Imaginémonos una final de un Mundial entre Uruguay y Argentina, dos equipos con una rivalidad histórica, un estilo de juego que se aleja del fair play, y dos hinchadas combativas. Imaginémonos también que las reglas no están claras y subsisten áreas grises sobre lo que constituye una falta o un penal. La tarjeta roja tampoco existe, por lo que el árbitro sólo puede amonestar a los infractores, razón por la cual los jugadores rara vez acatan sus decisiones. Y aun cuando en esas condiciones adversas ejerce su autoridad y marca un penal, su decisión está sujeta a revisión por la FIFA, que prefiere “dejarlos jugar”.
Esa es la historia del Tribunal Supremo Electoral y su esfuerzo por ejercer la rectoría electoral.
En un país en donde el negocio más rentable es la repartición del patrimonio del Estado, donde las instituciones son débiles y los votantes permisivos, los partidos tienen el incentivo de olvidar el fair play en la lucha por el poder y los negocios. No obstante, el juego brusco empieza a asquear a una opinión pública que ve con disgusto el irrespeto a la ley, al ornato y al medio ambiente. Pero sobre todo, crece el reconocimiento que este modelo genera un círculo vicioso que nos condena a la corrupción y la perenne disfuncionalidad.
Sin embargo, con una Ley Electoral llena de áreas grises en materia de fiscalización, financiamiento y definiciones sobre proselitismo y campaña, y que sólo contempla sanciones irrisorias, el TSE está atado de manos en su esfuerzo por ordenar las “alegres elecciones”. Por si fuera poco, como el Tribunal Supremo no es tan supremo, sus fallos quedan sujetos a recursos cuya resolución final recae eventualmente en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Por todo ello, la opinión pública juzgó con un toque de escepticismo el ultimátum contra la campaña anticipada. Mientras acuerpaba públicamente al TSE en su esfuerzo de sancionar a los partidos, en el fondo, dudaba de la aplicabilidad de la amenaza.
Una vez cumplida, la suspensión de 11 agrupaciones catapultó la legitimidad de un Tribunal que aspira a restituir la autoridad del árbitro electoral. Sin embargo, persisten las dudas sobre la aplicabilidad de la sanción. El Patriota ya anunció que evaluaría las acciones a emprender, lo cual pareciera indicar que el desenlace final de esta batalla recaerá en la CC !Vaya papa caliente!
No obstante, esta batalla es tan sólo el preludio, pues la campaña anticipada apenas es la punta del iceberg. El siguiente reto del árbitro será combatir el uso de la maquinaria del Estado y el erario público para impulsar a un candidato oficial. Y en el 2015, cuando realmente empiece la gran final, enfrenta la menuda tarea de fiscalizar el financiamiento de los partidos y hacer cumplir una normativa que le deja sin silbato ni tarjetas para pitar un partido donde el juego sucio y el irrespeto a la ley generalmente producen al ganador de los comicios.