A pesar del amplio consenso existente acerca del papel de la inversión privada en el proceso de desarrollo, todavía existen grupos radicales capaces de recurrir a cualquier tipo de medida con tal de evitar que nuevos proyectos lleguen a concretarse. El irrespeto a los derechos básicos de las personas es el mayor desincentivo para cualquier inversionista. Un Estado ausente, tímido, cobarde o cómplice agrava más la situación; la falta de certeza jurídica sobre los derechos de propiedad eleva los riesgos de los proyectos a niveles intolerables. Una situación que hace crisis en sectores en donde la naturaleza de los negocios necesita de amplios períodos de recuperación del capital. Más todavía cuando el tamaño de los proyectos rebasa la capacidad financiera local y se necesita de capitales foráneos que son particularmente sensibles a este tipo de riesgos y que, sobre todo, tienen múltiples opciones alternativas en donde colocar sus recursos.

Aducir que los intereses de las comunidades supuestamente afectadas son más importantes que el interés general, en materia de mayores oportunidades económicas para todos, es un argumento falaz. Sin mayores niveles de inversión y crecimiento perdemos todos, incluso quienes creen que el camino debería ser la redistribución. Provocar temores infundados sobre los proyectos de inversión es una estrategia efectiva para quienes se oponen al desarrollo, para quienes obtienen ganancias perpetuando la pobreza y para quienes viven de la ayuda internacional orientada a reducir la pobreza. Crear malestar social en torno a los proyectos de inversión crea un ambiente social poco propicio y conducente para la normal operación de proyectos productivos, eleva los costos de operación y añade una gama de riesgos innecesarios para los inversionistas.

Por si esto fuera poco, a este incierto clima de inversión es necesario añadir también el contubernio de autoridades locales con grupos radicales que se especializan con hacer la vida imposible a los inversionistas. Lo cual es común que provoque que los inversionistas terminen siendo rehenes de gobiernos locales, COCODES y ONG´s con sesgos políticos; la corrupción se convierte en un chantaje sin fin, hasta los más simples permisos y autorizaciones se convierten en fuente de chantaje de autoridades locales hacia los inversionistas. Si a esto se le suman los elevados niveles de burocracia, corrupción y sobrerregulación en algunos sectores económicos, inversiones que debieran ser totalmente factibles, capaces de generar empleo, impuestos y bienestar entre las comunidades nunca llegan a materializarse. Al final, el costo lo pagamos todos. La animadversión en contra de proyectos mineros, hidroeléctricos y de infraestructura tiene un costo muy importante para el país en términos de oportunidades de crecimiento económico perdidas.