El país se encuentra en el caos y no parece haber indicio alguno que permita vislumbrar una modificación de la postura del gobierno venezolano ante la crítica situación que enfrenta la nación. Se está frente a un régimen totalitario y como tal debe entenderse y analizarse. 

Hay quienes apuestan, sin embargo, a la existencia de un sector pragmático dentro del gobierno, suerte Deng Xiaoping criollos, dispuestos a emprender las reformas económicas necesarias con tal de permanecer en el poder y continuar con la hegemonía del control político sostenida desde 1999. 

Para los que opinan de esta manera, la administración de Nicolás Maduro procederá a ejecutar políticas “neoliberales” –con todo lo que implica el equívoco uso de este término– de forma tal que se realicen los ajustes macroeconómicos necesarios para que Venezuela vuelva a ser un país solvente y pueda paliar sus principales problemas dentro del ámbito fiscal y monetario. 

No es un secreto que la economía venezolana se encuentra en terapia intensiva. Pero tal es su nivel de destrucción que no basta un simple ajuste, el retoque de una política pública, para enmendar las circunstancias. La economía venezolana requiere de libertad. Y en la misma medida que se le conceda libertad ello conducirá inexorablemente al fin del chavismo y sus herederos en el gobierno. 

El régimen venezolano sostiene su gobernabilidad en una frágil coalición de facciones herederas del legado político del fallecido Hugo Chávez. Ningún bando tiene suficiente fuerza para imponerse sobre los otros. Pero hay algo que sí parece claro: la preservación de la coalición se mantiene por el incentivo derivado de la repartición de la riqueza -botín- estatal entre los líderes de cada facción y sus allegados. 

Liberar la economía, eliminar los controles existentes que impiden la formación del cálculo económico y el sistema de precios implicará que el mercado y no el Estado sea quien determine el modo en el cual se crea la riqueza en Venezuela y, en consecuencia, imposibilitará a las facciones cercanas al gobierno su enriquecimiento en función del privilegio y la corrupción. 

De este modo, plantear la existencia de un presunto pragmatismo dentro del chavismo es insostenible. Desde el mismo momento en que se intente cambiar las premisas que sostienen al gobierno sin sustituir sus fundamentos el régimen se derribará. El socialismo solo funciona con control y coacción. 

De allí que sea imperativo que quienes se oponen al régimen no se limiten a contentarse con cambiar el funcionamiento del gobierno, sino del sistema en su totalidad. Hoy más que nunca se hace obligatorio plantearle al país la necesidad de tender las bases para una transición hacia la democracia. Sin bases mínimas democráticas no habrá ninguna reforma que resulte exitosa porque el poder permanecerá en manos de una banda de expoliadores y no de personas interesadas en la reconstrucción del país. 

Curiosamente, dentro de este contexto, las bases del oficialismo parecen percatarse cada vez más de los oídos sordos de su dirigencia y se empieza a barajar la idea de que la sustitución del gobierno venezolano no es un capricho opositor sino un mandato a cumplir si se quiere evitar la conversión de Venezuela en un Estado fallido. Las piezas del rompecabezas del panorama político comienzan a encajar, aunque para algunos ello no sea tan obvio.