Redacción
15 de julio, 2014
Como se sabe, la estrategia de la guerrilla guatemalteca, derrotada militarmente en el conflicto armado, ha sido usar la propaganda mediática para así poder llegar a los terrenos de la venganza “jurídica”. El amplio apoyo financiero de los gobiernos de algunos países nórdicos que, al parecer, no están al tanto del gasto de los recursos de sus ciudadanos-contribuyentes; y la manipulación enfocada en la opinión pública internacional, todo ello ha tenido el relativo éxito de la ahora guerrilla mediática.
Una clara prueba de esta manipulación son los reconocimientos y premios que ha recibido, entre otros, la nefasta exfiscal, quien, como parte de la estrategia de los derrotados en el conflicto, había logrado colarse en los órganos de justicia nacional con el apoyo del lobby internacional organizado por la guerrilla. Si en Guatemala es sabida su trayectoria delictiva y su sed de venganza contra el estado, tal parece que en el exterior a muchos políticos no les importan estos hechos.
Otros terroristas, disfrazados de escritores, periodistas y sociólogos – y todos ellos, “defensores de los derechos humanos” – pululan por las aulas de algunos centros de educación mantenidos por el presupuesto estatal o donaciones extranjeras; y en la prensa, opinando desde sus casas muy lejos de Guatemala sobre “la pequeña burguesía chapina” o “la involución de la clase media guatemalteca” que no los apoya.
Sin embargo, tanto los guatemaltecos como los extranjeros que siguen la telenovela del “genocidio” deben preguntarse: ¿con qué razón moral los terroristas sinvergüenzas se adueñan de la historia que ya los condenó? Y otra pregunta, más importante: ¿cuándo estos terroristas van a responder por sus crímenes de lesa humanidad?
Ya hasta el cansancio se ha hablado de la falsa a todas luces cantidad de las víctimas del conflicto armado que presenta la izquierda guatemalteca. La cifra de 200 mil, que hasta aparece en los libros de texto que ellos mismos crearon para la secundaria, está sacada de la manga y no se deduce ni siquiera de los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), conformada por ellos y sus simpatizantes, y que en realidad, con todas las repeticiones, contabiliza 130 mil víctimas. Es decir, los farsantes inventan cifras y los mismos mendaces se desorientan. ¡Qué descoordinación!
Hablando de las cifras, es sabido que los impostores de la CEH, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y de otras estructuras semejantes no incluyeron y evitan mencionar los actos terroristas como el asesinato de los embajadores de los EEUU John Gordon Mein en 1968 y de RFA Karl von Spreti en 1970; los secuestros de los diplomáticos, empresarios y otros ciudadanos, incluyendo el de Ricardo Méndez-Ruiz; el bombazo en el 1980, en el que murieron 7 personas y decenas resultaron heridos, muchos de ellos quedaron minusválidos. ¿Quién va a responder por toda esta barbarie? ¿Quién va a resarcir el daño a las víctimas?
Desde el 2011 existen más de 30 denuncias penales contra los terroristas. Todas las denuncias indican a los responsables, tanto de la URNG, como del EGP, del CUC, de la ORPA y de otras organizaciones delictivas. Las denuncias más sonadas son la de Ricardo Méndez-Ruiz (por el secuestró que sufrió); de Esthela de Matta (por el bombazo) y de Theodore Plocharski (por los secuestros y asesinatos). Sin embargo, ninguna de las causas penales ha sido concluida, mientras que la mayoría de los señalados en estas denuncias siguen burlándose de la justicia y de los guatemaltecos. En muchos casos lo hacen desde el extranjero. Otros, como el embajador-terrorista Máximo Cajal, ya murieron por causas naturales sin que la justicia nunca los alcanzara.
El único caso concluido es de la masacre que los terroristas de la ORPA cometieron en la aldea El Aguacate, Chimaltenango. Por la muerte de los 22 campesinos el tribunal acaba de condenar a un mando menor, Fermín Solano, a 90 años. No obstante, este juicio es otra mojiganga de la izquierda ya que los verdaderos responsables, los cabecillas que ordenaron la matanza, se esconden tras los acuerdos de la mal llamada paz e, incluso, “legislan” en el Congreso.
La historia no puede ser escrita por los delincuentes derrotados, y mucho menos si estos no han sido condenados por sus delitos. Ni la paz puede ser construida mientras la justicia no alcance hasta al último terrorista por los crímenes contra la vida y contra la propiedad privada y pública. La cantaleta sobre el genocidio solo sirve a los vividores para conseguir más fondos internacionales con el objetivo de evitar la justicia.
[email protected]
Redacción
15 de julio, 2014
Como se sabe, la estrategia de la guerrilla guatemalteca, derrotada militarmente en el conflicto armado, ha sido usar la propaganda mediática para así poder llegar a los terrenos de la venganza “jurídica”. El amplio apoyo financiero de los gobiernos de algunos países nórdicos que, al parecer, no están al tanto del gasto de los recursos de sus ciudadanos-contribuyentes; y la manipulación enfocada en la opinión pública internacional, todo ello ha tenido el relativo éxito de la ahora guerrilla mediática.
Una clara prueba de esta manipulación son los reconocimientos y premios que ha recibido, entre otros, la nefasta exfiscal, quien, como parte de la estrategia de los derrotados en el conflicto, había logrado colarse en los órganos de justicia nacional con el apoyo del lobby internacional organizado por la guerrilla. Si en Guatemala es sabida su trayectoria delictiva y su sed de venganza contra el estado, tal parece que en el exterior a muchos políticos no les importan estos hechos.
Otros terroristas, disfrazados de escritores, periodistas y sociólogos – y todos ellos, “defensores de los derechos humanos” – pululan por las aulas de algunos centros de educación mantenidos por el presupuesto estatal o donaciones extranjeras; y en la prensa, opinando desde sus casas muy lejos de Guatemala sobre “la pequeña burguesía chapina” o “la involución de la clase media guatemalteca” que no los apoya.
Sin embargo, tanto los guatemaltecos como los extranjeros que siguen la telenovela del “genocidio” deben preguntarse: ¿con qué razón moral los terroristas sinvergüenzas se adueñan de la historia que ya los condenó? Y otra pregunta, más importante: ¿cuándo estos terroristas van a responder por sus crímenes de lesa humanidad?
Ya hasta el cansancio se ha hablado de la falsa a todas luces cantidad de las víctimas del conflicto armado que presenta la izquierda guatemalteca. La cifra de 200 mil, que hasta aparece en los libros de texto que ellos mismos crearon para la secundaria, está sacada de la manga y no se deduce ni siquiera de los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), conformada por ellos y sus simpatizantes, y que en realidad, con todas las repeticiones, contabiliza 130 mil víctimas. Es decir, los farsantes inventan cifras y los mismos mendaces se desorientan. ¡Qué descoordinación!
Hablando de las cifras, es sabido que los impostores de la CEH, del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) y de otras estructuras semejantes no incluyeron y evitan mencionar los actos terroristas como el asesinato de los embajadores de los EEUU John Gordon Mein en 1968 y de RFA Karl von Spreti en 1970; los secuestros de los diplomáticos, empresarios y otros ciudadanos, incluyendo el de Ricardo Méndez-Ruiz; el bombazo en el 1980, en el que murieron 7 personas y decenas resultaron heridos, muchos de ellos quedaron minusválidos. ¿Quién va a responder por toda esta barbarie? ¿Quién va a resarcir el daño a las víctimas?
Desde el 2011 existen más de 30 denuncias penales contra los terroristas. Todas las denuncias indican a los responsables, tanto de la URNG, como del EGP, del CUC, de la ORPA y de otras organizaciones delictivas. Las denuncias más sonadas son la de Ricardo Méndez-Ruiz (por el secuestró que sufrió); de Esthela de Matta (por el bombazo) y de Theodore Plocharski (por los secuestros y asesinatos). Sin embargo, ninguna de las causas penales ha sido concluida, mientras que la mayoría de los señalados en estas denuncias siguen burlándose de la justicia y de los guatemaltecos. En muchos casos lo hacen desde el extranjero. Otros, como el embajador-terrorista Máximo Cajal, ya murieron por causas naturales sin que la justicia nunca los alcanzara.
El único caso concluido es de la masacre que los terroristas de la ORPA cometieron en la aldea El Aguacate, Chimaltenango. Por la muerte de los 22 campesinos el tribunal acaba de condenar a un mando menor, Fermín Solano, a 90 años. No obstante, este juicio es otra mojiganga de la izquierda ya que los verdaderos responsables, los cabecillas que ordenaron la matanza, se esconden tras los acuerdos de la mal llamada paz e, incluso, “legislan” en el Congreso.
La historia no puede ser escrita por los delincuentes derrotados, y mucho menos si estos no han sido condenados por sus delitos. Ni la paz puede ser construida mientras la justicia no alcance hasta al último terrorista por los crímenes contra la vida y contra la propiedad privada y pública. La cantaleta sobre el genocidio solo sirve a los vividores para conseguir más fondos internacionales con el objetivo de evitar la justicia.
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