09 de junio, 2014
Que más de 850 mil niños en Guatemala trabajen, en lugar de vivir una vida de educación, juegos y amor familiar que muchos de nosotros vivimos; es responsabilidad de los padres es cierto, pero también, y en gran medida, es responsabilidad de los políticos que Gobierno tras Gobierno, y en lugar de garantizar que el Estado cumpla con brindar seguridad y facilitar la inversión y el empleo para crear mayores niveles de formalidad en el país, llegan a servirse y sacudir cual piñata las arcas del Estado Guatemalteco, llena de apetecibles dulces que en forma de impuestos todos pagamos, incluso esos mismos niños de los que hablo.
No existe argumento alguno que justifique que un niño tenga que trabajar para ganarse el alimento: los padres deben mantener únicamente los hijos que puedan mantener y cuidar. Sin embargo, el sistema paternalista y clientelar que tenemos en el país -ha fomentado por décadas la pobreza y la ausencia de un sistema educativo que funcione, ya que esto resulta en tierra fértil para alimentar y hacer crecer el populismo- que a su vez y al final del día beneficia sólo los bolsillos de todos aquellos por donde pasan los diferentes y por supuesto, millonarios programas disfrazados de “soluciones” que desde el Gobierno se ejecutan para “aliviar” estas penas.
Según la ENCOVI, del total de 850 mil 937 niños, niñas y adolescentes en el rango comprendido entre 7 a 17 años, el 62.0% es trabajo familiar no remunerado, 30.8% asalariado, 4.2% empleo doméstico y 3% autoempleo. Indicando que trabajan principalmente en actividades agrícolas 60.2%, seguido por comercio, restaurantes y hoteles 19%, la industria manufacturera 9%, explotación de minas y canteras 3.9%, transporte 1.5% y construcción 1.3%; concentrándose principalmente en el área rural.
Estas cifras reflejan que al igual que la mayoría de incumplimiento a las normas, el trabajo infantil, también se concentra principalmente en el sector informal, y en este caso: en la actividad económica informal familiar. Lo que evidencia que las acciones desde el lado de la empresa, si bien es cierto son importantes, no son suficientes.
Por lo que considerando que es la institucionalidad del Estado la obligadas a velar por el cumplimiento de la Ley y tomando en cuenta los grupos de mayor prevalencia, la Iniciativa 4849 “Ley de Armonización para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” contiene además de medidas para armonizar la edad mínima de acuerdo a estándares internacionales y en cumplimiento con los Convenios Fundamentales de la OIT No. 138 y 182 sobre la edad mínima y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Pero también incluye medidas que desde el Estado pueden contribuir a una efectiva prevención y eliminación del trabajo infantil, garantizando que los proveedores del Estado no utilicen mano de obra infantil, y que todos los programas actuales de subsidio, sin excepción, sean del gobierno central o gobiernos locales, estén obligados a incluir la condicionalidad para que las familias que reciben estos beneficios no tengan niños trabajando. Pero además se debe requerir el funcionamiento transparente y eficiente de los recursos del Ministerio de Educación que garantice la cobertura y calidad. En manos del Congreso está que Guatemala cumpla las metas y compromisos adquiridos.
La alternativa real y sostenible en el largo plazo pasa por eliminar el ISR, incentivar la inversión, facilitando la formalización, privatizando el seguro social y reformando el sistema educativo a un método que promueva la competencia y la calidad educativa generando con ello un verdadero desarrollo en las áreas rurales del país en donde los niños no trabajen ni en sus familias, ni en ningún otro lugar.
09 de junio, 2014
Que más de 850 mil niños en Guatemala trabajen, en lugar de vivir una vida de educación, juegos y amor familiar que muchos de nosotros vivimos; es responsabilidad de los padres es cierto, pero también, y en gran medida, es responsabilidad de los políticos que Gobierno tras Gobierno, y en lugar de garantizar que el Estado cumpla con brindar seguridad y facilitar la inversión y el empleo para crear mayores niveles de formalidad en el país, llegan a servirse y sacudir cual piñata las arcas del Estado Guatemalteco, llena de apetecibles dulces que en forma de impuestos todos pagamos, incluso esos mismos niños de los que hablo.
No existe argumento alguno que justifique que un niño tenga que trabajar para ganarse el alimento: los padres deben mantener únicamente los hijos que puedan mantener y cuidar. Sin embargo, el sistema paternalista y clientelar que tenemos en el país -ha fomentado por décadas la pobreza y la ausencia de un sistema educativo que funcione, ya que esto resulta en tierra fértil para alimentar y hacer crecer el populismo- que a su vez y al final del día beneficia sólo los bolsillos de todos aquellos por donde pasan los diferentes y por supuesto, millonarios programas disfrazados de “soluciones” que desde el Gobierno se ejecutan para “aliviar” estas penas.
Según la ENCOVI, del total de 850 mil 937 niños, niñas y adolescentes en el rango comprendido entre 7 a 17 años, el 62.0% es trabajo familiar no remunerado, 30.8% asalariado, 4.2% empleo doméstico y 3% autoempleo. Indicando que trabajan principalmente en actividades agrícolas 60.2%, seguido por comercio, restaurantes y hoteles 19%, la industria manufacturera 9%, explotación de minas y canteras 3.9%, transporte 1.5% y construcción 1.3%; concentrándose principalmente en el área rural.
Estas cifras reflejan que al igual que la mayoría de incumplimiento a las normas, el trabajo infantil, también se concentra principalmente en el sector informal, y en este caso: en la actividad económica informal familiar. Lo que evidencia que las acciones desde el lado de la empresa, si bien es cierto son importantes, no son suficientes.
Por lo que considerando que es la institucionalidad del Estado la obligadas a velar por el cumplimiento de la Ley y tomando en cuenta los grupos de mayor prevalencia, la Iniciativa 4849 “Ley de Armonización para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil” contiene además de medidas para armonizar la edad mínima de acuerdo a estándares internacionales y en cumplimiento con los Convenios Fundamentales de la OIT No. 138 y 182 sobre la edad mínima y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Pero también incluye medidas que desde el Estado pueden contribuir a una efectiva prevención y eliminación del trabajo infantil, garantizando que los proveedores del Estado no utilicen mano de obra infantil, y que todos los programas actuales de subsidio, sin excepción, sean del gobierno central o gobiernos locales, estén obligados a incluir la condicionalidad para que las familias que reciben estos beneficios no tengan niños trabajando. Pero además se debe requerir el funcionamiento transparente y eficiente de los recursos del Ministerio de Educación que garantice la cobertura y calidad. En manos del Congreso está que Guatemala cumpla las metas y compromisos adquiridos.
La alternativa real y sostenible en el largo plazo pasa por eliminar el ISR, incentivar la inversión, facilitando la formalización, privatizando el seguro social y reformando el sistema educativo a un método que promueva la competencia y la calidad educativa generando con ello un verdadero desarrollo en las áreas rurales del país en donde los niños no trabajen ni en sus familias, ni en ningún otro lugar.