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Permanencia voluntaria

María Dolores Arias
04 de julio, 2017

A finales del siglo pasado, por allá de los setentas y ochentas, las grandes salas de cine tenían el atractivo de permitir a los clientes quedarse en la sala para la siguiente función. Así quienes habían llegado tarde podían ver el inicio y si era muy buena la cinta podían disfrutarla nuevamente; a eso se llamaba permanencia voluntaria.

Los constantes motines en las cárceles y correccionales del país parecen indicar que quienes están ahí recluidos, lo están porque así lo quieren, es decir por permanencia voluntaria. El viernes pasado hubo un motín en el Centro Preventivo para Varones de la zona 18 con un saldo de dos fallecidos y varios heridos.

Ayer, una vez más, hubo un motín en el Centro Juvenil de Detención Provisional conocido como Las Gaviotas. Según los reportes de la policía, dos jóvenes amanecieron colgados con sábanas en un sector donde se ubica la pandilla Barrio 18 dentro de la correccional y en el transcurso de la mañana varios jóvenes se amotinaron e intentaron escapar por los techos de los inmuebles aledaños.

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Durante el motín, los jóvenes alegaron malos tratos, hacinamiento, mala calidad en la comida, reducción en el tiempo de las visitas familiares y mayor tiempo para visitas conyugales. Esta situación puso nuevamente de manifiesto la precariedad en las condiciones tanto del sistema penitenciario como el que maneja la Secretaría de Bienestar Social en el caso de los adolescentes.

El problema de los jóvenes delincuentes que cometen delitos penales tiene varias aristas a considerar por un lado está el hecho de que la ley de Protección Integral de la Niñez, Pina, hace apetecibles a estos jóvenes para cometer delitos ya que son inimputables hasta los trece años y las sanciones van acorde a su edad y no a la gravedad de los delitos.

Según esta ley, los jóvenes entre trece y quince años sólo pueden ser sancionados hasta con dos años mientras que de quince a dieciocho años la pena máxima es de seis años. No importa la gravedad del delito mientras sean menores de edad las sanciones tendrán el máximo establecido y deberán cumplir su sentencia dentro del programa de privación de libertad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia aun cuando sean mayores de edad.

Otro aspecto a considerar es el hacinamiento, la capacidad de estas correccionales han sido ampliamente sobrepasadas, lo que ocasiona que no haya una adecuada clasificación de la población. Esto hace que jóvenes que pertenecen a pandillas estén mezclados con aquellos que no pertenecen a ningún grupo delictivo, además la separación por edades es casi que imposible por la falta de espacio. Por lo que los mayores de edad conviven con los más jóvenes y los reincidentes con los infractores primarios.

La educación, reinserción y resocialización de estos jóvenes es casi que imposible ya que aunque existan jóvenes que deseen reformar su historial y reintegrarse a la sociedad, el hacinamiento les hace convivir con los más violentos.

La falta de inversión en infraestructura en el sistema penitenciario y de correccionales es otro de los problemas que se han venido arrastrando desde gobiernos anteriores y que parece continuará relegado en este gobierno. Bien haría el gobierno en enfocar sus recursos en mejorar el sistema, desarrollar infraestructura y habilitar más juzgados.

Otra arista que debemos considerar es la interacción entre la Policía Nacional Civil, PNC, el Ministerio Público, MP y la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH que a raíz de la captura de elementos de la PNC acusados de abuso de autoridad en un anterior motín, se muestran cautelosos a la hora de actuar para evitar ser enjuiciados.

El correcto entendimiento de los derechos humanos, así como el contexto en el que actúa la PNC en estas situaciones deberá ser analizado y comprendido por estas instituciones a fin de no llegar al absurdo de que la PNC no pueda actuar acorde a su mandato por temor a ser demandados.

Mientras el gobierno no se enfoque en la seguridad y la justicia, mientras no elimine las trabas a la inversión, a la creación de empleo; las cárceles y las correccionales serán, al parecer, como en los cines, de permanencia voluntaria.

@Md30
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo

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