Redacción
06 de marzo, 2014
Siempre he creído que uno no es superior a nadie más, y de la misma manera, tampoco nadie es superior a uno. He allí el sentido de la igualdad. Sin embargo, es común encontrarse con personas que jamás han tenido la convicción de la igualdad de derechos de todo ser humano. De allí los perseverantes intentos por dominar a otros, tanto por la vía de la dependencia, o mediante la agresión o la fuerza. Algo semejante sucede en las relaciones entre los Estados.
A nivel mundial se ha avanzado en un consenso sobre principios esenciales para el mantenimiento de la paz, compromisos plasmados en Declaraciones, Convenios y Tratados y Pactos internacionales, producto de la formalización de organismos, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a nivel regional, la Organización de los Estados Americanos, OEA.
Es evidente que a pesar de esos convenios, en las distintas épocas las injerencias y/o intervenciones directas o indirectas han sido práctica común sobre aquellos territorios contenidos en el “área de influencia” de cada Potencia, contraviniendo con hechos los compromisos convencionalmente adquiridos.
Sin embargo, el doble rasero en las relaciones internacionales ha pasado a ser práctica común en las últimas décadas. Mientras durante la Guerra Fría los países “pequeños” eran manipulados a conveniencia o abiertamente intervenidos, al menos las Potencias se abstenían de predicar y actuar como jueces supremos con solvencia moral para calificar a las demás naciones.
Resulta que en los últimos años los Estados Unidos ha decidido de nuevo intervenir dictando las normas y presionando las decisiones internas de países que como Guatemala, tienen sus propias leyes e instancias creadas precisamente para velar por su aplicación. ¿Que hay desviaciones? Por supuesto las hay, como sucede en todos los Estados.
La normativa internacional parte del respeto a la soberanía nacional, al principio de reciprocidad y la no injerencia en asuntos internos de otras naciones, pero pareciera que esos límites solo se cumplen cuando las disposiciones adoptadas carecen de interés para los poderosos. Cuando las agendas propuestas no corresponden a la estrategia de los Estados poderosos, entonces presionan, amenazan y manipulan, a través de sus representantes, ignorando olímpicamente el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas que dice en sus incisos 1 y 2: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Y, “todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.”
Guatemala, como nación pequeña, parece estar en la mira de una de esas potencias. Me refiero a Estados Unidos, nación que ha alcanzado niveles de estabilidad y civilidad admirables, porque precisamente sí predomina el imperio de su ley y sus instituciones sólidas e independientes están blindadas contra los embates de las cambiantes corrientes políticas de los presidentes electos y del Departamento de Estado.
Sin embargo, Guatemala no solo es un país pequeño sino a lo largo de su historia ha batallado con la inestabilidad, lo que ha dejado como secuela la debilidad institucional y una sociedad que desde los años 50s ha sido afectada por la polarización de su pueblo, provocando situaciones que por momentos rebasan la capacidad institucional para mantener el orden y el respeto a la legalidad.
Esa polarización ha llevado a los propios guatemaltecos a ignorar los Convenios que rigen las relaciones entre países evaluando los hechos del momento conforme a su particular ideología. Así, resulta que mientras unos aplauden las intervenciones del siglo XX y rechazan las injerencias recientes, otros que en aquel entonces fueron enemigos de Estados Unidos, hoy se solidarizan con la intromisión abierta que dicta directrices y decisiones a las autoridades legítimas del país.
Mientras aquí se libra la batalla para hacer valer nuestra ley, la presencia del crimen organizado y la injerencia extranjera están minando el sistema con los intentos de incidir en los procesos judiciales internos, favoreciendo criterios de su simpatía aún cuando se estén violentando principios esenciales de la justicia. La independencia e imparcialidad, el debido proceso y el respeto a la jerarquía de las instituciones e instancias competentes en el marco de nuestra legislación, son hoy cuestionadas por la potencia extranjera olvidando la máxima de Immanuel Kant: “Obra solo según una máxima que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal”.
La forma de contribuir con el futuro de nuestra nación es apoyando sus instituciones y no tomando partido para favorecer corrientes que sólo han dividido a la población.
Tal el caso de la jueza Jazmín Barrios, premiada por “su valentía”, haciendo caso omiso de su abierta parcialidad y prejuicio en el juicio por genocidio. El mensaje: es valiente quien ignora los preceptos y procedimientos de la ley y cabe exaltar a quien reta a las máximas autoridades conforme a la Constitución Política de la República.
Redacción
06 de marzo, 2014
Siempre he creído que uno no es superior a nadie más, y de la misma manera, tampoco nadie es superior a uno. He allí el sentido de la igualdad. Sin embargo, es común encontrarse con personas que jamás han tenido la convicción de la igualdad de derechos de todo ser humano. De allí los perseverantes intentos por dominar a otros, tanto por la vía de la dependencia, o mediante la agresión o la fuerza. Algo semejante sucede en las relaciones entre los Estados.
A nivel mundial se ha avanzado en un consenso sobre principios esenciales para el mantenimiento de la paz, compromisos plasmados en Declaraciones, Convenios y Tratados y Pactos internacionales, producto de la formalización de organismos, como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y a nivel regional, la Organización de los Estados Americanos, OEA.
Es evidente que a pesar de esos convenios, en las distintas épocas las injerencias y/o intervenciones directas o indirectas han sido práctica común sobre aquellos territorios contenidos en el “área de influencia” de cada Potencia, contraviniendo con hechos los compromisos convencionalmente adquiridos.
Sin embargo, el doble rasero en las relaciones internacionales ha pasado a ser práctica común en las últimas décadas. Mientras durante la Guerra Fría los países “pequeños” eran manipulados a conveniencia o abiertamente intervenidos, al menos las Potencias se abstenían de predicar y actuar como jueces supremos con solvencia moral para calificar a las demás naciones.
Resulta que en los últimos años los Estados Unidos ha decidido de nuevo intervenir dictando las normas y presionando las decisiones internas de países que como Guatemala, tienen sus propias leyes e instancias creadas precisamente para velar por su aplicación. ¿Que hay desviaciones? Por supuesto las hay, como sucede en todos los Estados.
La normativa internacional parte del respeto a la soberanía nacional, al principio de reciprocidad y la no injerencia en asuntos internos de otras naciones, pero pareciera que esos límites solo se cumplen cuando las disposiciones adoptadas carecen de interés para los poderosos. Cuando las agendas propuestas no corresponden a la estrategia de los Estados poderosos, entonces presionan, amenazan y manipulan, a través de sus representantes, ignorando olímpicamente el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas que dice en sus incisos 1 y 2: “Sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Y, “todos los asuntos oficiales de que la misión esté encargada por el Estado acreditante han de ser tratados con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor por conducto de él, o con el Ministerio que se haya convenido.”
Guatemala, como nación pequeña, parece estar en la mira de una de esas potencias. Me refiero a Estados Unidos, nación que ha alcanzado niveles de estabilidad y civilidad admirables, porque precisamente sí predomina el imperio de su ley y sus instituciones sólidas e independientes están blindadas contra los embates de las cambiantes corrientes políticas de los presidentes electos y del Departamento de Estado.
Sin embargo, Guatemala no solo es un país pequeño sino a lo largo de su historia ha batallado con la inestabilidad, lo que ha dejado como secuela la debilidad institucional y una sociedad que desde los años 50s ha sido afectada por la polarización de su pueblo, provocando situaciones que por momentos rebasan la capacidad institucional para mantener el orden y el respeto a la legalidad.
Esa polarización ha llevado a los propios guatemaltecos a ignorar los Convenios que rigen las relaciones entre países evaluando los hechos del momento conforme a su particular ideología. Así, resulta que mientras unos aplauden las intervenciones del siglo XX y rechazan las injerencias recientes, otros que en aquel entonces fueron enemigos de Estados Unidos, hoy se solidarizan con la intromisión abierta que dicta directrices y decisiones a las autoridades legítimas del país.
Mientras aquí se libra la batalla para hacer valer nuestra ley, la presencia del crimen organizado y la injerencia extranjera están minando el sistema con los intentos de incidir en los procesos judiciales internos, favoreciendo criterios de su simpatía aún cuando se estén violentando principios esenciales de la justicia. La independencia e imparcialidad, el debido proceso y el respeto a la jerarquía de las instituciones e instancias competentes en el marco de nuestra legislación, son hoy cuestionadas por la potencia extranjera olvidando la máxima de Immanuel Kant: “Obra solo según una máxima que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal”.
La forma de contribuir con el futuro de nuestra nación es apoyando sus instituciones y no tomando partido para favorecer corrientes que sólo han dividido a la población.
Tal el caso de la jueza Jazmín Barrios, premiada por “su valentía”, haciendo caso omiso de su abierta parcialidad y prejuicio en el juicio por genocidio. El mensaje: es valiente quien ignora los preceptos y procedimientos de la ley y cabe exaltar a quien reta a las máximas autoridades conforme a la Constitución Política de la República.