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¿Por qué hay linchamientos? ¿Y por qué ocurren de norte a sur en América Latina?

Redacción
04 de abril, 2014

La reciente muerte de un joven de 18 años causada por la paliza propinada por un grupo de vecinos, en Rosario, Argentina, ha generado una auténtica conmoción y abierto un debate nacional sobre un problema que en este país es un “fenómeno nuevo”. Desde entonces, se han registrado al menos una decena de linchamientos en distintos puntos del país, entre ellos, en las ciudades de Rosario (centro), Córdoba (centro), Santa Fe (centro), La Rioja (noroeste) y Buenos Aires. 

El último caso de Justicia por cuenta propia tuvo lugar cuando un agente retirado de Prefectura mató de un balazo a un joven que le robó su camioneta en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. 
Lo cierto es que aunque en Argentina ha comenzado ahora a constatarse estos hechos violentos e ilegales, en otras áreas de la región se dan desde hace tiempo. En países con mayorías indígenas como Guatemala, Perú o Bolivia se ha considerado como causa principal de estos episodios violentos la aplicación del derecho consuetudinario. Una afirmación sin ninguna fundamentación puesto que los expertos en derecho consuetudinario han insistido que los linchamientos no forman parte de esta tradición. No obstante, la constatación de estos actos por población no indígena termina de desmontar esa suposición y el caso argentino vuelve a ponerlo de manifiesto, donde la población indígena es prácticamente inexistente. 
En cualquier caso bajo la suposición de que los linchamientos estaban provocados por la existencia de una tradición jurídica, de determinados grupos étnicos, ha quedado relegado un problema evidente que se manifiesta en cada linchamiento que tiene lugar en la región, tanto por parte de población indígena o no. A todos los ciudadanos latinoamericanos sin distinción les afecta la incapacidad del Estado para proporcionar seguridad y justicia y ante esta situación algunos de ellos deciden tomarse la justicia por su mano. Un acto de extraordinaria gravedad, pues demuestra la ilegitimidad y falta de reconocimiento al poder estatal, hasta el punto de que los ciudadanos consideran justificado la detención y aplicación de un castigo a determinadas personas, bajo criterios propios. Un acto de absoluta y flagrante ilegalidad mediante el cual la población asume funciones que le corresponde en exclusiva al Estado, pero sin ningún tipo de garantía y protección legal para los acusados. 
La ineficacia policial, en muchos casos por falta de medios, en otros por corrupción, o por ambas cosas a la vez, impide la protección de la ciudadanía. Si a eso le sumamos los bajos niveles de casos resueltos por parte de la justicia, es posible comprobar la indefensión ciudadana, en un entorno cada vez más inseguro y violento. Ciertamente hay variaciones de país a país, pero los niveles de impunidad son generalmente altos o muy altos en toda la región. 
El análisis de las causas que provocan los linchamientos ayuda en buena parte a encontrar posibles soluciones. En Argentina hay voces que proponen endurecer las penas y resolver, mediante el punitivismo legal, la inseguridad y por tanto los linchamientos. La pregunta es: si de acuerdo a las causas observadas, meter a más gente en la cárcel y por más tiempo es la solución para acabar con los linchamientos. 
Esta medida puede ser popular, pero muy poco efectiva. En realidad no se resuelven ni la eficacia policial, ni la del sistema judicial, en todo caso, éste se colapsa aún más. Es necesario un Estado eficiente y eficaz y para ello es preciso que sea capaz de someter a la ley a sus representantes y a los ciudadanos. En otras palabras que ponga en práctica el Imperio de la ley. De otra manera ni el endurecimiento de las penas, ni la contratación de nuevos policías, ni el recurso al ejército resolverán el problema. 
No se trata sólo de más inversión pública, más policía o más juzgados, si este nuevo personal no tiene conciencia que la ley es el único criterio que debe tener presente para desempeñar sus funciones. De lo contrario, la policía, como los representantes de la justicia utilizarán su poder discrecionalmente, aplicarán la ley según qué casos o directamente la ignoraran, a cambio de un soborno. En consecuencia el Estado, de acuerdo a esta forma de actuar de sus representantes, acabará siendo ineficiente e incapaz de proteger a los ciudadanos, tal y como ocurre hoy día. Los ciudadanos por su parte, y ante tal situación, tampoco respetan ni respetarán la ley, sino que debido a la incapacidad del Estado, se tomarán la justicia por su mano. 
Sin la aplicación por parte del Estado del imperio de la ley, en todo el territorio y a todos los ciudadanos, no será posible acabar con la impunidad y por tanto no podrá convencerse al ciudadano de que el Estado es capaz de garantizar a todos sus derechos más fundamentales. Y en consecuencia continuaran los linchamientos.

¿Por qué hay linchamientos? ¿Y por qué ocurren de norte a sur en América Latina?

Redacción
04 de abril, 2014

La reciente muerte de un joven de 18 años causada por la paliza propinada por un grupo de vecinos, en Rosario, Argentina, ha generado una auténtica conmoción y abierto un debate nacional sobre un problema que en este país es un “fenómeno nuevo”. Desde entonces, se han registrado al menos una decena de linchamientos en distintos puntos del país, entre ellos, en las ciudades de Rosario (centro), Córdoba (centro), Santa Fe (centro), La Rioja (noroeste) y Buenos Aires. 

El último caso de Justicia por cuenta propia tuvo lugar cuando un agente retirado de Prefectura mató de un balazo a un joven que le robó su camioneta en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. 
Lo cierto es que aunque en Argentina ha comenzado ahora a constatarse estos hechos violentos e ilegales, en otras áreas de la región se dan desde hace tiempo. En países con mayorías indígenas como Guatemala, Perú o Bolivia se ha considerado como causa principal de estos episodios violentos la aplicación del derecho consuetudinario. Una afirmación sin ninguna fundamentación puesto que los expertos en derecho consuetudinario han insistido que los linchamientos no forman parte de esta tradición. No obstante, la constatación de estos actos por población no indígena termina de desmontar esa suposición y el caso argentino vuelve a ponerlo de manifiesto, donde la población indígena es prácticamente inexistente. 
En cualquier caso bajo la suposición de que los linchamientos estaban provocados por la existencia de una tradición jurídica, de determinados grupos étnicos, ha quedado relegado un problema evidente que se manifiesta en cada linchamiento que tiene lugar en la región, tanto por parte de población indígena o no. A todos los ciudadanos latinoamericanos sin distinción les afecta la incapacidad del Estado para proporcionar seguridad y justicia y ante esta situación algunos de ellos deciden tomarse la justicia por su mano. Un acto de extraordinaria gravedad, pues demuestra la ilegitimidad y falta de reconocimiento al poder estatal, hasta el punto de que los ciudadanos consideran justificado la detención y aplicación de un castigo a determinadas personas, bajo criterios propios. Un acto de absoluta y flagrante ilegalidad mediante el cual la población asume funciones que le corresponde en exclusiva al Estado, pero sin ningún tipo de garantía y protección legal para los acusados. 
La ineficacia policial, en muchos casos por falta de medios, en otros por corrupción, o por ambas cosas a la vez, impide la protección de la ciudadanía. Si a eso le sumamos los bajos niveles de casos resueltos por parte de la justicia, es posible comprobar la indefensión ciudadana, en un entorno cada vez más inseguro y violento. Ciertamente hay variaciones de país a país, pero los niveles de impunidad son generalmente altos o muy altos en toda la región. 
El análisis de las causas que provocan los linchamientos ayuda en buena parte a encontrar posibles soluciones. En Argentina hay voces que proponen endurecer las penas y resolver, mediante el punitivismo legal, la inseguridad y por tanto los linchamientos. La pregunta es: si de acuerdo a las causas observadas, meter a más gente en la cárcel y por más tiempo es la solución para acabar con los linchamientos. 
Esta medida puede ser popular, pero muy poco efectiva. En realidad no se resuelven ni la eficacia policial, ni la del sistema judicial, en todo caso, éste se colapsa aún más. Es necesario un Estado eficiente y eficaz y para ello es preciso que sea capaz de someter a la ley a sus representantes y a los ciudadanos. En otras palabras que ponga en práctica el Imperio de la ley. De otra manera ni el endurecimiento de las penas, ni la contratación de nuevos policías, ni el recurso al ejército resolverán el problema. 
No se trata sólo de más inversión pública, más policía o más juzgados, si este nuevo personal no tiene conciencia que la ley es el único criterio que debe tener presente para desempeñar sus funciones. De lo contrario, la policía, como los representantes de la justicia utilizarán su poder discrecionalmente, aplicarán la ley según qué casos o directamente la ignoraran, a cambio de un soborno. En consecuencia el Estado, de acuerdo a esta forma de actuar de sus representantes, acabará siendo ineficiente e incapaz de proteger a los ciudadanos, tal y como ocurre hoy día. Los ciudadanos por su parte, y ante tal situación, tampoco respetan ni respetarán la ley, sino que debido a la incapacidad del Estado, se tomarán la justicia por su mano. 
Sin la aplicación por parte del Estado del imperio de la ley, en todo el territorio y a todos los ciudadanos, no será posible acabar con la impunidad y por tanto no podrá convencerse al ciudadano de que el Estado es capaz de garantizar a todos sus derechos más fundamentales. Y en consecuencia continuaran los linchamientos.