Es algo básico y elemental, señalar que la Constitución Política de la República de Guatemala es de obligatorio cumplimiento para todos los Guatemaltecos.
Vale la pena recordar que, con uno de los porcentajes más altos de participación ciudadana, mediante el sufragio, el pueblo de Guatemala designó a los representantes para la Asamblea Nacional Constituyente, que decretó, sancionó y promulgó la Constitución Política de la República de Guatemala.
La parte introductoria y conducente del préambulo constitucional establece:
“Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social… donde gobernados y gobernantes proceda con absoluto apego al Derecho”
Ningún artículo Constitucional establece el derecho a no respetar la Constitución, o el derecho a elegir una normativa distinta de aplicación, que sustituya el cumplimiento de los derechos y obligaciones constitucionales. Tampoco existe alguna norma constitucional que indique que nuestra Constitución es de aplicación parcial, para ciertos grupos de personas, o bien de aplicación parcial a ciertas áreas del Territorio Nacional, que dicho sea de paso, es uno solo e indivisible.
En los últimos días, la mayoría de guatemaltecos hemos visto por medio de las noticias que en Huehuetenango han sucedido una serie de destrozos a la propiedad privada.
No es la primera vez que sucede este tipo de actos delictivos, mismos que hasta el momento no han sido perseguidos con prioridad por las autoridades, tanto Ministerio Público como Policía Nacional Civil, entre otras; y a la fecha, no ha habido condenados por situaciones similares a las que están ocurriendo en Huehuetenango.
Este tipo de actitudes son injustificables y además dejan un precedente de impunidad, cuando a las mismas no se les aplica el rigor de la ley. ¿Pero cuales han sido los factores que han originado este tipo de acciones violentas?
Sin duda ha habido diversos factores, pero no puede dejar de mencionarse como uno de ellos, la opinión de ciertos sectores y organizaciones, que han expresado su parecer respecto a que existen territorios, que no están sujetos a la normativa constitucional o legal del país, sino que a manera de consulta pueden autodeterminarse, es decir, aplicar su propia normativa y decisiones.
Ante la situación anterior, por parte de las autoridades de distinto gobiernos incluyendo el actual, ha existido una tolerancia de no llamar las cosas por su nombre y muchas veces por agendas políticas particulares en busca de votos, los políticos han preferido hablar sobre la necesidad de llegar a consensos, instalar mesas de diálogo y en definitiva les ha sido mas conveniente para efectos de no sufrir un desgaste político, ignorar la aplicación de la ley.
Ante situaciones graves como las que están sucediendo en Huehuetenango, para que no aumenten o se repliquen, lo único que queda es aplicar la ley.
Lo peor que podría pensarse, por parte de las autoridades, es que la situación es tan complicada que se replanteen por medio de resoluciones, dictámenes o sentencias, ceder a peticiones que se alejen del respeto a la Constitución.
La mayoría de grupos que comete este tipo de actos delictivos tiene una agenda clara, en forma violenta impedir que el sistema funcione, de paso, reclamar privilegios o tratos diferenciados y preferentes. El Estado de Derecho se construye aplicando la ley, con certeza jurídica y procesando y encarcelando a todos a aquellos que cometan cualquier tipo de delito, por muy complicado o poco conveniente que esto sea políticamente.
Es algo básico y elemental, señalar que la Constitución Política de la República de Guatemala es de obligatorio cumplimiento para todos los Guatemaltecos.
Vale la pena recordar que, con uno de los porcentajes más altos de participación ciudadana, mediante el sufragio, el pueblo de Guatemala designó a los representantes para la Asamblea Nacional Constituyente, que decretó, sancionó y promulgó la Constitución Política de la República de Guatemala.
La parte introductoria y conducente del préambulo constitucional establece:
“Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social… donde gobernados y gobernantes proceda con absoluto apego al Derecho”
Ningún artículo Constitucional establece el derecho a no respetar la Constitución, o el derecho a elegir una normativa distinta de aplicación, que sustituya el cumplimiento de los derechos y obligaciones constitucionales. Tampoco existe alguna norma constitucional que indique que nuestra Constitución es de aplicación parcial, para ciertos grupos de personas, o bien de aplicación parcial a ciertas áreas del Territorio Nacional, que dicho sea de paso, es uno solo e indivisible.
En los últimos días, la mayoría de guatemaltecos hemos visto por medio de las noticias que en Huehuetenango han sucedido una serie de destrozos a la propiedad privada.
No es la primera vez que sucede este tipo de actos delictivos, mismos que hasta el momento no han sido perseguidos con prioridad por las autoridades, tanto Ministerio Público como Policía Nacional Civil, entre otras; y a la fecha, no ha habido condenados por situaciones similares a las que están ocurriendo en Huehuetenango.
Este tipo de actitudes son injustificables y además dejan un precedente de impunidad, cuando a las mismas no se les aplica el rigor de la ley. ¿Pero cuales han sido los factores que han originado este tipo de acciones violentas?
Sin duda ha habido diversos factores, pero no puede dejar de mencionarse como uno de ellos, la opinión de ciertos sectores y organizaciones, que han expresado su parecer respecto a que existen territorios, que no están sujetos a la normativa constitucional o legal del país, sino que a manera de consulta pueden autodeterminarse, es decir, aplicar su propia normativa y decisiones.
Ante la situación anterior, por parte de las autoridades de distinto gobiernos incluyendo el actual, ha existido una tolerancia de no llamar las cosas por su nombre y muchas veces por agendas políticas particulares en busca de votos, los políticos han preferido hablar sobre la necesidad de llegar a consensos, instalar mesas de diálogo y en definitiva les ha sido mas conveniente para efectos de no sufrir un desgaste político, ignorar la aplicación de la ley.
Ante situaciones graves como las que están sucediendo en Huehuetenango, para que no aumenten o se repliquen, lo único que queda es aplicar la ley.
Lo peor que podría pensarse, por parte de las autoridades, es que la situación es tan complicada que se replanteen por medio de resoluciones, dictámenes o sentencias, ceder a peticiones que se alejen del respeto a la Constitución.
La mayoría de grupos que comete este tipo de actos delictivos tiene una agenda clara, en forma violenta impedir que el sistema funcione, de paso, reclamar privilegios o tratos diferenciados y preferentes. El Estado de Derecho se construye aplicando la ley, con certeza jurídica y procesando y encarcelando a todos a aquellos que cometan cualquier tipo de delito, por muy complicado o poco conveniente que esto sea políticamente.