“Los pactos colectivos no se deben limitar porque es como ponerle límite a las utilidades de una empresa y sería inconstitucional, defendió Rigoberto Dueñas, de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos” (Prensa Libre, 11 de junio de 2014, p.2). Interesante analogía la que plantea el líder sindical. De tener razón, Dueñas debería oponerse totalmente a la tributación progresiva directa; cualquier tipo de impuesto que reduzca las ganancias de los accionistas de una empresa carecería de sentido y sería inconstitucional. Para cualquier cuestión práctica, los impuestos que gravan las ganancias y el patrimonio limitan las utilidades que los dueños de una empresa pueden derivar de la misma. El Impuesto sobre la Renta (ISR) sería, entonces, un impuesto injusto, que atentaría contra la libertad de empresa y que iría en contra de los derechos de los empleadores. Elementos más que suficientes para solicitar una Comisión de Encuesta ante la Organización Internacional de Empleadores (OIE), adscrita a la OIT, para evaluar las violaciones a los derechos de los empleadores.