Redacción
24 de julio, 2014
Brenda Quiñónez, la magistrada electa en sustitución de César Barrientos, ha desatado un cisma en la Corte Suprema de Justicia.
Hace un par de semanas, en una entrevista con Mario David García, señaló la falta de acceso a la información en el seno de la Corte y denunció la manipulación de actas de las sesiones del pleno. Su acción activó el sentimiento gremial de los togados, quienes superaron el faccionalismo entre “el grupo de los 7” y “el de los 6”, para presentar una queja contra Quiñonez ante la Junta de Disciplina Judicial. La contraofensiva de la Magistrada no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, señaló al Presidente de la Corte, José Arturo Sierra, de ocultar la existencia de un fondo de ahorro de Q109 millones, cuyo manejo -según Quiñónez- se presta a discrecionalidades.
Hasta aquí, la narrativa de la historia pareciera ser la de una heroína anti-corrupción que decide enfrentar los vicios del sistema. No obstante, en la Guatemala donde el tablero de ajedrez es redondo y las intrigas están a la vuelta de la esquina, la postura de la togada también debe examinarse a la luz de la coyuntura.
Recordemos. La elección de Quiñonez no estuvo libre de polémica. Primero, por su supuesta cercanía con el oficialismo, particularmente, con Juan de Dios Rodríguez, quien desde el Seguro Social coordina los esfuerzos de Gobierno para incidir en las elecciones institucionales. Segundo, porque su designación constituyó una probadita de la alianza Patriota-Líder, bloques que seguramente habrán de repartirse la elección de Corte Suprema y Salas de Apelaciones.
En los corridos de las Postuladoras, las voces conocedoras señalan que Quiñonez aspira a la reelección en octubre próximo. Y para ello, contaría con el apoyo del bloque pro-Gobierno, integrado por 9 comisionados (4 magistrados de Salas, los 4 representantes de la Planilla 2 y un Decano), además del bloque de Roberto López integrado por 15 comisionados. Con ese balance de fuerzas dentro de la Comisión, y con un Congreso tendiente hacia el fortalecimiento del bipartidismo Líder-PP, la magistrada pareciera tener el camino allanado hacia la reelección.
En esta partida, Quiñónez representa el esfuerzo de cooptación de la justicia desde el poder político. No obstante, la postura de Sierra y compañía tampoco es encomiable, pues la falta de acceso a la información y el manejo poco transparente de fondos públicos son un mal que también salpica a las instancias de justicia.
De tal forma, el cisma de la Corte no es más que un reflejo de posiciones que representan dos males del sistema, que se exacerban en el marco de las Comisiones de Postulación y las elecciones por el control de la justicia en el país.
Redacción
24 de julio, 2014
Brenda Quiñónez, la magistrada electa en sustitución de César Barrientos, ha desatado un cisma en la Corte Suprema de Justicia.
Hace un par de semanas, en una entrevista con Mario David García, señaló la falta de acceso a la información en el seno de la Corte y denunció la manipulación de actas de las sesiones del pleno. Su acción activó el sentimiento gremial de los togados, quienes superaron el faccionalismo entre “el grupo de los 7” y “el de los 6”, para presentar una queja contra Quiñonez ante la Junta de Disciplina Judicial. La contraofensiva de la Magistrada no se hizo esperar. En una conferencia de prensa, señaló al Presidente de la Corte, José Arturo Sierra, de ocultar la existencia de un fondo de ahorro de Q109 millones, cuyo manejo -según Quiñónez- se presta a discrecionalidades.
Hasta aquí, la narrativa de la historia pareciera ser la de una heroína anti-corrupción que decide enfrentar los vicios del sistema. No obstante, en la Guatemala donde el tablero de ajedrez es redondo y las intrigas están a la vuelta de la esquina, la postura de la togada también debe examinarse a la luz de la coyuntura.
Recordemos. La elección de Quiñonez no estuvo libre de polémica. Primero, por su supuesta cercanía con el oficialismo, particularmente, con Juan de Dios Rodríguez, quien desde el Seguro Social coordina los esfuerzos de Gobierno para incidir en las elecciones institucionales. Segundo, porque su designación constituyó una probadita de la alianza Patriota-Líder, bloques que seguramente habrán de repartirse la elección de Corte Suprema y Salas de Apelaciones.
En los corridos de las Postuladoras, las voces conocedoras señalan que Quiñonez aspira a la reelección en octubre próximo. Y para ello, contaría con el apoyo del bloque pro-Gobierno, integrado por 9 comisionados (4 magistrados de Salas, los 4 representantes de la Planilla 2 y un Decano), además del bloque de Roberto López integrado por 15 comisionados. Con ese balance de fuerzas dentro de la Comisión, y con un Congreso tendiente hacia el fortalecimiento del bipartidismo Líder-PP, la magistrada pareciera tener el camino allanado hacia la reelección.
En esta partida, Quiñónez representa el esfuerzo de cooptación de la justicia desde el poder político. No obstante, la postura de Sierra y compañía tampoco es encomiable, pues la falta de acceso a la información y el manejo poco transparente de fondos públicos son un mal que también salpica a las instancias de justicia.
De tal forma, el cisma de la Corte no es más que un reflejo de posiciones que representan dos males del sistema, que se exacerban en el marco de las Comisiones de Postulación y las elecciones por el control de la justicia en el país.