Luego de un polémico proceso de postulación y elección de la nueva Fiscal General, Thelma Aldana, en el cual fueron señalados diversos círculos obscuros de poder y de presión, los cuales influyeron directamente y evidenciaron que la corrupción y el tráfico de influencias son el pan de cada día en estos procesos, se avecinan las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.
El hecho que Claudia Paz y Paz no fuese electa nuevamente para dirigir el Ministerio Público zanja en gran medida las pugnas basadas en las ideologías y ahora los nuevos procesos de elección se centran en tomar y acaparar el poder, para garantizar el reinado de impunidad y con ello poder disfrutar del dinero sucio que proviene de la corrupción de las instituciones.
Entre los puestos de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, un total de 127 abogados asumirán esos puestos y serán electos por el Congreso, luego que las comisiones de postulación conformadas por un rector, decanos de facultades de derecho, representantes de la Corte Suprema de Justicia en el caso de las Cortes de Apelaciones y representantes del colegio de abogados, presenten su nómina de candidatos.
El sistema de elección por comisiones de postulación en esencia buscaba que los honorables y notables académicos y profesionales del país participaran en la postulación de los candidatos idóneos que en virtudes y honorabilidad asumieran tan importantes puestos. Sin embargo, el sistema de elección por comisiones de postulación se ha degenerado de tal forma que hoy tenemos universidades de papel con facultades de derecho y auditoría incluso, sin alumnos pero con decanos que participan de forma activa e influyente en todos estos procesos.
Tenemos campañas millonarias para las elecciones en los colegios profesionales, especialmente en el Colegio de Abogados y Notarios, todos coordinados por operadores políticos obscuros. ¿Pero y por qué el interés? ¿Y por qué tanto esfuerzo de fundar universidades y patrocinar campañas de colegios profesionales?
La respuesta es sencilla y lo resumimos en poder, impunidad y corrupción. Lo que estamos logrando con este sistema de comisiones de postulación es esparciendo el cáncer de la corrupción hacia la academia y los ámbitos profesionales, que debiesen ser un luz de virtud en la sociedad, pero que en la práctica se han convertido en negociadores de componendas y perpetuadores de la corrupción e impunidad.
Este mal no es menor ni mucho menos, pues a esta elite académica y a los líderes de los colegios de profesionales les delegamos la responsabilidad de la postulación del Fiscal General, Contraloría General de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral. Nada menos que el corazón de las instituciones que deben de velar por el combate a la impunidad, la corrupción y la defensa del Estado de Derecho.
Creo que ya va siendo momento de iniciar una nueva discusión y debate que sirva de presión para la clase política de buscar una nueva forma de elección de todos estos importantes cargos y es importante reconocer que siempre señalamos a los políticos como los corruptos, pero ahora este cáncer se esparce por la academia y los profesionales.