11 de marzo, 2014
Desde que la Comisión de Postulación a magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió el listado de aspirantes al Congreso de la República, los diputados han hecho lo que mejor saben hacer: paralizar los procesos. Lejos quedaron aquellas reuniones abiertas públicamente, los exámenes y las evaluaciones técnicas de los aspirantes. ¿De qué sirvieron? Muchos aspirantes quedaron frustrados porque la política les cobró la factura por criterios particulares de quienes dicen representar al pueblo de Guatemala, en lugar de calificar el perfil de acuerdo a la idoneidad, la trayectoria académica y logros profesionales, entre otros.
La lista que circula desde la semana pasada en los pasillos del Congreso con los supuestos diez aspirantes a Magistrados evidencia el pulso en el que se encuentra el proceso actualmente. Esa lista cuenta con personalidades muy variadas. Tenemos desde personalidades que conocen el proceso electoral desde sus entrañas, como el actual Director Electoral del TSE, Julio Solorzano; y otros que nunca han ejercido ningún cargo que les permita afirmar que conocen del desarrollo de procesos electorales, complejos en sí mismos. Es decir, ¡llegarán a aprender haciendo (o deshaciendo, según se quiera ver)!
Lo que hay detrás de todo esto vulnera la institucionalidad porque es evidente que el criterio IDONEIDAD es rebasado por el criterio INTERÉS particular.
Lo que hay detrás de todo esto vulnera la institucionalidad porque es evidente que el criterio IDONEIDAD es rebasado por el criterio INTERÉS particular.
Lo más preocupante es que las elecciones que se celebrarán en el 2015 empiezan a configurar un escenario complejo, que requerirá de contar con una institucionalidad suficientemente fuerte para sortear los obstáculos que pudieran surgir de un proceso donde los candidatos pelearán con todo para ganar. Ya hoy podemos visualizar el tipo de candidatos que se perfilan para las siguientes elecciones. Tenemos aquellos que trascienden por el plagio de material de otros; otros que se aprovechan de su cargo para hacer campaña con recursos públicos; muchos que dicen hacer campaña de afiliación cuando están en abierta (e ilegal) campaña electoral; y varios que ya realizan “comidas” de presentación de propuestas. Mientras tanto, en el Congreso, un transfugismo para cooptar aquellos partidos que aseguren la reelección.
Ese panorama, poco alentador, puede cambiarse aún. Desde nuestro espacio podemos incidir: debemos exigir que quienes ocupen cargos públicos renuncien o se abstengan de hacer “campaña”; debemos tachar moralmente a quienes roben la propiedad intelectual de otros; no debemos votar por aquellos que irrespeten la ley al hacer campaña anticipada; y sobre todo, debemos ser conscientes de la importancia del voto individual (sino veamos lo que ocurrió en El Salvador).
Como se ve el panorama, la institucionalidad electoral que hoy no termina de conformarse en el Congreso es clave en todo esto. Por eso debemos estar alertas ante las negociaciones de acuerdo a intereses particulares, en detrimento del fortalecimiento del TSE.
Preguntas clave que deberían responder los aspirantes a magistrado: ¿Qué opinión le merece el anteproyecto de reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos? ¿Qué hará de ser declarada inconstitucional esa iniciativa previo al proceso electoral del 2015? ¿Cómo lidiará con los partidos políticos que hacen campaña anticipada? ¿Desarrollará las capacidades de monitoreo del financiamiento de los partidos políticos? No he escuchado a ningún aspirante pronunciarse sobre, al menos, esos puntos. ¿De acuerdo a qué criterios se les elegirá entonces por los diputados?
11 de marzo, 2014
Desde que la Comisión de Postulación a magistrados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) remitió el listado de aspirantes al Congreso de la República, los diputados han hecho lo que mejor saben hacer: paralizar los procesos. Lejos quedaron aquellas reuniones abiertas públicamente, los exámenes y las evaluaciones técnicas de los aspirantes. ¿De qué sirvieron? Muchos aspirantes quedaron frustrados porque la política les cobró la factura por criterios particulares de quienes dicen representar al pueblo de Guatemala, en lugar de calificar el perfil de acuerdo a la idoneidad, la trayectoria académica y logros profesionales, entre otros.
La lista que circula desde la semana pasada en los pasillos del Congreso con los supuestos diez aspirantes a Magistrados evidencia el pulso en el que se encuentra el proceso actualmente. Esa lista cuenta con personalidades muy variadas. Tenemos desde personalidades que conocen el proceso electoral desde sus entrañas, como el actual Director Electoral del TSE, Julio Solorzano; y otros que nunca han ejercido ningún cargo que les permita afirmar que conocen del desarrollo de procesos electorales, complejos en sí mismos. Es decir, ¡llegarán a aprender haciendo (o deshaciendo, según se quiera ver)!
Lo que hay detrás de todo esto vulnera la institucionalidad porque es evidente que el criterio IDONEIDAD es rebasado por el criterio INTERÉS particular.
Lo que hay detrás de todo esto vulnera la institucionalidad porque es evidente que el criterio IDONEIDAD es rebasado por el criterio INTERÉS particular.
Lo más preocupante es que las elecciones que se celebrarán en el 2015 empiezan a configurar un escenario complejo, que requerirá de contar con una institucionalidad suficientemente fuerte para sortear los obstáculos que pudieran surgir de un proceso donde los candidatos pelearán con todo para ganar. Ya hoy podemos visualizar el tipo de candidatos que se perfilan para las siguientes elecciones. Tenemos aquellos que trascienden por el plagio de material de otros; otros que se aprovechan de su cargo para hacer campaña con recursos públicos; muchos que dicen hacer campaña de afiliación cuando están en abierta (e ilegal) campaña electoral; y varios que ya realizan “comidas” de presentación de propuestas. Mientras tanto, en el Congreso, un transfugismo para cooptar aquellos partidos que aseguren la reelección.
Ese panorama, poco alentador, puede cambiarse aún. Desde nuestro espacio podemos incidir: debemos exigir que quienes ocupen cargos públicos renuncien o se abstengan de hacer “campaña”; debemos tachar moralmente a quienes roben la propiedad intelectual de otros; no debemos votar por aquellos que irrespeten la ley al hacer campaña anticipada; y sobre todo, debemos ser conscientes de la importancia del voto individual (sino veamos lo que ocurrió en El Salvador).
Como se ve el panorama, la institucionalidad electoral que hoy no termina de conformarse en el Congreso es clave en todo esto. Por eso debemos estar alertas ante las negociaciones de acuerdo a intereses particulares, en detrimento del fortalecimiento del TSE.
Preguntas clave que deberían responder los aspirantes a magistrado: ¿Qué opinión le merece el anteproyecto de reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos? ¿Qué hará de ser declarada inconstitucional esa iniciativa previo al proceso electoral del 2015? ¿Cómo lidiará con los partidos políticos que hacen campaña anticipada? ¿Desarrollará las capacidades de monitoreo del financiamiento de los partidos políticos? No he escuchado a ningún aspirante pronunciarse sobre, al menos, esos puntos. ¿De acuerdo a qué criterios se les elegirá entonces por los diputados?