Guatemala vive la peor crisis de su historia reciente. La abortada elección de magistrados de Salas y Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sacado a relucir los males de un sistema disfuncional.
Primero, porque evidencia el divorcio entre los fines nominales y el funcionamiento del Estado. La justicia y la independencia judicial son meras aspiraciones dado el carácter patrimonial del sistema. Por el contrario, las resoluciones judiciales no son más que la otorgación de beneficios para actores particulares y una fuente de negocio para el estamento de juristas.
Segundo, porque persiste ese conflicto entre legalidad y gobernabilidad. El proceso de elección parece haber cumplido con los requisitos procedimentales. No obstante, los resultados dejaron un sabor amargo debido a la operación de actores externos a la postuladora y la repartición de las magistraturas entre Patriota y Líder.
Tercero, porque ante la debilidad del sistema, surge la necesidad de un árbitro de última instancia cuya función sea el mantenimiento de la gobernabilidad, y no la resolución del brete jurídico. Ese es el papel de la Corte de Constitucionalidad (CC). La suspensión más que reencauzar el proceso realmente ha sido una válvula de escape ante la escalada de la crisis política.
Con estas condiciones, se vislumbran cuatro escenarios:
La distensión. La suspensión sirve para reducir la tensión política. En el país de la amnesia, y en vísperas de las celebraciones de fin de año, la CC confirmaría en seis semanas la elección de magistrados. Las molestias estarían a la orden del día. Pero superado el maremoto generado por Claudia Escobar, el movimiento de rechazo a la elección perdería energía y unidad granítica.
El gato-pardo. Respondiendo a las demandas de sociedad civil la CC ordena repetir la elección. No obstante, sin una modificación a las reglas del juego, se replica la dinámica del proceso: influencias externas sobre la postuladora y pactos legislativos. Bajo estas condiciones, el resultado de la ‘nueva’ elección no distaría del actual. Es decir, era necesario cambiar para que todo siguiera igual.
La construcción de consensos. Los actores políticamente relevantes reconocen que las falencias son de legitimidad y no de legalidad, por lo que más que buscar la repetición de la elección, se promueve una reforma constitucional para el sector justicia. No obstante, la cercanía de las elecciones y la desconfianza entre élites parece hacer muy improbable el tránsito por esta ruta.
La crisis institucional. Como es propio de Guatebolas, no han faltado los rumores sobre alternativas extra-legales. Que el Congreso procedería a dar posesión a los magistrados electos a pesar de la suspensión del proceso; o que los magistrados la CSJ dimitirían con el fin de acelerar la juramentación de los electos. Estas y otras rutas que se mencionan en corridos de palacio, implicarían un conflicto entre poderes públicos o desacato de resoluciones judiciales, llevando al sistema a una atmósfera de Pre-Golpe.
Guatemala vive la peor crisis de su historia reciente. La abortada elección de magistrados de Salas y Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sacado a relucir los males de un sistema disfuncional.
Primero, porque evidencia el divorcio entre los fines nominales y el funcionamiento del Estado. La justicia y la independencia judicial son meras aspiraciones dado el carácter patrimonial del sistema. Por el contrario, las resoluciones judiciales no son más que la otorgación de beneficios para actores particulares y una fuente de negocio para el estamento de juristas.
Segundo, porque persiste ese conflicto entre legalidad y gobernabilidad. El proceso de elección parece haber cumplido con los requisitos procedimentales. No obstante, los resultados dejaron un sabor amargo debido a la operación de actores externos a la postuladora y la repartición de las magistraturas entre Patriota y Líder.
Tercero, porque ante la debilidad del sistema, surge la necesidad de un árbitro de última instancia cuya función sea el mantenimiento de la gobernabilidad, y no la resolución del brete jurídico. Ese es el papel de la Corte de Constitucionalidad (CC). La suspensión más que reencauzar el proceso realmente ha sido una válvula de escape ante la escalada de la crisis política.
Con estas condiciones, se vislumbran cuatro escenarios:
La distensión. La suspensión sirve para reducir la tensión política. En el país de la amnesia, y en vísperas de las celebraciones de fin de año, la CC confirmaría en seis semanas la elección de magistrados. Las molestias estarían a la orden del día. Pero superado el maremoto generado por Claudia Escobar, el movimiento de rechazo a la elección perdería energía y unidad granítica.
El gato-pardo. Respondiendo a las demandas de sociedad civil la CC ordena repetir la elección. No obstante, sin una modificación a las reglas del juego, se replica la dinámica del proceso: influencias externas sobre la postuladora y pactos legislativos. Bajo estas condiciones, el resultado de la ‘nueva’ elección no distaría del actual. Es decir, era necesario cambiar para que todo siguiera igual.
La construcción de consensos. Los actores políticamente relevantes reconocen que las falencias son de legitimidad y no de legalidad, por lo que más que buscar la repetición de la elección, se promueve una reforma constitucional para el sector justicia. No obstante, la cercanía de las elecciones y la desconfianza entre élites parece hacer muy improbable el tránsito por esta ruta.
La crisis institucional. Como es propio de Guatebolas, no han faltado los rumores sobre alternativas extra-legales. Que el Congreso procedería a dar posesión a los magistrados electos a pesar de la suspensión del proceso; o que los magistrados la CSJ dimitirían con el fin de acelerar la juramentación de los electos. Estas y otras rutas que se mencionan en corridos de palacio, implicarían un conflicto entre poderes públicos o desacato de resoluciones judiciales, llevando al sistema a una atmósfera de Pre-Golpe.