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¿Hacen falta más policías en Guatemala?

Redacción
13 de junio, 2014

La propuesta del Ministro de Gobernación, Mauricio López sobre la posibilidad, según se está estudiando en el gobierno, de establecer un impuesto específico para la seguridad despierta muchos interrogantes. Los recursos recaudados se destinarían a fortalecer la Policía Nacional Civil (PNC) y la formación y la contratación de agentes. Lo que indica, siguiendo la propuesta electoral del Presidente Pérez Molina, que hay una firme voluntad gubernamental de aumentar el número de policías.

Esta propuesta, sin embargo, suscita a priori numerosos interrogantes que van desde cuestiones relacionadas con el sistema fiscal al de la seguridad estrictamente hablando. Cabe preguntarse, por ejemplo, sobre lo oportuno de pagar un impuesto extra sobre seguridad, sobre su cuantía o sobre el criterio impositivo que se utilizara, en otras palabras, quiénes y cuánto van a pagar. Cuestiones todas ellas que abren un debate infinito y extraordinariamente controvertido. 
Aunque no se agota ahí la discusión. La medida también afecta a cuestiones de seguridad trascendentales, que exige una reflexión antes de tomar determinadas decisiones.
La primera afirmación que cabe hacer es afirmar con rotundidad la necesidad de contar con recursos y con un cuerpo policial, pero en la misma medida que el hecho de obtener más recursos y licenciar más policías no garantiza por si mismos seguridad. Es preciso contemplar numerosos factores para proporcionar protección ciudadana que no son meramente cuantitativos. 
De hecho los datos ponen en evidencia la complejidad de la seguridad y la inexistencia de una relación directa entre seguridad y número de policías. En otras palabras a más policías no necesariamente hay más seguridad. De hecho, entre 2000 y el 2011, la cantidad de asesinatos en los siete países del Istmo prácticamente se duplicó, pese a que la proporción de policías por cada 100.000 habitantes subió de 218 a 267 en el mismo periodo. Si concretamos por países, Nicaragua es el país centroamericano donde hay menos policías por habitantes y sin embargo es, junto con Costa Rica, el más seguro que los países del Triángulo Norte. También es la policía que cuenta con mayor legitimidad y confianza ante los ciudadanos. 
Con todo, tanto o más importante que el número de policías que se licencien es la calidad de su formación, su conciencia de servicio al bien común, los sistemas de control y fiscalización internos o su perfil operativo, entre otras cosas, pues es preciso diseñar una policía de acuerdo al tipo de amenazas que afectan a la seguridad ciudadana. 
Sin embargo aun contemplando los factores institucionales, organizativos y operativos policiales que han de tenerse en cuenta para configurar el cuerpo policial más adecuado, es imprescindible que sus líneas de actuación se encuentren enmarcadas y sean acordes con la política de seguridad diseñada por el Ministerio de Gobernación. Hasta el momento la seguridad se ha considerado “cosa de policías” y el desgobierno político de la seguridad pública ha sido la nota dominante, no sólo en Guatemala, sino también en el resto de la región. Las improvisaciones, la falta de una visión integral y la autonomía policial, con todo los que ello implica, han sido los obstáculos fundamentales para enfrentar de manera eficiente y eficaz la delincuencia y el crimen. 
Todos los factores contemplados, y otros muchos otros mas no considerados aquí, son imprescindibles para lograr resultados en la lucha contra la inseguridad, al margen del número de policías que el Estado licencie y uniforme. En definitiva las políticas reactivas y policiales son mediáticamente muy rentables, pero muy limitadas. No es un problema sólo de cantidad, sino de calidad y se puede disponer de más recursos y más policías y fracasar. Si no se logra fortaleza institucional, cabe la posibilidad de tener más policía pero igual de ineficiente y además quién sabe si más corrupta al disponer de más recursos.
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