya tiene a varios condenados habiendo aceptado su responsabilidad, es un caso de lavado de dinero, tráfico de influencias, obstrucción de justicia y otros delitos.  

Zamora Marroquín finalmente enfrenta la justicia por actos que cometió.  Corresponde a tres jueces determinar si se logra comprobar su culpabilidad.