Redacción
15 de julio, 2014
El concepto de “sociedad del riesgo” lo escuché por primera vez cuando aún era alumna de la escuela de criminología, fue acuñado por Ulrich Beck en 1986 en su libro Risikogesellschaft. Una de las principales ideas de este sociólogo alemán es que actualmente vivimos en un nuevo modelo de sociedad capitalista (respecto de la construida en el siglo XVIII con la industrialización), con nuevos procesos y nuevos retos como la globalización (de la economía, del crimen, de la cultura y de la información), la individualización, la crisis ecológica y las turbulencias de los mercados financieros.
Frente a este desolador escenario, Ulrich afirma que la “esperanza y desesperación no pueden evitar entrecruzarse en nuestras experiencias”. Nos llama a construir, en medio de una gran cantidad de rupturas y contradicciones, a buscar líneas de continuidad y coherencia sin necesidad de acudir a tendencias radicales, sino por el contrario, conciliatorias, no confrontativas; a mi entender, democráticas y solidarias.
Este viernes 11 por la mañana presenciamos (otra vez) actos de delincuencia organizada de gran escala: (1) por la madrugada, en las instalaciones de una empresa ubicada en zona 18, se lanzó un granadazo que dejó 8 trabajadores heridos; (2) ataque contra una empresa embotelladora de bebidas ubicada la calzada Roosevelt – se detectaron perforaciones de bala; (3) balean a un camión de bebidas gaseosas en la colonia Quinta Samayoa, salió herido el chofer. Pero hay antecedentes cercanos como el lanzamiento de una granada contra un camión repartidor de agua en la zona 18 que dejó como saldo la muerte de una mujer y 11 personas heridas; y el ataque y asesinato contra un piloto de camión repartidor de agua purificada en San José Pinula.
Las extorsiones están a la orden del día y constituyen un riesgo para las personas, las familias, las empresas y un reto para el sistema de justicia, cuyo fin último es garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, como parte fundamental del Estado.
Sin embargo, la prestación del servicio de seguridad pública que involucra desde el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, etc., depende en gran medida de los recursos patrimoniales que se destinen para el funcionamiento de estas instituciones y su escrupulosa administración. Entiéndase que el derecho a la seguridad es de tipo prestacional por lo que dotar a estas instituciones de medios para realizar sus funciones es determinante y estratégico.
Ahora bien, las causas de la criminalidad no se atacan con armas ni con el endurecimiento de las penas, es parte de la gestión del riesgo, pero no es la respuesta más racional ni eficiente. No debería hacer falta observar que la progresión del desarrollo humano obliga a que los miembros de una comunidad, en igualdad de condiciones, accedan a oportunidades de atención médica, educación, alimentación, en fin, de satisfacción de necesidades básicas.
En todo caso, la gestión del riesgo que significa la criminalidad implica, más allá de herramientas de persecución penal, que se invierta en políticas públicas que cubran y garanticen estas necesidades. Los ejemplos que traje a colación (ataques y extorsiones a empresas) son verdaderos detonantes de atracción o aversión de inversiones al país, más que la imposición o exención de tributos.
¿Cuánto cuestan los derechos? Esta aparentemente simple pregunta acarrea la indispensable participación democrática en su contestación debido a las inquietantes cargas tributarias que apareja y nos obliga como comunidad a repensar en cuáles son los aspectos más importantes para atraer inversiones, a la luz de nuestra actual Constitución Política, que dicho sea de paso, es República.
Redacción
15 de julio, 2014
El concepto de “sociedad del riesgo” lo escuché por primera vez cuando aún era alumna de la escuela de criminología, fue acuñado por Ulrich Beck en 1986 en su libro Risikogesellschaft. Una de las principales ideas de este sociólogo alemán es que actualmente vivimos en un nuevo modelo de sociedad capitalista (respecto de la construida en el siglo XVIII con la industrialización), con nuevos procesos y nuevos retos como la globalización (de la economía, del crimen, de la cultura y de la información), la individualización, la crisis ecológica y las turbulencias de los mercados financieros.
Frente a este desolador escenario, Ulrich afirma que la “esperanza y desesperación no pueden evitar entrecruzarse en nuestras experiencias”. Nos llama a construir, en medio de una gran cantidad de rupturas y contradicciones, a buscar líneas de continuidad y coherencia sin necesidad de acudir a tendencias radicales, sino por el contrario, conciliatorias, no confrontativas; a mi entender, democráticas y solidarias.
Este viernes 11 por la mañana presenciamos (otra vez) actos de delincuencia organizada de gran escala: (1) por la madrugada, en las instalaciones de una empresa ubicada en zona 18, se lanzó un granadazo que dejó 8 trabajadores heridos; (2) ataque contra una empresa embotelladora de bebidas ubicada la calzada Roosevelt – se detectaron perforaciones de bala; (3) balean a un camión de bebidas gaseosas en la colonia Quinta Samayoa, salió herido el chofer. Pero hay antecedentes cercanos como el lanzamiento de una granada contra un camión repartidor de agua en la zona 18 que dejó como saldo la muerte de una mujer y 11 personas heridas; y el ataque y asesinato contra un piloto de camión repartidor de agua purificada en San José Pinula.
Las extorsiones están a la orden del día y constituyen un riesgo para las personas, las familias, las empresas y un reto para el sistema de justicia, cuyo fin último es garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, como parte fundamental del Estado.
Sin embargo, la prestación del servicio de seguridad pública que involucra desde el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, etc., depende en gran medida de los recursos patrimoniales que se destinen para el funcionamiento de estas instituciones y su escrupulosa administración. Entiéndase que el derecho a la seguridad es de tipo prestacional por lo que dotar a estas instituciones de medios para realizar sus funciones es determinante y estratégico.
Ahora bien, las causas de la criminalidad no se atacan con armas ni con el endurecimiento de las penas, es parte de la gestión del riesgo, pero no es la respuesta más racional ni eficiente. No debería hacer falta observar que la progresión del desarrollo humano obliga a que los miembros de una comunidad, en igualdad de condiciones, accedan a oportunidades de atención médica, educación, alimentación, en fin, de satisfacción de necesidades básicas.
En todo caso, la gestión del riesgo que significa la criminalidad implica, más allá de herramientas de persecución penal, que se invierta en políticas públicas que cubran y garanticen estas necesidades. Los ejemplos que traje a colación (ataques y extorsiones a empresas) son verdaderos detonantes de atracción o aversión de inversiones al país, más que la imposición o exención de tributos.
¿Cuánto cuestan los derechos? Esta aparentemente simple pregunta acarrea la indispensable participación democrática en su contestación debido a las inquietantes cargas tributarias que apareja y nos obliga como comunidad a repensar en cuáles son los aspectos más importantes para atraer inversiones, a la luz de nuestra actual Constitución Política, que dicho sea de paso, es República.