Así como en el boxeo se estiran los brazos para medir la distancia del oponente, las acciones beliceñas están hechas para medirnos nuestra capacidad diplomática y militar. El resultado hasta la fecha es un rotundo fracaso en ambas. Claro, no se trata de invadir Belice como una vez se planteó durante el gobierno de Kjell Laugerud pero si cumplir con la tarea fundamental enmarcada en la constitución nacional de velar “por la paz y seguridad interior y exterior”. Pero nada, y mientras tanto Belice sigue sumando puntos a su favor. 

A estas alturas, el diferendo con Belice ha cobrado ya características épicas y míticas en cuanto a cómo podría resolverse el mismo. Desde la independencia de Guatemala, el tema ha sido central y cada gobierno ha hecho lo suyo con tal de recuperar el territorio del vecino país. La apuesta es por llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia para que sea esta la que decida de una vez por todas como se fijarían las fronteras territoriales y la salida al mar. 

Esta es la posición que comparten nuestras autoridades y un nutrido número de expertos en derecho internacional. Esta visión es lo que en Relaciones Internacionales conocemos como una postura liberal institucional, en la cual los Estados ceden su poder soberano a instancias supranacionales para que sean éstas las que puedan garantizar valores como seguridad, orden y justicia. Existen dos grandes problemas con esta postura, uno de carácter teórico y otro práctico. Teóricamente las cuestiones de estrategia y seguridad nacional, como en este caso sería la integridad territorial y la salida al mar no pueden ser dejadas en manos de terceros como sería la Corte Internacional de Justicia. La contraparte del liberalismo institucional es la corriente neorrealista que se fundamenta en principios de realpolitik y apunta a encontrar todos los medios necesarios para lograr los objetivos trazados en política exterior. 

Por otro lado está el carácter práctico que recae sobre lo engorroso que resulta el proceso de llevar el caso a la Corte. Primero tendríamos que realizar una consulta popular, esto requiere una logística que implica el uso de recursos económicos y humanos. Es necesario crear una campaña de concientización porque las generaciones de hoy cada vez les importa menos el tema. A esto debemos agregar que los beliceños también tienen que realizar lo mismo y si en aquel país se decide no acudir a la Corte entonces seguiremos en las mismas. Asumiendo que sí vamos a la Corte y ésta nos otorga un fallo favorable, ¿qué garantías existen de que Belice lo respete? Así pasó con Colombia cuando no aceptó un fallo desfavorable sobre el tema de las islas de San Andrés. 

La postura liberal institucional de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia es importante y debe mantenerse, pero insisto en que es un craso error mantener esa postura como la única vía para solucionar el problema. Se deben implementar nuevas propuestas a nivel diplomático y también considerar nuevas posturas sobre la defensa nacional; de lo contrario, seguiremos jugando al gato y al ratón con el tema de Belice. 

@robertoantoniow