La elección de los magistrados a la Corte
Suprema de Justicia de nuestro país estuvo llena de polémica y tensión al punto
que diversos actores han impugnado dicha elección ante la Corte de
Constitucionalidad.

Los magistrados electos han sido
señalados como aliados a ciertos grupos de interés y se asegura que la
designación de estos sujetos como magistrados viola la ley de la carrera
judicial y lo establecido en la Constitución.
Se dice que viola las normas pues no designa personas idóneas e
independientes como naturalmente debe ser, denuncian estos actores.

Creo que el asunto es sumamente
complicado. Yo desconozco la trayectoria
y reputación de los magistrados electos y en consecuencia me abstengo de opinar
sobre su idoneidad, capacidad u honradez. No se puede opinar de quien no se
conoce.

Respecto de la situación propongo hacer
una lectura alrededor de dos asuntos: los amparos y la prolongación de
funciones de los actuales magistrados de la corte suprema de justicia.

Lamentablemente los amparos interpuestos
no son de público acceso y no me ha sido posible hacer un estudio detallado de
los mismos. Sin embargo, sea cual sea
nuestra postura sobre la elección efectuada, se debe ser muy cuidadoso sobre
las peticiones que se hagan al tribunal constitucional.

Lo que no queda claro aun, en mi
concepto, son los motivos puntuales por los cuales la elección debe ser
anulada. Con esto me refiero a cuáles
son los momentos y las acciones puntuales que dieron lugar a la violación que
denuncian. Esto es importantísimo por
dos razones: determinar hasta qué punto se debe retrotraer la elección y para
deducir responsabilidades ulteriores.

Recordemos que el amparo es por
naturaleza un sumarísimo mecanismo para restituir derechos cuando éstos se
violan de manera inminente. De ninguna
manera es un juicio de conocimiento donde se dilucidan con detenimiento hechos
de fondo. Por el contrario su
orientación está circunscrita a la restitución de los derechos inminentemente
violados de forma inmediata.

Si en realidad queremos defender el
estado de derecho deberíamos preocuparnos más allá del amparo. Deberíamos preocuparnos por deducir
responsabilidades contra quienes durante la elección hayan incurrido en un
delito por haber viciado el proceso en caso de que en realidad haya sido así.

El otro aspecto es más delicado. Recordemos que ostentar la magistratura de la
Corte Suprema de Justicia significa estar investido de un cargo del más alto
rango de un organismo del Estado. Si
consentimos hoy la prolongación de funciones de los magistrados estamos
sentando un precedente potencialmente peligroso. Algún día un jefe de Estado podría tomar ese
precedente como base para prolongar sus funciones y eso es un asunto peligroso.