Chixoy fue la segunda gran hidroeléctrica que se construyó de acuerdo al Plan Maestro de Electrificación. La primera fue Aguacapa. El costo estimado original ascendía a US.$.240 millones para una capacidad de 300 Megavatios. No es de extrañar, como todas las cosas en las que el gobierno se involucra, el costo final llegara a los US.$.1,000 millones. 

A pesar de esto, la hidroeléctrica funciona muy bien desde entonces y ha sido un proyecto que en término de ingeniería ganó premios. Reprobó a mi juicio todo lo que se refiere a transparencia. El incremento de costos puede explicarse parcialmente por ciertos coeficientes de ajuste pero no creo que estos ajustes puedan explicar una diferencia del cuádruple en el precio original. Pero esto es parte de la historia de Chixoy. 

El proyecto contaba con un plan de resarcimiento que se llevó a cabo con las 14 comunidades que en total sumaban a no más de unas 300 familias. Se les entregaron tierras y viviendas que se escrituraron y titularon así como se crearon nuevos centros urbanos, se introdujo agua potable, energía eléctrica, Iglesia y hasta se dieron compensaciones económicas adicionales. 

Pero esta historia ha sido distorsionada y se está olvidando a propósito porque ahora aparecieron 33 comunidades que representan a 2,329 familias quienes están pidiendo resarcimiento y reparaciones a través de Juan de Dios García, de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (Cocahich). Me parece que esto es un abuso y que hay muchos intereses atrás de gente que quiere vivir del Estado y no de su trabajo y producción propia. Pero veamos por qué se da esta situación. 

Muchos de los que piden resarcimiento no son de la gente afectada por Chixoy y los que sí lo fueron ya habían recibido su resarcimiento pero el INDE, en toda su burocracia del momento y la corrupción de los distintos gobiernos olvidó u omitió hacerles firmar un finiquito. Ni lentos ni perezosos, al ver esta terrible deficiencia por parte del INDE, aparecieron organizaciones que llevaron a Washington el caso y contrataron a abogados expertos en cabildeo para lograr una buena tajada de algo que no les corresponde. 

Esto causó presión al gobierno de Guatemala en época del presidente Oscar Berger, específicamente en el 2004 cuando se tuvo una ocupación de la hidroeléctrica. Se creó luego una mesa de diálogo aunque en realidad los ocupantes no fueron nada pacíficos y nada negociadores. 

En época del presidente Álvaro Colóm la presión llegó a tal punto que se les dio una legitimidad a los demandantes y a su reclamo de ‘reparaciones”. Se habla hoy de Q.1,200 millones y además que los quieren en efectivo. 

Mientras tanto, a principios de este año, Estados Unidos promulgó la Ley de Asignaciones Consolidadas en la que condiciona cualquier ayuda el país a menos que se lleven a cabo las reparaciones (ya no resarcimiento) a los afectados por Chixoy. En lo personal no creo que esto deba afectar al país ya que siempre he estado en contra de más préstamos. El Asunto es que hay presión internacional sobre este tema. 

Hay preguntas sin respuesta que deberíamos hacernos sobre este caso. ¿Por qué no se firmaron los finiquitos cuando se resarció a los afectados?, ¿Por qué ahora son 33 comunidades y 3,249 familias cuando originalmente eran 14 y no más de 300 familias?, ¿Qué precedente se creará si se dan “reparaciones” sabiendo que ya hubo resarcimiento?, ¿Qué pasará con las futuras inversiones en hidroeléctricas?