Si algo pavimenta el camino a
la destrucción de las sociedades es el posicionamiento de los grupos de extremistas
que han conducido a la violencia criminal que ha golpeado a los pueblos a lo
largo de la historia. Pero además, esa
división de los ciudadanos fortalece los abusos del poder que irrespeta la ley.

En ese sentido, se ha
generalizado de manera peyorativa el concepto de “sociedad civil” etiquetando a
toda organización no gubernamental con una etiqueta ideológica y radical que no
es correcta. La realidad es que hay
múltiples asociaciones en el país con distintas corrientes de pensamiento y
variados objetivos en sus actividades.

Es importante tener en mente
que en el contexto de la ciencia política
se entiende como sociedad civil “a todos aquellos individuos con el título de
ciudadanos de una sociedad determinada que actúan de manera colectiva, con el
objetivo de tomar decisiones en lo concerniente al ámbito público, por fuera de
cualquier tipo de estructura gubernamental.*

El destape del momento en
nuestro país nuevamente ha motivado una polarización incomprensible para el
objetivo que se persigue: El estricto cumplimiento de los principios del Estado
contenidos en la Constitución Política de la República, dirigidos a la
protección de la persona en un régimen democrático y republicano. El incumplimiento continuado a sus normas ha
producido el hartazgo que alcanzó a muchos ciudadanos en momentos en que el
descaro ha llegado al límite.

Ciertamente lo que colmó la
paciencia, fue la abierta distribución de magistraturas entre los Partidos
Patriota y Líder, para favorecer una mayoría que les garantizara los fallos y
sentencias, que a futuro se apegaran a los intereses de sus
“patrocinadores” eludiendo con ello el peso de la ley.

Resulta que ante la evidente
“sobada de cara” que ha sufrido la población en general, colmada en su vocación
comprensiva y flexible, hoy ha dicho un “hasta aquí”, que quizás llega con
retraso, pero peor es que nunca se manifieste.

El objeto de estos
manipuladores es asegurar que en el ejercicio de la judicatura los magistrados
electos actuarán incondicionalmente en favor de quienes los apadrinaron. Se
trata de maniobras tan elásticas que aniquilan el hilo conductor establecido en
el contexto de la ley en su conjunto y particularmente en la Constitución
Política de la República lo que no es honesto ni cumple con las expectativas
ciudadanas.

Con ello se dio un manotazo a
la separación entre los poderes del Estado y a la independencia judicial ya que
ambos actores (diputados del partido Patriota y Líder) se impusieron en el voto
del Congreso. De allí que el rechazo a
semejante vulneración sea más que legítimo; es impostergable.

Pero a la vez, no tienen igual
validez los reclamos contra el proceso reciente, si la batalla no está basada
estrictamente en los principios contenidos en la Constitución y en las
Convenciones y Tratados internacionales suscritos y ratificadas por Guatemala,
como es la independencia judicial.

Lo que sorprende es que se haya
desatado una ola de agresión contra los denunciantes que como lo hizo la
Magistrada Escobar, se han atrevido a señalar puntualmente las ilegalidades de
funcionarios como es el caso del diputado Rivera. Se les cuestiona, les agrede y se les acusa por
no haber actuado de manera inmediata; pero cabe preguntar cuánto antes? Quién toma una decisión tan delicada sin
ponderar sus consecuencias? Y qué es actuar?
Quién de ellos ha procedido a velocidad de rayo a exponer públicamente
los intentos de soborno o las amenazas?

Son muchos y variados los
intentos que se han hecho en busca de corregir las acciones perversas que
progresivamente contaminaban las instituciones y son muchas las propuestas de
reformas a la ley que precisamente buscaban evitar el precipicio que se veía
venir pero que fueron engavetadas por un Congreso que no responde a su función
principal: legislar de manera responsable teniendo como objetivo el beneficio
de toda la población. Pero son excepcionales las denuncias
concretas, aun cuando se cuenta con pruebas contundentes.

Es mucho lo que se ha señalado
en medios de comunicación, inclusive información de hechos concretos, pero
también se han escuchado declaraciones de funcionarios públicos que reflejan
ilegalidades. En esos casos el
Ministerio Público ha hecho caso omiso desde años atrás, eludiendo su
obligación de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y por
ende investigar de oficio las denuncias documentadas públicamente. Eso sí, un ente que ciertamente con el apoyo
de la fiscalía de la CICIG se activa en perseguir los casos de “alto impacto”, pero
que mantiene la inoperancia en otros ejes, mientras sigue creciendo la
impunidad que deja al ciudadano común a merced de los criminales.

Finalmente, sustentar
posiciones en un juego de interpretaciones sacadas de contexto para
descalificar al “enemigo”. Cuando la resistencia a los abusos del poder se
centra en el respeto a la ley no caben las divergencias por razones ideológicas
ni preferencias personales.

*”http://www.definicionabc.com/social/sociedad-civil.php#ixzz3Ftd6ctcJ