Debo confesar con toda sinceridad que el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) con respecto al proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA) me ha dejado en un estado entre la alegría y la decepción.
Empecemos por la decepción. Confiaba yo en que la CC habría de emitir un fallo histórico, obligando a repetir la elección de todos los magistrados, a raíz de los escandalosos cabildeos y de la intromisión de poderes oscuros en las estructuras, ya dañadas, de nuestra justicia. Sin embargo, escuchando al presidente del tribunal constitucional, Roberto Molina Barreto, entiendo la visión de la Corte y los términos de su sentencia. Se trata de preservar el orden, de mantener la institucionalidad, aunque ello implique que no se quede bien con todos. Entiendo que al poner en duda el proceso de elección de magistrados de este 2014, se estaría poniendo en duda también los procesos anteriores, en los que se actuó exactamente de la misma manera, aunque en vez de trascender por grabaciones telefónicas, las negociaciones se hacían en la discreción de habitaciones de hoteles, como descaradamente confesó la vicepresidenta Baldetti. Y esto no es poco, pues se estaría poniendo en duda el actuar de los jueces en miles de sentencias y otras actuaciones judiciales, y esto, queridos lectores, equivale a minar los cimientos de nuestro Estado de Derecho, pues buenos o malos, responsables o irresponsables, los diputados que han elegido a los administradores de justicia con base a listados elaborados de acuerdo a lo que establece la ley de la materia, son nuestros representantes. Concuerdo con Molina Barreto en que el asunto no pasa por calificar la actuación política de un cuerpo político, sino en modificar los procedimientos establecidos por una ley que ha quedado manifiesta, es defectuosa.
Estoy de acuerdo con la sentencia de la CC cuando afirma que la fuente de inconformidad de los amparistas es el actuar de las Comisiones de Postulación, sus procedimientos y calificaciones de los candidatos, pero no el actuar del Congreso, que se limita a elegir de una nómina ya depurada. Lo que sucede es que todos estamos tan asqueados de las actuaciones de los diputados que rechazamos automáticamente todo lo que hacen. Y debo decir que tenemos razón, sin embargo, la justicia debe ser objetiva, y creo que la CC, al tratar de preservar el orden constitucional, ha actuado en una forma prudente y responsable.
Sigo aplaudiendo la valentía de la jueza Escobar. Sigo creyendo que los procedimientos actuales dejan a nuestro Estado en total vulnerabilidad de ser cooptado por el crimen organizado. Sigo creyendo que es lamentable que la CSJ haya rechazado la solicitud de antejuicio en contra del vergonzoso diputado Godofredo Rivera, pese a haber sido “pescado” en abierta flagrancia. Me sigue preocupando que tan sólo el 3% de los delitos lleguen a juicios con sentencia dictada. Me sigue preocupando que en Guatemala, por lo tanto impere la impunidad, con un escandaloso 97% de ineficiencia y corrupción.
La alegría, me la deja la noticia que mi querido amigo Gabo, ese compañero de facultad desde el primer año de estudios, va a poder asumir su bien merecida magistratura. Su toma de posesión me alegra desde dos dimensiones: la primera personal, de ver a un amigo triunfar en su vida profesional, a la que ha dedicado tantos esfuerzos, y la segunda, como guatemalteco, al ver que un abogado honrado, una persona íntegra, un padre y esposo ejemplar, y un acucioso estudioso del derecho asuma un papel en la administración de justicia. Gabriel es la garantía de que el Estado aunque lastimado, sigue funcionando gracias a los buenos funcionarios. Gabriel es la garantía de que, a pesar que muchos magistrados lleguen a sus puestos cuestionados por obedecer a ciertos intereses, hay al menos uno de los 126 magistrados titulares en el que se puede confiar, va a administrar justicia con responsabilidad y objetividad. ¡Felicitaciones Gabo!
Debo confesar con toda sinceridad que el fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) con respecto al proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones (CA) me ha dejado en un estado entre la alegría y la decepción.
Empecemos por la decepción. Confiaba yo en que la CC habría de emitir un fallo histórico, obligando a repetir la elección de todos los magistrados, a raíz de los escandalosos cabildeos y de la intromisión de poderes oscuros en las estructuras, ya dañadas, de nuestra justicia. Sin embargo, escuchando al presidente del tribunal constitucional, Roberto Molina Barreto, entiendo la visión de la Corte y los términos de su sentencia. Se trata de preservar el orden, de mantener la institucionalidad, aunque ello implique que no se quede bien con todos. Entiendo que al poner en duda el proceso de elección de magistrados de este 2014, se estaría poniendo en duda también los procesos anteriores, en los que se actuó exactamente de la misma manera, aunque en vez de trascender por grabaciones telefónicas, las negociaciones se hacían en la discreción de habitaciones de hoteles, como descaradamente confesó la vicepresidenta Baldetti. Y esto no es poco, pues se estaría poniendo en duda el actuar de los jueces en miles de sentencias y otras actuaciones judiciales, y esto, queridos lectores, equivale a minar los cimientos de nuestro Estado de Derecho, pues buenos o malos, responsables o irresponsables, los diputados que han elegido a los administradores de justicia con base a listados elaborados de acuerdo a lo que establece la ley de la materia, son nuestros representantes. Concuerdo con Molina Barreto en que el asunto no pasa por calificar la actuación política de un cuerpo político, sino en modificar los procedimientos establecidos por una ley que ha quedado manifiesta, es defectuosa.
Estoy de acuerdo con la sentencia de la CC cuando afirma que la fuente de inconformidad de los amparistas es el actuar de las Comisiones de Postulación, sus procedimientos y calificaciones de los candidatos, pero no el actuar del Congreso, que se limita a elegir de una nómina ya depurada. Lo que sucede es que todos estamos tan asqueados de las actuaciones de los diputados que rechazamos automáticamente todo lo que hacen. Y debo decir que tenemos razón, sin embargo, la justicia debe ser objetiva, y creo que la CC, al tratar de preservar el orden constitucional, ha actuado en una forma prudente y responsable.
Sigo aplaudiendo la valentía de la jueza Escobar. Sigo creyendo que los procedimientos actuales dejan a nuestro Estado en total vulnerabilidad de ser cooptado por el crimen organizado. Sigo creyendo que es lamentable que la CSJ haya rechazado la solicitud de antejuicio en contra del vergonzoso diputado Godofredo Rivera, pese a haber sido “pescado” en abierta flagrancia. Me sigue preocupando que tan sólo el 3% de los delitos lleguen a juicios con sentencia dictada. Me sigue preocupando que en Guatemala, por lo tanto impere la impunidad, con un escandaloso 97% de ineficiencia y corrupción.
La alegría, me la deja la noticia que mi querido amigo Gabo, ese compañero de facultad desde el primer año de estudios, va a poder asumir su bien merecida magistratura. Su toma de posesión me alegra desde dos dimensiones: la primera personal, de ver a un amigo triunfar en su vida profesional, a la que ha dedicado tantos esfuerzos, y la segunda, como guatemalteco, al ver que un abogado honrado, una persona íntegra, un padre y esposo ejemplar, y un acucioso estudioso del derecho asuma un papel en la administración de justicia. Gabriel es la garantía de que el Estado aunque lastimado, sigue funcionando gracias a los buenos funcionarios. Gabriel es la garantía de que, a pesar que muchos magistrados lleguen a sus puestos cuestionados por obedecer a ciertos intereses, hay al menos uno de los 126 magistrados titulares en el que se puede confiar, va a administrar justicia con responsabilidad y objetividad. ¡Felicitaciones Gabo!