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El peligroso juego de la CICIG

Redacción República
27 de abril, 2014

Escribió Sir Winston Churchill en sus monumentales memorias sobre la Segunda Guerra Mundial: “…la debilidad de los virtuosos contribuyó al fortalecimiento de los malvados…”, y aunque fue escrito a propósito del surgimiento del nazismo, también aplica para la situación actual de Guatemala y del nombramiento para el nuevo Fiscal General. Y es que pareciera que para dirigir a la CICIG (ese organismo internacional de dudosa efectividad), es necesario ser un ignorante de los derechos fundamentales que nuestra Constitución garantiza. El actual comisionado, o bien ignora la teoría de los Derechos Humanos, cosa que dudo, pues fue nombrado para el cargo por ser un hombre de leyes, o bien ha sido aquejado por el mismo mal que atacó al saliente comisionado costarricense: amnesia legal. 

Pareciera que estos señores al ser enviados al país obtuvieran licencia para la arbitrariedad. Al parecer, al ser nombrados asumen estar autorizados para atropellar ese marco legal que supuestamente deben ayudar a proteger y entran en una lógica que al final, hace el juego a los malvados. La situación actual es delicada. Oscuros grupos del poder criminal paralelo se están peleando el control de las instituciones del Estado para garantizarse la impunidad y los espacios de corrupción. Pero el comisionado de turno parece ser ciego a los peligros que acechan a nuestro país y su moribunda institucionalidad y contribuyen a minarla. Basta hojear un periódico del día lunes recién pasado para darse cuenta de la ligereza con que la CICIG tacha a los candidatos para tan importante cargo. Debo señalar, antes que se me malinterprete, que no me importa de qué candidato se trate, no conozco personalmente a ninguno y desconozco sus calidades éticas y morales, pero me preocupa seriamente, en mi calidad de ciudadano, que se elimine de la lista de candidatos a profesionales por asunciones simplistas o criterios antojadizos. En su momento, Dall’Anese, aceptó que las tachas contra ciertos candidatos durante su gestión, no estaban basadas en investigaciones individuales sino “en lo que se sabía”, o sea, en puros chismes. Al parecer, la comisión no se ha tomado el tiempo para elaborar una lista de criterios básicos para calificar de forma objetiva y técnica a los candidatos para los altos puestos de nuestras instituciones, un ejercicio serio que daría respaldo a la institucionalidad y a la transparencia de las elecciones para ocupar estos cargos, además de servir de una guía útil para el delicado trabajo que tienen en las manos los miembros de la Comisión de Postulación. 
Me preocupa mucho que de varios candidatos el principal motivo esgrimido por la CICIG para tacharlos sea el propio desempeño de su profesión, independientemente subrayo, de su calidad ética o moral, lo que sí debería haber investigado la comisión. Varios candidatos fueron considerados no idóneos para optar al cargo por haber defendido a ex militares, personas acusadas de narcotráfico o bien por haber sido acusados de crímenes sobre los que aún no hay sentencia emitida por los tribunales nacionales. Llamo la atención al respecto porque me parece irresponsable que a un abogado se le tache de “posibles vínculos” con el crimen organizado por cumplir con una de las obligaciones para las cuales ha sido formado: garantizar el derecho de defensa de cualquier ciudadano, sancionado en la Constitución Política de nuestra república, en su artículo 12: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.” 
Según éste precepto constitucional, (que tuvo como justificación histórica remediar tantos años de atropellos por parte de las fuerzas de seguridad e insurgentes en contra de la población civil), el Comisionado Velásquez está violando absolutamente todos los derechos de los candidatos, vulnerando nuestro Estado de Derecho y poniendo en evidencia que la propia CICIG con sus actuaciones superficiales está garantizando la permanencia del sistema de impunidad, alejando a los mejores hombres que puedan dirigir estas instituciones, asustándolos de participar y correr el riesgo de ser tachados por una mera asunción. Y lo que es peor, dejando escapar a los malvados, pues si sus tachas tienen convicciones materiales para sustentarlas debería realizar las denuncias penales correspondientes.

El peligroso juego de la CICIG

Redacción República
27 de abril, 2014

Escribió Sir Winston Churchill en sus monumentales memorias sobre la Segunda Guerra Mundial: “…la debilidad de los virtuosos contribuyó al fortalecimiento de los malvados…”, y aunque fue escrito a propósito del surgimiento del nazismo, también aplica para la situación actual de Guatemala y del nombramiento para el nuevo Fiscal General. Y es que pareciera que para dirigir a la CICIG (ese organismo internacional de dudosa efectividad), es necesario ser un ignorante de los derechos fundamentales que nuestra Constitución garantiza. El actual comisionado, o bien ignora la teoría de los Derechos Humanos, cosa que dudo, pues fue nombrado para el cargo por ser un hombre de leyes, o bien ha sido aquejado por el mismo mal que atacó al saliente comisionado costarricense: amnesia legal. 

Pareciera que estos señores al ser enviados al país obtuvieran licencia para la arbitrariedad. Al parecer, al ser nombrados asumen estar autorizados para atropellar ese marco legal que supuestamente deben ayudar a proteger y entran en una lógica que al final, hace el juego a los malvados. La situación actual es delicada. Oscuros grupos del poder criminal paralelo se están peleando el control de las instituciones del Estado para garantizarse la impunidad y los espacios de corrupción. Pero el comisionado de turno parece ser ciego a los peligros que acechan a nuestro país y su moribunda institucionalidad y contribuyen a minarla. Basta hojear un periódico del día lunes recién pasado para darse cuenta de la ligereza con que la CICIG tacha a los candidatos para tan importante cargo. Debo señalar, antes que se me malinterprete, que no me importa de qué candidato se trate, no conozco personalmente a ninguno y desconozco sus calidades éticas y morales, pero me preocupa seriamente, en mi calidad de ciudadano, que se elimine de la lista de candidatos a profesionales por asunciones simplistas o criterios antojadizos. En su momento, Dall’Anese, aceptó que las tachas contra ciertos candidatos durante su gestión, no estaban basadas en investigaciones individuales sino “en lo que se sabía”, o sea, en puros chismes. Al parecer, la comisión no se ha tomado el tiempo para elaborar una lista de criterios básicos para calificar de forma objetiva y técnica a los candidatos para los altos puestos de nuestras instituciones, un ejercicio serio que daría respaldo a la institucionalidad y a la transparencia de las elecciones para ocupar estos cargos, además de servir de una guía útil para el delicado trabajo que tienen en las manos los miembros de la Comisión de Postulación. 
Me preocupa mucho que de varios candidatos el principal motivo esgrimido por la CICIG para tacharlos sea el propio desempeño de su profesión, independientemente subrayo, de su calidad ética o moral, lo que sí debería haber investigado la comisión. Varios candidatos fueron considerados no idóneos para optar al cargo por haber defendido a ex militares, personas acusadas de narcotráfico o bien por haber sido acusados de crímenes sobre los que aún no hay sentencia emitida por los tribunales nacionales. Llamo la atención al respecto porque me parece irresponsable que a un abogado se le tache de “posibles vínculos” con el crimen organizado por cumplir con una de las obligaciones para las cuales ha sido formado: garantizar el derecho de defensa de cualquier ciudadano, sancionado en la Constitución Política de nuestra república, en su artículo 12: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.” 
Según éste precepto constitucional, (que tuvo como justificación histórica remediar tantos años de atropellos por parte de las fuerzas de seguridad e insurgentes en contra de la población civil), el Comisionado Velásquez está violando absolutamente todos los derechos de los candidatos, vulnerando nuestro Estado de Derecho y poniendo en evidencia que la propia CICIG con sus actuaciones superficiales está garantizando la permanencia del sistema de impunidad, alejando a los mejores hombres que puedan dirigir estas instituciones, asustándolos de participar y correr el riesgo de ser tachados por una mera asunción. Y lo que es peor, dejando escapar a los malvados, pues si sus tachas tienen convicciones materiales para sustentarlas debería realizar las denuncias penales correspondientes.