Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

El millonario apestoso negocio de la Plaza Baktún 13 en el areopuerto

Redacción
28 de marzo, 2014

El domingo pasado, mi programa Informe Especial con Sylvia Gereda, que se transmite en Canal Antigua, dio la primicia de lo que se presagiaba como otro de los oscuros negocios de corrupción en la Administración de Otto Pérez Molina.
Todo arranca el 2 de enero de 2014, días después del año nuevo cuando el piloto aviador Jairo Alberto Samayoa, interventor de la DGAC firmó un contrato por 15 años con Ciro Enrique Ordoñez Levy, propietario de la empresa Acero y Concreto por el arrendamiento de 2,800 metros adyacentes a la terminal la Aurora para la construcción de la Sala 13 Baktun,  por Q10,976, mensuales a razón de Q3.92 por metro cuadrado. 

De acuerdo con la presentación oficial de la Sala Baktun 13, es un proyecto que busca mejorar la comodidad, confort y seguridad de personas que esperan el arribo de vuelos al país. Se ubica en el ala sur de la terminal y albergará áreas de servicios de orden público, rentas de automóviles, restaurantes, farmacias, agencias de viajes, fajas de recepción de maletas, cafés, y hasta una barbería. Y funcionara las 24 horas del día, los 365 días del año. El costo para las empresas interesadas es de entre US$60 mil y US$70 como derecho de reserva y una renta mensual de Q3,000.00.  
A pesar de que esta Plaza se pinta como un proyecto noble y bondadoso, el contrato que pronto se firmara con Ciro Enrique Ordoñez Levy y su empresa ha despertado suspicacias. Primero porque no se licitó el proyecto y tampoco los terminos del contrato están del todo claros. Para algunos es un contrato que atenta contra los intereses del país y una muestra de  corrupción.
Una muestra de las irregularidades en lo actuado por DGAC es la tarifa de Q3.92 por metro cuadrado, que es Q 97 inferior al costo por metro cuadrado que establece el Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado en su artículo 5. 
Nuestra investigación estableció que, Ciro Enrique Ordoñez Levy, propietario de Acero y Concreto, empresa con la cual fue suscrito el contrato con la DGAC, es también representante legal de la empresa Arriola Ingenieros Contratistas S.A. (Arrinco).
En 2001, la Fiscalía contra la corrupción descubrió que, Walter Silvino Herrera Orozco, fue representante de esta misma empresa Arrinco y un actor clave para desenmarañar la red delictiva donde se encontraban los militares vinculados a Alfonso Portillo y su Estado Mayor Presidencial, los hermanos Jacobo, Josué Vinicio y Arturo Salán Sánchez. En la colonia de San Lázaro, zona 15, se ubican seis viviendas valoradas en Q12.5 millones. Estas viviendas pertenecen a la empresa Arriola Ingenieros Contratistas S. A. representada por Herrera Orozco, uno de los individuos implicados en la estafa de Q248 millones contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Otro nexo entre Arrinco y los hermanos Salán fue el que se estableció con la cuenta bancaria número 81-03-096570 del Bancafé, a nombre de Arrinco. Allí la firma de Arturo Salán, hermano de Jacobo que hoy se encuentra capturado sindicado de malversación de fondos, figura como una de las autorizadas para girar cheques. 
De acuerdo con el Registro Mercantil, en los expedientes 239–2002 y 33793–2002 Walter Silvino Herrera Orozco fue registrado como gerente general de la Entidad Arrriola Ingenieros Contratistas S.A. en el año 2002. Luego el expediente 22131–2012 da cuenta que Ciro Enrique Ordoñez Levy fue nombrado como gerente general en sustitución de Herrera Orozco. Las investigaciones de la fiscalía contra la corrupción determinaron que Arrinco fue parte de una red de empresas que se crearon con el fin de sustraer fondos del Estado y que habría sido ideada por Gustavo Adolfo Herrera, a quien se le ha sindicado de ser el operador político de la Vice Presidenta Roxana Baldetti, y en el año 2003 Arrinco fue contratada para urbanizar una de las fincas que Gustavo Herrera Castillo vendió de manera sobrevalorada al IGSS.
Según Rafael Rojas, fiscal del MP, Arrinco recibió Q24 millones por el trabajo de urbanización, el cual no realizó y los fondos no fueron devueltos al IGSS. Dos de los hermanos Salan fueron sentenciados acusados de lavado de dinero. 
Lo inexplicable del caso es que, a pesar de las sindicaciones en contra de empresas que han sido vinculadas con desfalcos millonarios a entidades del Estado, la DGAC ha aprobado la suscripción de un contrato de arrendamiento a Ciro Enrique Ordoñez Levy para construir y administrar la plaza 13 Baktun; así como subarrendar los locales comerciales durante los próximos 15 años en la Terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora. 
Tres días después de que el programa salió al aire, la Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti se comunicó con mi persona para comunicarme que tras analizar la denuncia, se inició una investigación junto con el Presidente Otto Pérez Molina donde se dictaminó que todos los datos vertidos en el programa son correctos, que existen anomalías en esta contratación y contratos entregados de manera ilícita que podrían causar pérdidas millonarias al Estado de Guatemala.
La Vicepresidenta nos admitió que en este contrato anómalo, los empresarios podrían estar ganando más de US$50 millones mientras que el Estado sólo percibiría poco más de US$1 millón de utilidades. 
Baldetti ofreció rescindir y anular inmediatamente este contrato, declarándolo lesivo para los intereses del país. También ofreció, en los próximos días, enviarnos los contratos rescindidos. 
Reconocemos el esfuerzo de este Gobierno al haber dado marcha atrás en este negocio que amenazaba a los intereses del Estado, pero sobre todo, este caso demuestra la importancia de que ciudadanía continuemos alzando nuestra voz y denunciando. 
Twitter sgereda 
Facebook Sylvia Gereda Valenzuela 
blog www.sylviagereda.com

El millonario apestoso negocio de la Plaza Baktún 13 en el areopuerto

Redacción
28 de marzo, 2014

El domingo pasado, mi programa Informe Especial con Sylvia Gereda, que se transmite en Canal Antigua, dio la primicia de lo que se presagiaba como otro de los oscuros negocios de corrupción en la Administración de Otto Pérez Molina.
Todo arranca el 2 de enero de 2014, días después del año nuevo cuando el piloto aviador Jairo Alberto Samayoa, interventor de la DGAC firmó un contrato por 15 años con Ciro Enrique Ordoñez Levy, propietario de la empresa Acero y Concreto por el arrendamiento de 2,800 metros adyacentes a la terminal la Aurora para la construcción de la Sala 13 Baktun,  por Q10,976, mensuales a razón de Q3.92 por metro cuadrado. 

De acuerdo con la presentación oficial de la Sala Baktun 13, es un proyecto que busca mejorar la comodidad, confort y seguridad de personas que esperan el arribo de vuelos al país. Se ubica en el ala sur de la terminal y albergará áreas de servicios de orden público, rentas de automóviles, restaurantes, farmacias, agencias de viajes, fajas de recepción de maletas, cafés, y hasta una barbería. Y funcionara las 24 horas del día, los 365 días del año. El costo para las empresas interesadas es de entre US$60 mil y US$70 como derecho de reserva y una renta mensual de Q3,000.00.  
A pesar de que esta Plaza se pinta como un proyecto noble y bondadoso, el contrato que pronto se firmara con Ciro Enrique Ordoñez Levy y su empresa ha despertado suspicacias. Primero porque no se licitó el proyecto y tampoco los terminos del contrato están del todo claros. Para algunos es un contrato que atenta contra los intereses del país y una muestra de  corrupción.
Una muestra de las irregularidades en lo actuado por DGAC es la tarifa de Q3.92 por metro cuadrado, que es Q 97 inferior al costo por metro cuadrado que establece el Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado en su artículo 5. 
Nuestra investigación estableció que, Ciro Enrique Ordoñez Levy, propietario de Acero y Concreto, empresa con la cual fue suscrito el contrato con la DGAC, es también representante legal de la empresa Arriola Ingenieros Contratistas S.A. (Arrinco).
En 2001, la Fiscalía contra la corrupción descubrió que, Walter Silvino Herrera Orozco, fue representante de esta misma empresa Arrinco y un actor clave para desenmarañar la red delictiva donde se encontraban los militares vinculados a Alfonso Portillo y su Estado Mayor Presidencial, los hermanos Jacobo, Josué Vinicio y Arturo Salán Sánchez. En la colonia de San Lázaro, zona 15, se ubican seis viviendas valoradas en Q12.5 millones. Estas viviendas pertenecen a la empresa Arriola Ingenieros Contratistas S. A. representada por Herrera Orozco, uno de los individuos implicados en la estafa de Q248 millones contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Otro nexo entre Arrinco y los hermanos Salán fue el que se estableció con la cuenta bancaria número 81-03-096570 del Bancafé, a nombre de Arrinco. Allí la firma de Arturo Salán, hermano de Jacobo que hoy se encuentra capturado sindicado de malversación de fondos, figura como una de las autorizadas para girar cheques. 
De acuerdo con el Registro Mercantil, en los expedientes 239–2002 y 33793–2002 Walter Silvino Herrera Orozco fue registrado como gerente general de la Entidad Arrriola Ingenieros Contratistas S.A. en el año 2002. Luego el expediente 22131–2012 da cuenta que Ciro Enrique Ordoñez Levy fue nombrado como gerente general en sustitución de Herrera Orozco. Las investigaciones de la fiscalía contra la corrupción determinaron que Arrinco fue parte de una red de empresas que se crearon con el fin de sustraer fondos del Estado y que habría sido ideada por Gustavo Adolfo Herrera, a quien se le ha sindicado de ser el operador político de la Vice Presidenta Roxana Baldetti, y en el año 2003 Arrinco fue contratada para urbanizar una de las fincas que Gustavo Herrera Castillo vendió de manera sobrevalorada al IGSS.
Según Rafael Rojas, fiscal del MP, Arrinco recibió Q24 millones por el trabajo de urbanización, el cual no realizó y los fondos no fueron devueltos al IGSS. Dos de los hermanos Salan fueron sentenciados acusados de lavado de dinero. 
Lo inexplicable del caso es que, a pesar de las sindicaciones en contra de empresas que han sido vinculadas con desfalcos millonarios a entidades del Estado, la DGAC ha aprobado la suscripción de un contrato de arrendamiento a Ciro Enrique Ordoñez Levy para construir y administrar la plaza 13 Baktun; así como subarrendar los locales comerciales durante los próximos 15 años en la Terminal aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora. 
Tres días después de que el programa salió al aire, la Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti se comunicó con mi persona para comunicarme que tras analizar la denuncia, se inició una investigación junto con el Presidente Otto Pérez Molina donde se dictaminó que todos los datos vertidos en el programa son correctos, que existen anomalías en esta contratación y contratos entregados de manera ilícita que podrían causar pérdidas millonarias al Estado de Guatemala.
La Vicepresidenta nos admitió que en este contrato anómalo, los empresarios podrían estar ganando más de US$50 millones mientras que el Estado sólo percibiría poco más de US$1 millón de utilidades. 
Baldetti ofreció rescindir y anular inmediatamente este contrato, declarándolo lesivo para los intereses del país. También ofreció, en los próximos días, enviarnos los contratos rescindidos. 
Reconocemos el esfuerzo de este Gobierno al haber dado marcha atrás en este negocio que amenazaba a los intereses del Estado, pero sobre todo, este caso demuestra la importancia de que ciudadanía continuemos alzando nuestra voz y denunciando. 
Twitter sgereda 
Facebook Sylvia Gereda Valenzuela 
blog www.sylviagereda.com