En Nicaragua la Bancada Partido Liberal Independiente (“BAPLI”), con el respaldo del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, ha propuesto una iniciativa que busca regular el precio de 8 productos básicos. Los productos que estarían sujetos a regulación, según la iniciativa son: el arroz, el frijol, el azúcar, el aceite, el queso, la leche, el huevo y el pollo. La intención de los políticos del BAPLI y del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor es buena, todos queremos que los productos básicos sean accesibles para la mayoría de la población. Sin embargo, realizando un análisis más profundo de las consecuencias de los controles de precios podemos concluir que este objetivo no se cumple, ya que el gobierno tiene el poder de imponer precios topes pero no tienen el poder de garantizar la accesibilidad de esos productos a la población. Es más, esta iniciativa no solo no cumple con los objetivos, sino que causa daño a los sectores más vulnerables de la población, el sector que los políticos más quieren beneficiar. La razón fundamental del fracaso de la iniciativa es financiera, no ideológica, ya que empresarios, grandes y pequeños, no venderán productos si eso implica perder dinero en cada transacción.
El gobierno no es productor o distribuidor de productos de consumo. Empresas privadas, grandes y pequeñas, y usualmente especializadas en un solo sector son las que producen y luego distribuyen los productos y los venden en el mercado. Los consumidores compran dichos productos en tiendas o supermercados que venden una gran variedad de productos, incluyendo los productos de la canasta básica. Cada producto tiene su propia cadena de suministro, muchas veces con distribuidores especializados en un tipo de producto y otras veces con distribuidores generales, también pueden existir mayoristas y sub-distribuidores, dependiendo del producto y de la región del país. Se deben llevar a cabo una gran cantidad de actividades para que los productos lleguen a su destino final y puedan ser comprados por los consumidores, y la única razón que toda esa gente está dispuesta a trabajar es porque existe una ganancia para ellos. Y esa ganancia tiene su origen en la compra del producto final, es el consumidor el que financia toda esa cadena. ¿Pero que pasa si el gobierno impone un precio tope, publicando una tabla que implica que los productos deben reducir su precio en 30%?
Lo que pasaría es lo siguiente: los que venden a los consumidores, los supermercados y tiendas, le dirán a sus proveedores que solo comprarán producto si ellos logran conseguir el producto 30% más barato, a su vez los que le venden a las tiendas le dirán a los mayoristas que necesitan el producto 30% más barato y los mayoristas le dirán a los productores lo mismo. En la mayoría de sectores habrán productores más eficientes que otros, usualmente los grandes productores tendrán una ventaja en precio, debido a economías de escala, pero los pequeños productores tienen la ventaja de flexibilidad y tal vez ofrecen un servicio más personalizado o pueden ofrecer mejor calidad. Sin embargo, con el precio tope lo único que importa es precio, por lo que existirán productores que decidirán dejar de producir, ya que no pueden producir al precio que están pidiendo los mayoristas y no tiene ningún sentido producir para perder dinero. Y así, con un plumazo del congreso, la actividad económica se ajustará a las nuevas reglas, la producción de los productos reducirá, llevando a que el precio de lista sea bajo, pero habrá escasez de producto. La primera reacción a esto es el proceso de colas, en donde solo la gente que llegue temprano a los puntos de venta tendrá acceso al producto, pero también se puede originar un mercado paralelo, en donde los vendedores guardan producto para su clientela más afluente y venden el producto más caro pero al margen de la ley.
Claramente los políticos en Nicaragua no quieren escasez de productos y la pérdida de trabajos que existirá debido a la reducción en la producción y distribución de bienes, sin embargo esto es precisamente lo que tendrán si exigen en controlar los precios. Si el objetivo es reducir los precios de los productos de consumo, lo primero que los políticos deben hacer es eliminar las barreras al comercio, varios artículos de la canasta básica tienen restricciones a la importación lo cual resulta en precios más caros para los consumidores. Estas restricciones al comercio sirven para beneficiar a un grupo limitado de empresas locales, pero perjudican al resto de la población, especialmente a los más vulnerables. Al eliminar las restricciones al comercio bajarían los precios y habría más abundancia de producto, más bien, los precios bajarían porque los artículos serían más abundantes.
En Nicaragua la Bancada Partido Liberal Independiente (“BAPLI”), con el respaldo del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor, ha propuesto una iniciativa que busca regular el precio de 8 productos básicos. Los productos que estarían sujetos a regulación, según la iniciativa son: el arroz, el frijol, el azúcar, el aceite, el queso, la leche, el huevo y el pollo. La intención de los políticos del BAPLI y del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor es buena, todos queremos que los productos básicos sean accesibles para la mayoría de la población. Sin embargo, realizando un análisis más profundo de las consecuencias de los controles de precios podemos concluir que este objetivo no se cumple, ya que el gobierno tiene el poder de imponer precios topes pero no tienen el poder de garantizar la accesibilidad de esos productos a la población. Es más, esta iniciativa no solo no cumple con los objetivos, sino que causa daño a los sectores más vulnerables de la población, el sector que los políticos más quieren beneficiar. La razón fundamental del fracaso de la iniciativa es financiera, no ideológica, ya que empresarios, grandes y pequeños, no venderán productos si eso implica perder dinero en cada transacción.
El gobierno no es productor o distribuidor de productos de consumo. Empresas privadas, grandes y pequeñas, y usualmente especializadas en un solo sector son las que producen y luego distribuyen los productos y los venden en el mercado. Los consumidores compran dichos productos en tiendas o supermercados que venden una gran variedad de productos, incluyendo los productos de la canasta básica. Cada producto tiene su propia cadena de suministro, muchas veces con distribuidores especializados en un tipo de producto y otras veces con distribuidores generales, también pueden existir mayoristas y sub-distribuidores, dependiendo del producto y de la región del país. Se deben llevar a cabo una gran cantidad de actividades para que los productos lleguen a su destino final y puedan ser comprados por los consumidores, y la única razón que toda esa gente está dispuesta a trabajar es porque existe una ganancia para ellos. Y esa ganancia tiene su origen en la compra del producto final, es el consumidor el que financia toda esa cadena. ¿Pero que pasa si el gobierno impone un precio tope, publicando una tabla que implica que los productos deben reducir su precio en 30%?
Lo que pasaría es lo siguiente: los que venden a los consumidores, los supermercados y tiendas, le dirán a sus proveedores que solo comprarán producto si ellos logran conseguir el producto 30% más barato, a su vez los que le venden a las tiendas le dirán a los mayoristas que necesitan el producto 30% más barato y los mayoristas le dirán a los productores lo mismo. En la mayoría de sectores habrán productores más eficientes que otros, usualmente los grandes productores tendrán una ventaja en precio, debido a economías de escala, pero los pequeños productores tienen la ventaja de flexibilidad y tal vez ofrecen un servicio más personalizado o pueden ofrecer mejor calidad. Sin embargo, con el precio tope lo único que importa es precio, por lo que existirán productores que decidirán dejar de producir, ya que no pueden producir al precio que están pidiendo los mayoristas y no tiene ningún sentido producir para perder dinero. Y así, con un plumazo del congreso, la actividad económica se ajustará a las nuevas reglas, la producción de los productos reducirá, llevando a que el precio de lista sea bajo, pero habrá escasez de producto. La primera reacción a esto es el proceso de colas, en donde solo la gente que llegue temprano a los puntos de venta tendrá acceso al producto, pero también se puede originar un mercado paralelo, en donde los vendedores guardan producto para su clientela más afluente y venden el producto más caro pero al margen de la ley.
Claramente los políticos en Nicaragua no quieren escasez de productos y la pérdida de trabajos que existirá debido a la reducción en la producción y distribución de bienes, sin embargo esto es precisamente lo que tendrán si exigen en controlar los precios. Si el objetivo es reducir los precios de los productos de consumo, lo primero que los políticos deben hacer es eliminar las barreras al comercio, varios artículos de la canasta básica tienen restricciones a la importación lo cual resulta en precios más caros para los consumidores. Estas restricciones al comercio sirven para beneficiar a un grupo limitado de empresas locales, pero perjudican al resto de la población, especialmente a los más vulnerables. Al eliminar las restricciones al comercio bajarían los precios y habría más abundancia de producto, más bien, los precios bajarían porque los artículos serían más abundantes.