El génesis de esta juramentación se remonta a principios de año en la también juramentación de la comisión de postulación encargada de entregar al Congreso una lista de cuarenta candidatos a magistrados del TSE de donde saldrían los diez magistrados (cinco titulares y cinco suplentes). En esta ocasión recibieron más de un centenar de solicitudes de candidatos, quienes fueron depurados y evaluados mediante requisitos y tablas de punteo. 

Una vez entregada la nómina de candidatos, correspondió a los diputados del Congreso votar por quienes integrarían el TSE. Es aquí donde el proceso se enturbia aún más: si durante la calificación de la comisión de postulación hay ciertas dudas de la transparencia del proceso durante la elección en el Congreso existe la certeza de componendas, negociaciones y reparto de puestos entre las bancadas más fuertes y sus aliados. Es aquí donde no importa la calificación obtenida ni la experiencia, sino más bien “la afinidad” con los cabecillas de los partidos políticos. 

En mi opinión esta es una de las más grandes debilidades de este proceso, ya que se presta para las negociaciones y componendas entre los diferentes partidos en el Congreso. Si la comisión de postulación ha hecho una tarea concienzuda respecto a la depuración, el análisis y punteo de las cualidades de los candidatos para entregar a los cuarenta mejores, ¿por qué entonces no se hace un sorteo para elegir a los mismos? 

Mediante un sorteo, en el entendido que el mismo sería transparente con reglas claras y fáciles de seguir, se evitarían las negociaciones por debajo de la mesa, la compra de lealtades y cualquier otro intercambio de favores. Al fin y al cabo llegaron a esta nómina los mejores, con capacidades suficientes para dirigir el TSE. Piénselo, las soluciones sencillas son poco o nada agradables para los políticos. Les encanta tener el poder discrecional, cuando no arbitrario, para obtener beneficios de las decisiones que toman. 

Mientras tanto quienes ya suspiran por decir “lo juro”, tendrán retos por demás importantes y complicados para resolver. El primero las campañas anticipadas que se han vuelto algo cotidiano y poco si no es que nada se ha podido hacer para evitarlas. ¿Sería una solución aumentar las multas? Lo dudo mucho, al final el negocio del llegar al poder es tan sustancioso que las multas (por cierto risibles) sólo son un costo del proceso. Menuda tarea la de aplicar la Ley y contener a una jauría con la presa enfrente. 

El segundo reto será la realización de las elecciones el próximo año con todo lo que esto implica: convocatoria, inscripción de candidatos solventes (al menos según la Contraloría), actualizar el padrón electoral tomando en cuenta los problemas del DPI para muchos y además definir qué documento se utilizará en las elecciones; esto sólo en cuanto a logística previa. Además deberán asegurarse de la limpieza del proceso eleccionario garantizando así el cambio legítimo del poder. 

Y el tercer reto será la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual ha dejado mucho que desear, respondiendo sólo a los intereses corto plazistas de los gobernantes y los grupos de presión, limitando la competencia a los partidos, estableciendo cuotas a ciertos sectores y censurando el acceso a la información durante las elecciones, por mencionar algunos. 

Los magistrados al TSE tendrán la oportunidad de actuar apegados a Derecho o responder a los intereses de sus patrocinadores sin importar lo que haya que hacer para quedar bien con ellos. 

@Md30