Independientemente de quién elija el Presidente resulta ineludible analizar la urgente necesidad de que el Ministerio Público coadyuve a la aplicación pronta y cumplida de la justicia. 

En Guatemala, los ciudadanos percibimos que el Sistema de Justicia funciona mal o muy mal, que no desempeña el rol que le corresponde y que por lo general no utiliza eficientemente los recursos y los medios indispensables para su funcionamiento. De hecho, más que una percepción, es una realidad que podemos ver a toda luz. 

Y cuando me refiero al Sistema de Justicia lo veo como un todo, en el que deberían coordinarse e integrarse Ministerio Público, Policía y Tribunales; con la salvedad de que, sin ser abogado, comprendo que el “motor” de la justicia es el MP. La Policía está a disposición de los fiscales y son estos los que aportan las pruebas ante los tribunales. Es decir, la Policía puede ser más eficaz y los tribunales pueden hacer valer el Estado de Derecho si detrás hay un MP eficiente y eficaz. 

Con esto no exculpo de la responsabilidad que le corresponde a Policía y Jueces, pero si hoy creemos que la situación de la justicia dista mucho de ser satisfactoria, es porque el MP no ha logrado incidir, como debiera, en el respeto a Estado de derecho. Reconozco que ha habido avances en algunos temas como el combate al contrabando, al narcotráfico y al crimen organizado, pero aún hay mucho camino por recorrer y tareas pendientes por atender. 

Para empezar, se habla de politización ideológica y que, enfrascados en hechos del pasado, poca atención se pone a los delitos que hoy más afectan a la ciudadanía, como extorsiones, homicidios en manos de pandillas y acciones fuera de la ley lideradas por grupos o personas interesadas en mantener un país dividido, confrontado y en conflictividad. 

En todo caso, hay que ver para adelante, y ser optimistas, en el sentido que la nueva o nuevo jefe del MP logre profundizar en la independencia y en la modernización de la justicia, y, ante todo, en sus resultados, para dar cumplida satisfacción a esa eficiencia en la persecución del delito que tanto reclama la ciudadanía. 

Porque hay que poner las cosas en su justa dimensión. Se acusa, por ejemplo, a la Policía de no bajar la tasa de homicidios en el país, de 34 muertos por cada 100 mil habitantes, pero no se dice que tan o más responsable de esa alta tasa es el MP. 

Es preciso advertir esa realidad, para traslucir el verdadero desafío que tiene la nueva jefatura del MP, y que el Presidente de la República tenga la sabiduría de elegir a quien asuma el compromiso de darle a Guatemala una Fiscalía General que preste un servicio con responsabilidad y eficiencia, sino, también, con agilidad y prontitud. 

Es así de simple. A estas alturas, al Presidente de la República no debiera de preocuparle la presión de personas o grupos, sino de elegir al Fiscal General que, de verdad, ataque de frente a los grupos que hoy causan violencia, muerte y luto a miles de guatemaltecos. Y para esto no se necesita de ideologías, sino de dar resultados, en beneficio de la mayoría de la población.