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Liberalicemos la participación ciudadana

Redacción
26 de febrero, 2014

Existe un sentimiento cada vez mayor respecto a que la institucionalidad del país ha pasado a ser una apariencia, es decir, algo que existe según lo describen los conceptos normativos de las leyes del país, pero que realmente nuestras instituciones no tienen efectividad plena en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Me refiero a la institucionalidad del país en el sentido de los órganos principales del Estado, los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como aquellos otros órganos del Estado: la Contraloría General de Cuentas, Fiscal General, Procurador General de la Nación, entre otros. 
¿Cómo cambiar esta situación? ¿Guatemala atraviesa por un Problema de personas o de Instituciones? 
Creo que es difícil responder a estas preguntas, dado que si bien la experiencia nos ha demostrado que solo los países que apuestan por las instituciones han logrado prosperidad, son las personas las que hacen que dichas instituciones cumplan con sus objetivos. 
A mi parecer Guatemala hoy tiene un problema de instituciones, debemos apostar por fortalecerlas especialmente las que permiten la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada; y también debemos pensar en suprimir o reducir aquellas otras entidades o funciones estatales, que son descritas en el marco de la institucionalidad del país, en aspectos que ponen obstáculos a la vida, a la libertad o a la propiedad privada. 
Sin embargo, son las personas que ocupan cargos públicos de alta dirección los que tienen la capacidad de decidir sobre la implementación de esos cambios. Por lo que necesariamente volvemos al replanteamiento de nuestras interrogantes, como un circulo vicioso entre sí, ¿estamos ante un problema de personas o de instituciones?
Para empezar a resolver estas interrogante, necesariamente debemos de revisar cuales son los privilegios que actualmente ostentan los partidos políticos (los cuales se han convertido en nuestro país en meros vehículos electorales que nacen, crecen, llevan a sus candidatos a altos puestos de dirección en el Gobierno y luego mueren), pues hoy en día sólo a través de un partido político puede alguien postularse a ser Diputado o Presidente en nuestro país. 
A diferencia de los cargos municipales en donde sí se permite que un comité cívico postule a candidatos para una alcaldía, quizá ayudaría en algo que un comité cívico pudiera proponer candidatos a Diputados o a Presidente de nuestro país. De suceder eso, un ciudadano que no esté dispuesto a entrar a las reglas del juego propias de los partidos políticos existentes o que no comparta con ellos sus ideologías, podría postularse a cargos de alta dirección en Guatemala sin necesidad de formar parte de un partido político. 
¿Acaso cualquiera podría ser Presidente o Diputado? 
Si, efectivamente cualquiera que cumpla con los requisitos constitucionales para optar al cargo, los cuales ya existen; y cualquiera que no pase por los filtros que hoy los partidos políticos utilizan para postular a sus candidatos a Diputados o Presidente. 
¿Se ha preguntado usted alguna vez cuáles son esos filtros que aplican los partidos políticos hoy en día para seleccionar a sus candidatos de elección popular, entre ellos sus candidatos a Diputados o Presidente? Si nos vamos a un análisis de resultados quizá concluyamos que en la mayoría de los casos esos filtros no necesariamente premian la capacidad, la probidad, el trabajo, etcétera. 
Quitar privilegios a los Partidos Políticos para postular candidatos a Diputados o Presidente de la República, sujetándolo a ciertos requisitos razonables de representatividad, fortalecería en Guatemala el derecho a ser electo. 
Si queremos tener mayores y mejores opciones para elegir y con ello buscar alternativas concretas para resolver el problema institucional en nuestro país la revisión de la legislación en materia electoral y de partidos políticos es ineludible, pero bajo una óptica de quitar privilegios a los partidos políticos y liberalizar la participación ciudadana.
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