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Parafraseando a Hugo Maul R.

Redacción
24 de junio, 2014

El tema de los Pactos Colectivos dentro del sector público ha generado inmenso malestar dentro la dirigencia sindical del país. Algunos de ellos han interpretado el mensaje principal del estudio del CIEN como un ataque a la libertad sindical y al derecho de los trabajadores a luchar por mejores salarios y condiciones de trabajo. Una lectura muy particular de este trabajo que merece algunas aclaraciones. En el estudio se habla de la necesidad de introducir una visión integral de la gestión del recurso humano dentro de la esfera pública. Visión dentro de la cual el asunto de los salarios y demás beneficios económicos que pueden obtener los trabajadores por medio de un pacto colectivo son solo una característica más dentro del amplio conjunto de elementos e interacciones que intervienen en la gestión del recurso humano. 

Para que quede claro y para evitar reinterpretaciones antagónicas de lo que no dice el estudio de CIEN, es pertinente aclarar que el CIEN no está poniendo en duda la necesidad de contar con un servicio civil más profesional, mejor pagado, con mejores condiciones de trabajo, con posibilidad de hacer carrera y que sea socialmente valorado y reconocido. Desde hace más de 25 años esa ha sido parte esencial de la propuesta del CIEN, tal y como ha quedado plasmada a lo largo de las varias ediciones de los Lineamientos de Política Económica y Social. 
Reducir los problemas de gestión interna del gobierno, de incapacidad para generar resultados que impacten positivamente a los sectores más desposeídos y de inefectividad en la prestación de servicios públicos de calidad a un asunto de bajos salarios y deficientes condiciones laborales es un grave error. No necesariamente es cierto que mientras más poder y más beneficios tengan los sindicatos del gobierno, y sus líderes sindicales, mejor se servirá al bien común. Todos los guatemaltecos que sufrieron las consecuencias de los bloqueos viales propiciados el lunes pasado por el Frente Nacional de Lucha, movimiento con claros nexos con el sindicato de salubristas, lo saben de primera mano. 
Cuestionar este tipo de acciones y ciertos excesos que se han negociado en muchos de los pactos colectivos dentro del sector público no constituye un ataque contra el sindicalismo ni contra los intereses de los trabajadores. Antes bien, reinterpretando una de las tantas críticas al estudio, todo lo que este trabajo buscaba era “despertar la conciencia ciudadana respecto de los riesgos que implica continuar con las prácticas que las prácticas que los sindicatos públicos implementan dentro del sector público”. Prácticas que, como dice uno de los críticos del estudio, pretendiendo desviar la atención hacia otros actores, “atentan contra la deteriorada salud de las fianzas públicas y, por consiguiente, contra la deteriorada educación, salud y demás garantías para la vigencia de derechos ciudadanos; prácticas que entorpecen y encarecen los servicios públicos”.