27 de julio, 2014
En mi columna del 3 de julio (http://www.republicagt.com/opinion/deforestacion-y-degradacion-i_ca13c2/) hacía reflexión sobre lo que a mí parecer son las verdaderas causas de la deforestación en Guatemala. Mencionaba que la sobreregulación constituye una de ellas. Una segunda causa, difícilmente advertía y menos aún reconocida por la mayoría de sus promotores, es la aplicación de políticas públicas perversas. Políticas per se, leyes e instituciones cuyos nobles propósitos generan finalmente los resultados que precisamente querían originalmente evitarse, por ello perversas.
El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), administrado por el CONAP, representa una tercera parte de la extensión del país (32%) con sus más de 297 áreas protegidas (2010), siendo la más abarcadora y quizás por ello la más perversa de las políticas forestales nacionales. Ciertamente, alguna posibilidad existe de que el Estado administre algunos parques nacionales, monumentos y sitios arqueológicos pero ello dista mucho de proponerse conservar la diversidad biológica. El sistema sufre altas tasas de deforestación desde que fue legalmente creado (1989). Tanto el Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012 (IARNA-URL), como la Evaluación de la Política Forestal Nacional (FAO-GFP, 2011), evidencian el estado de degradación de las áreas protegidas: invasiones, tala “ilícita”, transporte y comercialización “ilegal” de madera, extracción “ilegal” de vida silvestre y pésimos servicios e infraestructura en los parques nacionales. La deforestación ha alcanzado incluso zonas núcleo de áreas críticas como el Parque Nacional Tikal. Lo que aún se conserva en relativas buenas condiciones son aquellas áreas que han sido otorgadas en concesión (concesiones forestales en Petén) o se co-administran con personas y grupos locales.
Los programas de incentivos forestales, sean estos por medio de exoneraciones fiscales o estímulos económicos (PINFOR) también han sido perversos para la conservación de los bosques en el país. Aún y cuando estos programas no se proponen de manera expresa minimizar la deforestación, tácitamente presuponen cambios de comportamiento en las personas hacia un uso más racional de los bosques. No obstante, económicamente estos programas distorsionan el sistema de precios de los productos forestales y contribuyen a la competencia desleal, inhibiendo así la reforestación y el manejo forestal voluntario. Los beneficiarios del PINFOR tienen una escasa visión emprendedora entorno a sus plantaciones forestales, ¿conviene remover todo el aparato estatal, incrementar la burocracia y el presupuesto estatal por unos pocos? Ambientalmente, el incentivo ha motivado la eliminación de bosque natural y vulnerado los bosques a plagas forestales por ausencia de manejo. Políticamente, ha subordinado el mercado económico al mercado político, convirtiendo la arena legislativa en escenario de continuo lobby que busca, ya sea un incentivo más sofisticado o la continuidad de aquel mismo (http://redrana.org/index.php/Informes_de_investigaci%C3%B3n).
Los programas que suponen estimular la agricultura en el país constituyen la tercer política pública perversa. El programa de fertilizantes, el de riego, el de semillas, el sistema de extensión agrícola y todas esos engendros de ingeniería social alientan la eliminación de bosques naturales, mantienen la economía de subsistencia, la dependencia en el uso de la leña y deterioran la fertilidad de los suelos—no precisamente por emplear productos químicos sino porque las composiciones no corresponden a las necesidades particulares de cada sitio.
Todas estas disposiciones materializadas en leyes, instituciones, programas y proyectos gubernamentales, responden a una visión de planificación centralizada. Todas y cada una han sido inútiles, perjudiciales y, lo que es aún peor, contraproducentes. Todas contribuyen a la deforestación, a la sobreutilización de los bosques, a la irresponsabilidad, a la (afortunada) clandestinidad, al paternalismo, a la expoliación legal y a una mayor autoridad de los gobiernos sobre el bolsillo de los guatemaltecos. No te pierdas mi última columna sobre este tema.
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Jorge David Chapas es agrónomo especialista en bosques y economía ambiental. Cofundador y director ejecutivo de Rana. Investigador asociado al CEES y alumno del PERC.
27 de julio, 2014
En mi columna del 3 de julio (http://www.republicagt.com/opinion/deforestacion-y-degradacion-i_ca13c2/) hacía reflexión sobre lo que a mí parecer son las verdaderas causas de la deforestación en Guatemala. Mencionaba que la sobreregulación constituye una de ellas. Una segunda causa, difícilmente advertía y menos aún reconocida por la mayoría de sus promotores, es la aplicación de políticas públicas perversas. Políticas per se, leyes e instituciones cuyos nobles propósitos generan finalmente los resultados que precisamente querían originalmente evitarse, por ello perversas.
El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), administrado por el CONAP, representa una tercera parte de la extensión del país (32%) con sus más de 297 áreas protegidas (2010), siendo la más abarcadora y quizás por ello la más perversa de las políticas forestales nacionales. Ciertamente, alguna posibilidad existe de que el Estado administre algunos parques nacionales, monumentos y sitios arqueológicos pero ello dista mucho de proponerse conservar la diversidad biológica. El sistema sufre altas tasas de deforestación desde que fue legalmente creado (1989). Tanto el Perfil Ambiental de Guatemala 2010-2012 (IARNA-URL), como la Evaluación de la Política Forestal Nacional (FAO-GFP, 2011), evidencian el estado de degradación de las áreas protegidas: invasiones, tala “ilícita”, transporte y comercialización “ilegal” de madera, extracción “ilegal” de vida silvestre y pésimos servicios e infraestructura en los parques nacionales. La deforestación ha alcanzado incluso zonas núcleo de áreas críticas como el Parque Nacional Tikal. Lo que aún se conserva en relativas buenas condiciones son aquellas áreas que han sido otorgadas en concesión (concesiones forestales en Petén) o se co-administran con personas y grupos locales.
Los programas de incentivos forestales, sean estos por medio de exoneraciones fiscales o estímulos económicos (PINFOR) también han sido perversos para la conservación de los bosques en el país. Aún y cuando estos programas no se proponen de manera expresa minimizar la deforestación, tácitamente presuponen cambios de comportamiento en las personas hacia un uso más racional de los bosques. No obstante, económicamente estos programas distorsionan el sistema de precios de los productos forestales y contribuyen a la competencia desleal, inhibiendo así la reforestación y el manejo forestal voluntario. Los beneficiarios del PINFOR tienen una escasa visión emprendedora entorno a sus plantaciones forestales, ¿conviene remover todo el aparato estatal, incrementar la burocracia y el presupuesto estatal por unos pocos? Ambientalmente, el incentivo ha motivado la eliminación de bosque natural y vulnerado los bosques a plagas forestales por ausencia de manejo. Políticamente, ha subordinado el mercado económico al mercado político, convirtiendo la arena legislativa en escenario de continuo lobby que busca, ya sea un incentivo más sofisticado o la continuidad de aquel mismo (http://redrana.org/index.php/Informes_de_investigaci%C3%B3n).
Los programas que suponen estimular la agricultura en el país constituyen la tercer política pública perversa. El programa de fertilizantes, el de riego, el de semillas, el sistema de extensión agrícola y todas esos engendros de ingeniería social alientan la eliminación de bosques naturales, mantienen la economía de subsistencia, la dependencia en el uso de la leña y deterioran la fertilidad de los suelos—no precisamente por emplear productos químicos sino porque las composiciones no corresponden a las necesidades particulares de cada sitio.
Todas estas disposiciones materializadas en leyes, instituciones, programas y proyectos gubernamentales, responden a una visión de planificación centralizada. Todas y cada una han sido inútiles, perjudiciales y, lo que es aún peor, contraproducentes. Todas contribuyen a la deforestación, a la sobreutilización de los bosques, a la irresponsabilidad, a la (afortunada) clandestinidad, al paternalismo, a la expoliación legal y a una mayor autoridad de los gobiernos sobre el bolsillo de los guatemaltecos. No te pierdas mi última columna sobre este tema.
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Jorge David Chapas es agrónomo especialista en bosques y economía ambiental. Cofundador y director ejecutivo de Rana. Investigador asociado al CEES y alumno del PERC.