21 de abril, 2014
Esta noticia se repite constantemente durante el año y durante los diferentes gobiernos. Cuando otorgan las concesiones, los políticos con bombos y platillos nos hablan de las bondades de la misma, del por qué es la mejor opción y alaban, con especial énfasis, la transparencia en el proceso de elegir a quién la conceden.
Una vez pasa el tiempo, hay cambio de gobernantes, empieza la otra parte de esta historia. Algún diputado se muestra indignado por la lesividad de alguna de estas concesiones y anuncia que investigará sobre la misma o que procederá de inmediato a citar a los funcionarios encargados de este proceso. Otras veces es algún Presidente que considera lesiva alguna concesión hecha por gobiernos anteriores y procede a la demanda para finalizar dicha concesión. Y en la mayoría de los casos son los medios que denuncian situaciones anómalas en estas concesiones.
Esta historia se repite año tras año, gobierno tras gobierno y pareciera no tener fin, ya que en cada gobierno se cuestionan concesiones otorgadas por los gobiernos anteriores, mientras ellos otorgan nuevas que serán cuestionadas por los siguientes gobiernos. Ejemplos abundan; sólo mencionaré algunos y seguro usted recordará más: una emblemática fue Ferrovías de Guatemala cuya lesividad nos costó Q115 millones, la casi hermética y cuestionada concesión de usufructo en Puerto Quetzal, la sala 13 Baktun en el Aeropuerto La Aurora y la autopista Palín-Escuintla por solo mencionar algunos. ¿Es realmente negativa la figura de la concesión? ¿Cómo se puede detener este círculo vicioso?
Según el Diccionario de la Real Academia, una concesión en su primera acepción es “Acción o efecto de conceder”; en su tercera acepción es “Der. Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones” y en su cuarta acepción dice “Der. Otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un particular, de vender y administrar sus productos en una localidad o país distinto”.
Hay muchos elementos a considerar en estas definiciones. Primero las concesiones no sólo se dan en el ámbito público (gobierno-empresa/particular) sino también en lo privado y en lo individual. Segundo, implica que el gobierno es dueño de recursos o servicios que puede dar en concesión. Tercero, al ser estos recursos de dominio o servicio público implica que son de todos.
Al considerar estos aspectos surgen varias preguntas ¿las concesiones no sirven y en consecuencia se deberían prohibir? ¿Cómo funcionan las concesiones privadas versus las públicas? En caso de que no funcionen éstas ¿quiénes asumen los costos? ¿Cuáles son los incentivos al otorgar una concesión? ¿Qué sucede cuando algo es de todos? ¿Quién lo cuida?
Las concesiones per se son un mecanismo útil que permite a las empresas enfocarse en sus actividades y dar en concesión aquellas donde no son tan eficientes. Pero en el gobierno, las concesiones son el medio para disponer de la propiedad pública (aquella que nos dicen pertenece a todos pero quienes disponen de ella son los políticos) y aprovecharse del poder momentáneo para beneficiarse y beneficiar a sus aliados.
Mientras las leyes impidan que los recursos sean de sus legítimos propietarios y permitan a los políticos intervenir en la economía, “regular la competencia” y otorgar privilegios, las concesiones serán el camino a seguir. Alejándose cada vez más de su función principal: brindar seguridad y administrar justicia.
El político ha demostrado ampliamente su incapacidad para administrar los recursos, ¿por qué entonces insistimos en concederle más poder y funciones? ¿Por qué concedemos que regulen la economía, cuándo jamás le pediríamos un consejo empresarial? ¿Por qué seguimos concediéndoles la función de administrar los recursos del Estado, cuándo no les dejaríamos ni un segundo nuestra cartera?¿Será acaso esta “ingenua “concesión una “concesión lesiva”?
21 de abril, 2014
Esta noticia se repite constantemente durante el año y durante los diferentes gobiernos. Cuando otorgan las concesiones, los políticos con bombos y platillos nos hablan de las bondades de la misma, del por qué es la mejor opción y alaban, con especial énfasis, la transparencia en el proceso de elegir a quién la conceden.
Una vez pasa el tiempo, hay cambio de gobernantes, empieza la otra parte de esta historia. Algún diputado se muestra indignado por la lesividad de alguna de estas concesiones y anuncia que investigará sobre la misma o que procederá de inmediato a citar a los funcionarios encargados de este proceso. Otras veces es algún Presidente que considera lesiva alguna concesión hecha por gobiernos anteriores y procede a la demanda para finalizar dicha concesión. Y en la mayoría de los casos son los medios que denuncian situaciones anómalas en estas concesiones.
Esta historia se repite año tras año, gobierno tras gobierno y pareciera no tener fin, ya que en cada gobierno se cuestionan concesiones otorgadas por los gobiernos anteriores, mientras ellos otorgan nuevas que serán cuestionadas por los siguientes gobiernos. Ejemplos abundan; sólo mencionaré algunos y seguro usted recordará más: una emblemática fue Ferrovías de Guatemala cuya lesividad nos costó Q115 millones, la casi hermética y cuestionada concesión de usufructo en Puerto Quetzal, la sala 13 Baktun en el Aeropuerto La Aurora y la autopista Palín-Escuintla por solo mencionar algunos. ¿Es realmente negativa la figura de la concesión? ¿Cómo se puede detener este círculo vicioso?
Según el Diccionario de la Real Academia, una concesión en su primera acepción es “Acción o efecto de conceder”; en su tercera acepción es “Der. Negocio jurídico por el cual la Administración cede a una persona facultades de uso privativo de una pertenencia del dominio público o la gestión de un servicio público en plazo determinado bajo ciertas condiciones” y en su cuarta acepción dice “Der. Otorgamiento que una empresa hace a otra, o a un particular, de vender y administrar sus productos en una localidad o país distinto”.
Hay muchos elementos a considerar en estas definiciones. Primero las concesiones no sólo se dan en el ámbito público (gobierno-empresa/particular) sino también en lo privado y en lo individual. Segundo, implica que el gobierno es dueño de recursos o servicios que puede dar en concesión. Tercero, al ser estos recursos de dominio o servicio público implica que son de todos.
Al considerar estos aspectos surgen varias preguntas ¿las concesiones no sirven y en consecuencia se deberían prohibir? ¿Cómo funcionan las concesiones privadas versus las públicas? En caso de que no funcionen éstas ¿quiénes asumen los costos? ¿Cuáles son los incentivos al otorgar una concesión? ¿Qué sucede cuando algo es de todos? ¿Quién lo cuida?
Las concesiones per se son un mecanismo útil que permite a las empresas enfocarse en sus actividades y dar en concesión aquellas donde no son tan eficientes. Pero en el gobierno, las concesiones son el medio para disponer de la propiedad pública (aquella que nos dicen pertenece a todos pero quienes disponen de ella son los políticos) y aprovecharse del poder momentáneo para beneficiarse y beneficiar a sus aliados.
Mientras las leyes impidan que los recursos sean de sus legítimos propietarios y permitan a los políticos intervenir en la economía, “regular la competencia” y otorgar privilegios, las concesiones serán el camino a seguir. Alejándose cada vez más de su función principal: brindar seguridad y administrar justicia.
El político ha demostrado ampliamente su incapacidad para administrar los recursos, ¿por qué entonces insistimos en concederle más poder y funciones? ¿Por qué concedemos que regulen la economía, cuándo jamás le pediríamos un consejo empresarial? ¿Por qué seguimos concediéndoles la función de administrar los recursos del Estado, cuándo no les dejaríamos ni un segundo nuestra cartera?¿Será acaso esta “ingenua “concesión una “concesión lesiva”?