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Principios desterrados

Redacción
11 de abril, 2014

En los tiempos que corren es usual dejar a un lado lo esencial. Venezuela no es ajena a esta premisa y su crisis política es víctima de un profundo desdén hacia las ideas que son necesarias para la construcción de una sociedad libre. 

 Hoy vemos con asombro cómo el país se encuentra destruido. Carente de instituciones y de gobernabilidad, prescindiendo de una brújula que indique el camino certero hacia un mejor porvenir. Sin embargo, cuando se intentan abordar las soluciones para esta compleja situación, se hace caso omiso a lo que nosotros estimamos constituye la raíz de los graves problemas que aquejan a Venezuela: la inexistencia del Estado de Derecho y de la propiedad. 
Existe una opinión, lamentablemente bastante extendida, de entender a la propiedad como una simple variable económica. Se insiste una y otra vez en la separación del ‘derecho de propiedad’ de los ‘derechos humanos’. A nuestro entender, sin embargo, este planteamiento no es correcto. Como bien plantea Murray Rothbard, esta dicotomía parte del supuesto de considerar a los seres humanos como meras abstracciones. 
Los hombres tienen ante todo el derecho de propiedad sobre sí mismos. Ello implica la capacidad de poder controlar su vida, lo cual a su vez trae consigo una interrelación con el mundo que le permita al ser humano la preservación de su existencia a través de la utilización y propiedad de los recursos disponibles. Es decir, la existencia requiere derecho de propiedad sobre el mundo material y sobre los objetos que esta produce. Así, como bien concluye Rothbard: ‘En realidad, no hay derechos humanos que sean separables de los derechos de propiedad’. 
Para demostrar nuestras afirmaciones tomemos como ejemplo un caso vigente de la realidad venezolana actual: la escasez de papel periódico y la prensa. Nominalmente, el derecho a libertad de expresión está garantizado en el artículo 57 de la Constitución de 1999. En la práctica, sin embargo, el ejercicio de la libertad de expresión ofrece severas restricciones, puesto que la existencia de una prensa libre requiere del acceso libre al papel. No pueden existir periódicos sin papel. Así de simple. 
En Venezuela, el papel periódico debe importarse porque no se produce en el país. La importación requiere de divisas. Y las divisas en Venezuela son propiedad del Estado gracias a un conjunto de leyes, regulaciones y decisiones judiciales que así lo establecen. Con ello, los particulares solo pueden tener la esperanza de que el gobierno les ‘asigne’ divisas bajo ciertas condiciones, pero se les niega el derecho de propiedad sobre aquellas. 
De este modo, no es difícil concluir que el gobierno venezolano es el único propietario de todo el papel periódico en el país. ¿Cómo se puede ejercer el derecho a la libertad de expresión cuando el gobierno tiene el poder de asignar el papel? ¿No desaparecería la libertad de prensa en el mismo instante en que el gobierno decide no asignar el papel? Y, como bien indica Rothbard, dado que el gobierno debe asignar el escaso papel periódico de alguna forma, el derecho a la libertad de prensa de las minorías, de los subversivos antisocialistas, sería negado de manera sumaria. 
Con la desaparición del derecho de propiedad, el periódico se verá obligado a cerrar sus puertas. Resultado: periodistas y personal que labora en organización desempleados. Posibles anunciantes de bienes y servicios pierden un espacio para ofrecer sus productos; y a la sociedad se le cierra una ventana para obtener información sobre las violaciones a derechos humanos, protestas, corrupción y demanes varios cometidos por el gobierno. Todo por no defender el derecho de propiedad.

Principios desterrados

Redacción
11 de abril, 2014

En los tiempos que corren es usual dejar a un lado lo esencial. Venezuela no es ajena a esta premisa y su crisis política es víctima de un profundo desdén hacia las ideas que son necesarias para la construcción de una sociedad libre. 

 Hoy vemos con asombro cómo el país se encuentra destruido. Carente de instituciones y de gobernabilidad, prescindiendo de una brújula que indique el camino certero hacia un mejor porvenir. Sin embargo, cuando se intentan abordar las soluciones para esta compleja situación, se hace caso omiso a lo que nosotros estimamos constituye la raíz de los graves problemas que aquejan a Venezuela: la inexistencia del Estado de Derecho y de la propiedad. 
Existe una opinión, lamentablemente bastante extendida, de entender a la propiedad como una simple variable económica. Se insiste una y otra vez en la separación del ‘derecho de propiedad’ de los ‘derechos humanos’. A nuestro entender, sin embargo, este planteamiento no es correcto. Como bien plantea Murray Rothbard, esta dicotomía parte del supuesto de considerar a los seres humanos como meras abstracciones. 
Los hombres tienen ante todo el derecho de propiedad sobre sí mismos. Ello implica la capacidad de poder controlar su vida, lo cual a su vez trae consigo una interrelación con el mundo que le permita al ser humano la preservación de su existencia a través de la utilización y propiedad de los recursos disponibles. Es decir, la existencia requiere derecho de propiedad sobre el mundo material y sobre los objetos que esta produce. Así, como bien concluye Rothbard: ‘En realidad, no hay derechos humanos que sean separables de los derechos de propiedad’. 
Para demostrar nuestras afirmaciones tomemos como ejemplo un caso vigente de la realidad venezolana actual: la escasez de papel periódico y la prensa. Nominalmente, el derecho a libertad de expresión está garantizado en el artículo 57 de la Constitución de 1999. En la práctica, sin embargo, el ejercicio de la libertad de expresión ofrece severas restricciones, puesto que la existencia de una prensa libre requiere del acceso libre al papel. No pueden existir periódicos sin papel. Así de simple. 
En Venezuela, el papel periódico debe importarse porque no se produce en el país. La importación requiere de divisas. Y las divisas en Venezuela son propiedad del Estado gracias a un conjunto de leyes, regulaciones y decisiones judiciales que así lo establecen. Con ello, los particulares solo pueden tener la esperanza de que el gobierno les ‘asigne’ divisas bajo ciertas condiciones, pero se les niega el derecho de propiedad sobre aquellas. 
De este modo, no es difícil concluir que el gobierno venezolano es el único propietario de todo el papel periódico en el país. ¿Cómo se puede ejercer el derecho a la libertad de expresión cuando el gobierno tiene el poder de asignar el papel? ¿No desaparecería la libertad de prensa en el mismo instante en que el gobierno decide no asignar el papel? Y, como bien indica Rothbard, dado que el gobierno debe asignar el escaso papel periódico de alguna forma, el derecho a la libertad de prensa de las minorías, de los subversivos antisocialistas, sería negado de manera sumaria. 
Con la desaparición del derecho de propiedad, el periódico se verá obligado a cerrar sus puertas. Resultado: periodistas y personal que labora en organización desempleados. Posibles anunciantes de bienes y servicios pierden un espacio para ofrecer sus productos; y a la sociedad se le cierra una ventana para obtener información sobre las violaciones a derechos humanos, protestas, corrupción y demanes varios cometidos por el gobierno. Todo por no defender el derecho de propiedad.