De forma resumida
decimos que hay dos formas por las que un Estado consigue recursos. Una de
ellas es mediante impuestos, es decir, extracción de riquezas presentes al sector
privado; y la otra es la deuda pública, o, lo que es lo mismo, extracción de
riquezas futuras al sector privado. Las alternativas se reducen a impuestos
presentes o impuestos futuros.

Existen dos formas
de poner en circulación la deuda pública. La primera de ellas es una subasta
pública: acreedores privados comprarán los títulos con la confianza de que
serán repagados a su vencimiento. A pesar de que socialmente la deuda pública
es un fraude, de forma individual los inversores siguen las mismas pautas que
para invertir que en deuda privada, esto es, honorabilidad del deudor y
capacidad de pago del mismo. En cuanto cualquiera de las dos empieza a tener
dudas, el crédito empieza a ser restringido y el tipo de interés exigido
aumenta por el mayor riesgo que asumen los acreedores.

La segunda es mediante
la monetización. Esto es, la autoridad monetaria – generalmente un banco central
– compra los títulos de deuda pública y en contraprestación crea nuevos medios
de pago que entregará al Estado. En otras palabras: compra la deuda pública con
moneda de nueva creación, por lo que aumenta la cantidad de dinero en la
economía en la misma medida que se vende deuda pública al Banco Central.

La razón de
utilizar este complicado método estriba en el grado de inconsciencia de los
usuarios de la moneda sobre cuál es la verdadera naturaleza del proceso
mencionado. En realidad, lo que ocurre es que el Estado, incapaz de vender toda
su deuda pública a un interés razonable en el mercado, hace uso del mecanismo
monetario para convertir, de forma subrepticia, en acreedores suyos a la
población usuaria de la moneda. El usuario de la moneda en relación con la deuda
pública tiene dos opciones: comprar o no comprar. Pero, si no compra, se le
hace de forma indirecta y escondida partícipe de una deuda pública que nunca
quiso comprar. La monetización de deuda pública no respeta las decisiones de
los ciudadanos con respecto a qué hacer con su dinero.

La principal
diferencia, en términos económicos, entre los dos métodos es la presencia de
inflación en el caso de las monetizaciones. En el primer caso, el dinero de los
acreedores es utilizado directamente por las administraciones públicas. Aumenta
la demanda que el Estado hace de recursos y en la misma medida disminuye la
demanda que sus acreedores hacen de recursos. En el segundo caso, el Estado
crea nuevas disponibilidades, es decir, nueva moneda con el fin de atraer
nuevos recursos. La nueva demanda estatal de recursos se une a la de los
agentes privados que no han reducido sus demandas, no han dejado de consumir o
invertir para que el Estado lo haga. La nueva moneda así creada tendrá un
efecto inflacionista.

La causa última de
la inflación son los Estados, que, viéndose siempre cortos de tesorería,
proceden a emitir deuda pública y a comprarla ellos mismos mediante el poder
que les concede su monopolio de emisión de moneda.