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Impuesto de seguridad.

Redacción
04 de junio, 2014

El presente articulo trata un doble tema, impuestos y seguridad. La reciente propuesta de un Impuesto de Seguridad ha desatado muchos comentarios que valen la pena recoger, tanto de los que se oponen a dicho gravamen como los que lo apoyarían. 

La oposición a un Impuesto de Seguridad se ubica lógica y empíricamente en el campo de los que se oponen a cualquier impuesto. Esta es la posición reflexiva no solo de quienes trabajamos para ganarnos la vida, sino de quienes tienen por lo menos un mínimo conocimiento de cómo funciona un aparato estatal, y sobretodo el guatemalteco. Resulta imposible no darles la razón, si nos basamos en los “hechos”. Partiendo de la premisa que ningún ser pensante tomaría la palabra de los gobernantes guatemaltecos en nada de importancia, no nos queda otra que recurrir a los “datos” internacionales para ver como nos ubicamos en materia de institucionalidad pública. 
Según el Índice de Competitividad Global para 2013-2014 del Foro Económico Mundial, Guatemala se destaca por Desperdicio en el gasto público, ítem en el que obtiene una evaluación de 125 de 148 países, y Desvío de fondos públicos (127 de 148). Por lo anterior, no es de sorprender que Guatemala se ubica tan baja en los rankings de Confianza en los políticos (130 de 148). En general, las Instituciones de Guatemala obtienen un ranking de 111, pero destaca la brecha entre el ranking de 119 de Instituciones públicas y el ranking de 82 de Instituciones privadas, que vale mencionar llevan el control del levantamiento de estos datos de sondeos y encuestas. Sin duda alguna, estos “datos” explican el porque de la rápida descalificación de cualquier propuesta de incrementar impuestos y gasto público en un contexto de ineficiencia, incompetencia e irrespeto por el derecho del publico a rendición de cuentas y resultados. 
Los argumentos en contra de un Impuesto de Seguridad son recios, validos y dificilísimos de refutar. “El gobierno es corrupto, y cualquier ingreso se lo van a robar!”, reza el refrán, incontestable por moritos. “El gobierno asigna y gasta mal los recursos”, continúa la crítica, también imposible de negar su validez. “Si ya lo pagamos! Sería pagar dos veces la seguridad!”, este comentario me lo hizo Ana Lucía Mazariegos en un intercambio en Twitter durante un programa de Canal Antigua. Por supuesto que tiene la razón! Gobierno y seguridad deben ser sinónimos. Antes de proceder a otros temas de menor importancia, un gobierno debe atender el tema principal por el que se constituyó e instituyó. 
Pero estamos ante un hecho político. El gobierno no nos esta dando seguridad, en el nivel que queremos. Quizás podríamos tolerar a ocho muertos diarios, pero no a dieciocho. Y aunque bajara la tasa de homicidios, tendríamos la posibilidad, sino probabilidad, de que el narcotráfico se haya apoderado del estado como para hacerlo suyo y convertir el país en tierra de poderes facticos. Que vamos a hacer? No pagar seguridad porque ya pagamos suficientes impuestos? 
En mi opinión, es absurdo. Tomemos un ejemplo. En todo condominio privado de Guatemala, siempre hay un Chapinaso de excelente apellido, de procedencia de pedigrí, que destaca por los logros de sus familiares reconocidos y conocidos, pero que no paga su cuenta de luz ni de agua. Eso sube el costo a los demás. Si los demás no absorben su costo, todos se quedan sin luz y sin agua. Que hacen? Se van sin luz y sin agua para no sufrir el costo del pasajero libre, el gorrón? O aceptan el mal menor, de pagar mas de su parte por algo que todavía, bajo esas condiciones de doble pago, les vale mas de lo que les valdría una situación de vida sin esos servicios? 
Otro ejemplo. Todos ustedes lectores van a Centros Comerciales que les cobran el parqueo. Que les están cobrando, sino el derecho de pasear por un lugar bonito, conveniente y seguro? Si las calles fueran seguras, los Centros Comerciales tendrían mas competencia, y no cobrarían el parque, es lógico. En Paseo Cayalá, uno ve a niños paseando en bicicleta, cosa que no se ve en ninguna otra parte de la Ciudad. En Pradera Próceres, Concepción, Oakland Mall, Fontabella, el servicio de seguridad es tal que uno goza de poder pasear a su gusto, con su esposa e hijos, sin mayor miedo – por el momento. Pero uno lo paga. En Centros Comerciales en EE.UU., por ejemplo, uno típicamente NO paga [doble] por pasear, precisamente porque la seguridad pública ya esta brindada por la autoridad pública, financiada por los contribuyentes privados. 
La lógica aquí es la misma. El Impuesto de Seguridad sería para brindar seguridad, ya pagada por otros impuestos, pero no dado. Esto difiere en nada con el cobro por pasear por Centros Comerciales privados. Esa seguridad ya también se paga dos veces. Ahora, como se asegura que se gastaría el Impuesto de Seguridad en seguridad? Bueno, con la participación del sector privado organizado. El sector privado organizado debería de fijar metas de resultado y métricas de desempeño, y asegurar su cumplimiento. Se podría formar un especie de comité encargado de la recaudación, ejecución, implementación, monitoreo y cumplimiento del Impuesto de Seguridad, en el que el sector privado organizado lidera en todo sentido. Además, si se impone la restricción de que el Impuesto de Seguridad tendría un tiempo de vigencia de cinco años antes de caducar automáticamente, a menos de que se logren resultados, internacionalmente validados (sea cual sea el mecanismo de validación), seguramente se mitigaría el instinto público de premiar la el clientelismo, la ineficiencia, y la corrupción. 
El involucramiento del sector privado en el tema de seguridad brindaría todas las herramientas de las que carece el estado, o sea eficacia, eficiencia, y rendición de cuentas. Se primaría el logro de resultados importantes para la ciudadanía. Es malo pagar dos veces por el mismo bien público, pero es peor no tenerlo. Lo cierto es que ya pagamos por seguridad, y no la obtenemos. También es cierto que tenemos cualquier cantidad de ofertas de seguridad privada, y no nos convence la oferta. Debe haber un intermedio, que cumple con la demanda política y hace menor daño a los principios de mercado libre.
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