Al parecer lo que más estupor ha causado es que aunque en un primer paso la lista de candidatos se depure a base de puntuaciones, asignando valor a distintos aspectos de la vida profesional, tales como calidad académica y proyección humana, al final la elección de este pequeño grupo del cual el Presidente de la república ha de elegir al Fiscal General, depende de una votación a mano alzada de los miembros de la Comisión. Este punto, podrá parecer absurdo para cualquier persona con sentido común, pues ¿qué objeto tiene calificar con punteos a personas si este punteo no es determinante para encabezar un listado? 

El problema tiene su origen en la propia Ley de Comisiones de Postulación. Originalmente, el proyecto de ley, cumplía con las exigencias objetivas de una calificación por punteos, cuyo resultado fuera que resultara elegido el mejor, en base a la puntuación objetiva. Es decir que la propuesta original sí preveía que la nómina de candidatos que habría de ponerse sobre el escritorio del Presidente de la República contendría únicamente a profesionales cuidadosamente seleccionados en base a una puntuación elaborada de acuerdo a criterios objetivos y auditables, para de alguna forma, garantizarse que el ejecutivo nombrara de entre los mejores, al que considerara más adecuado para encabezar, en este caso específico, al Ministerio Público. 

Pero todos sabemos que una cosa es un proyecto de ley antes de ser sometido al pleno del Congreso y su laberinto de comisiones, y otro el resultado final. Los proyectos de ley son creaturas angelicales que tras recorrer el largo proceso legislativo resultan monstruosos godzillas que nada tienen que ver con la idea original. Este es el caso de la Ley de Comisiones de Postulación. Y es que bien pensado, no nos debe sorprender. ¿Cómo se iba a dejar la elección de importantes puestos públicos, en manos de un grupo de académicos que reparten puntos a diestra y siniestra? Pensemos en que el Fiscal General, el Contralor General de Cuentas y el Procurador General de la Nación, por dar tres nombres de estos delicados puestos, tienen en sus manos grandes responsabilidades. El primero, encabezar la persecución final, ejerciendo el ministerio público, garantizando que nadie escape del peso de la ley, el segundo, combatir el sistémico flagelo de la corrupción que azota a toda la estructura estatal, y el tercero, asesorar y emitir dictámenes sobre los asuntos más delicados del Estado, en su calidad de asesor legal del mismo. ¿Cómo dejar que llegue la gente mejor preparada, calificada por un frío sistema de puntuación? Habría que garantizarse cierta intromisión política, amén de cuotas de poder que intervinieran en el proceso. El sistema está pensado para batear a todos los candidatos incómodos o inconvenientes, y abrir un espacio para la injerencia y la presión en estos delicados procesos. Personalmente no simpatizo ni rivalizo con la actual Fiscal General, pues el derecho penal no es mi área de especialización del derecho, así que no podría decir si su gestión fue buena o mala, y en la calle, con mis colegas he escuchado las más dispares opiniones. Pero sí tengo claro que la situación de impunidad en el país tampoco dio un vuelco de campana, como algunos quieren hacerlo ver. 

Lo que sí resalta de este proceso, aderezado con amenazas a muerte hacia el decano de derecho de la Universidad Francisco Marroquín y su familia, es que pone de manifiesto que las leyes mal hechas, o manipuladas de mala manera, permiten que las buenas decisiones de un pequeño grupo se vean asediadas por una manada de lobos hambrientos, que carecen de escrúpulos y que desean adueñarse de instituciones vitales para que nuestra amada República permanezca en la zozobra.