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¿Cómo salir de la captura?

Redacción
13 de marzo, 2014

Cuando en un país como el nuestro, vemos altos niveles de impunidad y constantes señalamientos de opacidad en el manejo de los recursos públicos y en la toma de decisiones; cuando también vemos que dichos actos no redundan en investigaciones serias o sanciones, especialmente en aquellos casos en los que se infringe la ley o se dan enriquecimientos ilícitos con fondos públicos; entonces resulta lógico que nos preguntemos si no estamos ante un Estado capturado por intereses particulares, en donde como un círculo vicioso el sistema progresivamente se desfigura en favor de los que transgreden la ley, y a la vez, es más difícil prosperar para los que quieren cumplir con la ley. 

Diversos autores han escrito sobre la captura del Estado, la que algunos han definido de la siguiente manera:

‘la captura del Estado (CdE), se ha concebido usualmente como una forma de corrupción a gran escala que debilita la estructura económica de un país porque distorsiona la formulación de leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones. Cuando la formulación de leyes y regulaciones tiene el propósito de favorecer intereses que contradicen el bienestar general, se generan fuertes distorsiones culturales, sociales y económicas…’ 

¿Cómo salir de una situación tan complicada? Es posible entonces, ante un escenario como el planteado con anterioridad,  ir construyendo una República?

Es posible que en nuestro país pueda existir un GOBIERNO EN DONDE IMPERE LA IGUALDAD ANTE LA LEY, en donde nadie sea superior a la ley, y estén sujetos a ella gobernantes y gobernados?

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Ante un problema complejo, quizá no exista una solución simple y única, sino más bien una serie de medidas, que vayan abriendo un espacio para que impere la ley y la institucionalidad, que pareciera ser una mera ilusión para ciertos casos, y empiece a ser más efectiva.

Quizás deban tomarse medidas de DESREGULACIÓN Y REGULACIÓN LEGAL, en aspecto puntuales, en forma simultánea. 

En cuanto a la DESREGULACION, cabe mencionar que muchas veces el exceso de regulaciones es sinónimo de potencial ventaja o privilegio para algunos en contra de otro, si tenemos normas jurídicas neutras (generales, abstractas e impersonales), la posibilidad de repartir ventajas es bastante menor. Además, la desregulación en aquellos aspectos en los cuales el Estado interviene en el mercado, con meros fines redistributivos, no son mas que escenarios propicios para la ineficiencia, sino también, para la discrecionalidad y para la opacidad en detrimento, muchas veces, de la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos. 
Respecto a la regulación en aspectos puntuales, por ejemplo, establecer límites a los gastos de funcionamiento del Estado para priorizar gastos de inversión, así como establecer límites al gasto público sujeto a la disponibilidad de fondos para incurrir en los mismos. En materia electoral y de partidos políticos (tanto en el fortalecimiento del derecho a ser electo), quitando algunos privilegios a los partidos políticos y ampliando el campo de acción de los comités cívicos, así como transparentar el financiamiento de partidos políticos, comités cívicos o cualquier campañas que afecte intereses públicos. 
Puede avanzarse mucho también en regulaciones que permitan, en forma obligatoria, una mejor fiscalización de los ciudadanos en forma directa sobre el desempeño de los funcionarios y autoridades, mejorando el acceso de la información pública mediante mecanismos fáciles y eficientes, y no menos importante la regulación de los conflictos de interés para los empleados, funcionarios públicos, autoridades y cualquier persona con capacidad de tomas de decisiones para elegir a funcionarios del Estado como pueden ser los representantes ante las comisiones de postulación.

Por dónde empezar, seguramente por tomar conciencia del problema. 

Debemos ser más críticos y preguntarnos si el Estado no se ha vuelto un instrumento que funciona, cada vez más, en favor de los que pagan las campañas electorales, o cualquier campaña para puestos de toma de decisiones. Vale la pena también preguntarnos, ¿quiénes son los que pagan esas campañas?

No sería bueno acaso, luego de tomar conciencia del problema, ¿empezar por transparentar todos esos procesos de financiamiento a campañas y regular los conflictos de interés que surjan de ellos?

¿Cómo salir de la captura?

Redacción
13 de marzo, 2014

Cuando en un país como el nuestro, vemos altos niveles de impunidad y constantes señalamientos de opacidad en el manejo de los recursos públicos y en la toma de decisiones; cuando también vemos que dichos actos no redundan en investigaciones serias o sanciones, especialmente en aquellos casos en los que se infringe la ley o se dan enriquecimientos ilícitos con fondos públicos; entonces resulta lógico que nos preguntemos si no estamos ante un Estado capturado por intereses particulares, en donde como un círculo vicioso el sistema progresivamente se desfigura en favor de los que transgreden la ley, y a la vez, es más difícil prosperar para los que quieren cumplir con la ley. 

Diversos autores han escrito sobre la captura del Estado, la que algunos han definido de la siguiente manera:

‘la captura del Estado (CdE), se ha concebido usualmente como una forma de corrupción a gran escala que debilita la estructura económica de un país porque distorsiona la formulación de leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones. Cuando la formulación de leyes y regulaciones tiene el propósito de favorecer intereses que contradicen el bienestar general, se generan fuertes distorsiones culturales, sociales y económicas…’ 

¿Cómo salir de una situación tan complicada? Es posible entonces, ante un escenario como el planteado con anterioridad,  ir construyendo una República?

Es posible que en nuestro país pueda existir un GOBIERNO EN DONDE IMPERE LA IGUALDAD ANTE LA LEY, en donde nadie sea superior a la ley, y estén sujetos a ella gobernantes y gobernados?

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Ante un problema complejo, quizá no exista una solución simple y única, sino más bien una serie de medidas, que vayan abriendo un espacio para que impere la ley y la institucionalidad, que pareciera ser una mera ilusión para ciertos casos, y empiece a ser más efectiva.

Quizás deban tomarse medidas de DESREGULACIÓN Y REGULACIÓN LEGAL, en aspecto puntuales, en forma simultánea. 

En cuanto a la DESREGULACION, cabe mencionar que muchas veces el exceso de regulaciones es sinónimo de potencial ventaja o privilegio para algunos en contra de otro, si tenemos normas jurídicas neutras (generales, abstractas e impersonales), la posibilidad de repartir ventajas es bastante menor. Además, la desregulación en aquellos aspectos en los cuales el Estado interviene en el mercado, con meros fines redistributivos, no son mas que escenarios propicios para la ineficiencia, sino también, para la discrecionalidad y para la opacidad en detrimento, muchas veces, de la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos. 
Respecto a la regulación en aspectos puntuales, por ejemplo, establecer límites a los gastos de funcionamiento del Estado para priorizar gastos de inversión, así como establecer límites al gasto público sujeto a la disponibilidad de fondos para incurrir en los mismos. En materia electoral y de partidos políticos (tanto en el fortalecimiento del derecho a ser electo), quitando algunos privilegios a los partidos políticos y ampliando el campo de acción de los comités cívicos, así como transparentar el financiamiento de partidos políticos, comités cívicos o cualquier campañas que afecte intereses públicos. 
Puede avanzarse mucho también en regulaciones que permitan, en forma obligatoria, una mejor fiscalización de los ciudadanos en forma directa sobre el desempeño de los funcionarios y autoridades, mejorando el acceso de la información pública mediante mecanismos fáciles y eficientes, y no menos importante la regulación de los conflictos de interés para los empleados, funcionarios públicos, autoridades y cualquier persona con capacidad de tomas de decisiones para elegir a funcionarios del Estado como pueden ser los representantes ante las comisiones de postulación.

Por dónde empezar, seguramente por tomar conciencia del problema. 

Debemos ser más críticos y preguntarnos si el Estado no se ha vuelto un instrumento que funciona, cada vez más, en favor de los que pagan las campañas electorales, o cualquier campaña para puestos de toma de decisiones. Vale la pena también preguntarnos, ¿quiénes son los que pagan esas campañas?

No sería bueno acaso, luego de tomar conciencia del problema, ¿empezar por transparentar todos esos procesos de financiamiento a campañas y regular los conflictos de interés que surjan de ellos?