20 de abril, 2014
Una de las mayores evidencias de desobediencia civil en el mundo, la constituyen quienes -por diferentes razones- deciden no pagar impuestos, no pertenecer al régimen legal comercial, o simplemente no ajustarse a las normas laborales.
Para entender el porqué de estas decisiones, no es necesario leer 150 años de escritos de Thoreau y otros autores sobre el tema; simplemente, hay que revisar la evidencia, que además confirma que sin importar la razón: “la informalidad es principalmente un asunto de ingobernabilidad”, como la misma OIT reconoce a partir de diversos estudios que señalan que muchos de los trabajadores auto-empleados o propietarios de pequeños y medianos negocios son informales debido a la falta de incentivos o bien, porque simplemente la oferta en el mercado es insuficiente y no encuentran un empleo formal.
La evidencia también demuestra, que no todos los informales son pobres, pero sí que casi todos los pobres son informales. Además existe una relación directa entre formalización y los índices de productividad y competitividad, igual que asociando los indicadores de pobreza con los de libertad económica y respeto a la propiedad privada.
Según la OIT, en Latinoamérica existen 127 millones de trabajadores informales. Y a nivel mundial cerca de la mitad del empleo es informal. En Guatemala, el caso de desobediencia civil e ingobernabilidad, manifestado en la informalidad, es uno de los más serios de la región: ocho de cada diez trabajadores a nivel nacional; seis de cada diez en lo urbano y nueve de cada diez en lo rural. Lo que explica, en muy buena parte, porque a pesar de que Guatemala es un país de emprendedores, lo es también de baja productividad, poca innovación y bajo crecimiento económico.
El problema informalidad = ingobernabilidad en el área rural se profundiza con la evidencia de que el Estado no ha sido capaz de generar incentivos ni a la inversión, ni a la cobertura social y presencia del Estado que presupone el interés de pertenecer a un sector formal; pues en el área rural la media de escolaridad es de 4.5 años para los jóvenes entre 15 y 24 años y en lo urbano de 7.6 años. Panorama que se agrava cuando notamos que de los casi 1 millón de niños que trabajan en Guatemala, más del 60% lo hacen en actividades de grupos familiares asociados a la economía informal o lo que algunos llaman economía campesina.
En términos reales de inversión privada, las cuatro principales actividades productivas del país con excepción de servicios, producen casi el mismo número de empleos formales según el IGSS, por lo que tampoco puede afirmarse que este problema de desobediencia civil sea un problema exclusivo de actividad alguna. Según estos datos, de 1 millón 185 mil 166 afiliados, 150 mil 728 corresponden a industria, 144 mil 211 a agricultura, 238 mil 282 a comercio, y 580 mil 512 a servicios (incluye gobierno y municipalidades), así que la cifra real para comparar es 333 mil 109.
Es urgente, que el Gobierno, impulse medidas drásticas, no en detrimento de las condiciones de los trabajadores, si no todo lo contrario, para facilitar la creación de trabajos de calidad, con mejores ingresos, y con sistemas de cobertura social competitivos: congelando los incrementos de salario mínimo, promoviendo la libre competencia entre trabajadores, la seguridad al inversionista, y la modernización del sistema de seguridad social y el impulso formal de un sistema de pensiones que incentive al ahorro y la previsión, resultado todo de un clima de negocios que permita a todos, pequeños, medianos y grandes empresarios en forma rentable y sostenible crecer en un ambiente de formalidad.
20 de abril, 2014
Una de las mayores evidencias de desobediencia civil en el mundo, la constituyen quienes -por diferentes razones- deciden no pagar impuestos, no pertenecer al régimen legal comercial, o simplemente no ajustarse a las normas laborales.
Para entender el porqué de estas decisiones, no es necesario leer 150 años de escritos de Thoreau y otros autores sobre el tema; simplemente, hay que revisar la evidencia, que además confirma que sin importar la razón: “la informalidad es principalmente un asunto de ingobernabilidad”, como la misma OIT reconoce a partir de diversos estudios que señalan que muchos de los trabajadores auto-empleados o propietarios de pequeños y medianos negocios son informales debido a la falta de incentivos o bien, porque simplemente la oferta en el mercado es insuficiente y no encuentran un empleo formal.
La evidencia también demuestra, que no todos los informales son pobres, pero sí que casi todos los pobres son informales. Además existe una relación directa entre formalización y los índices de productividad y competitividad, igual que asociando los indicadores de pobreza con los de libertad económica y respeto a la propiedad privada.
Según la OIT, en Latinoamérica existen 127 millones de trabajadores informales. Y a nivel mundial cerca de la mitad del empleo es informal. En Guatemala, el caso de desobediencia civil e ingobernabilidad, manifestado en la informalidad, es uno de los más serios de la región: ocho de cada diez trabajadores a nivel nacional; seis de cada diez en lo urbano y nueve de cada diez en lo rural. Lo que explica, en muy buena parte, porque a pesar de que Guatemala es un país de emprendedores, lo es también de baja productividad, poca innovación y bajo crecimiento económico.
El problema informalidad = ingobernabilidad en el área rural se profundiza con la evidencia de que el Estado no ha sido capaz de generar incentivos ni a la inversión, ni a la cobertura social y presencia del Estado que presupone el interés de pertenecer a un sector formal; pues en el área rural la media de escolaridad es de 4.5 años para los jóvenes entre 15 y 24 años y en lo urbano de 7.6 años. Panorama que se agrava cuando notamos que de los casi 1 millón de niños que trabajan en Guatemala, más del 60% lo hacen en actividades de grupos familiares asociados a la economía informal o lo que algunos llaman economía campesina.
En términos reales de inversión privada, las cuatro principales actividades productivas del país con excepción de servicios, producen casi el mismo número de empleos formales según el IGSS, por lo que tampoco puede afirmarse que este problema de desobediencia civil sea un problema exclusivo de actividad alguna. Según estos datos, de 1 millón 185 mil 166 afiliados, 150 mil 728 corresponden a industria, 144 mil 211 a agricultura, 238 mil 282 a comercio, y 580 mil 512 a servicios (incluye gobierno y municipalidades), así que la cifra real para comparar es 333 mil 109.
Es urgente, que el Gobierno, impulse medidas drásticas, no en detrimento de las condiciones de los trabajadores, si no todo lo contrario, para facilitar la creación de trabajos de calidad, con mejores ingresos, y con sistemas de cobertura social competitivos: congelando los incrementos de salario mínimo, promoviendo la libre competencia entre trabajadores, la seguridad al inversionista, y la modernización del sistema de seguridad social y el impulso formal de un sistema de pensiones que incentive al ahorro y la previsión, resultado todo de un clima de negocios que permita a todos, pequeños, medianos y grandes empresarios en forma rentable y sostenible crecer en un ambiente de formalidad.