Constantemente me encuentro frente a dos situaciones:
la primera, veo los periódicos y constantemente sale por allí algún analista o
el vocero o representante de alguna una organización o asociación manifestando
como la causa de tal o cual problema es la falta de tal o cual ley y,
consecuente, la solución resulta la promulgación esa ley que tanto hace falta.
Segundo, asisto a alguna reunión social y siempre surge el tema de cómo
Guatemala está verdaderamente descompuesta; aparece entonces quien diga:
‘el problema es que no hay una ley que…’.

¿Qué concepción es esta que tenemos de la ley? No me lo
explico. ¿En verdad somos tan ingenuos como para pensar que la simple
promulgación de una ley cambiará las cosas? ¿En verdad creemos que con tan solo
entrar en vigencia una ley cobrará vida propia y se hará respetar por sí misma?
Ya sabemos que la respuesta es un rotundo no.

Si algo hay en Guatemala, me parece, son leyes. Hay
muchas, para cualquier cosa, unas parecen incluso un tanto ridículas. Veamos.
Hay una ley que regula el uso y registro de motosierras (Decreto del Congreso
-DC- 122-96), otra promueve el turismo interno (DC 42-2010), existe una que
fomenta la educación ambiental (DC 74-96), otra regula los idiomas nacionales
(DC 19-2003), una muy atinada pero de seguro no aplicada para la educación
especial para personas con capacidades especiales (DC 58-2007), hay ley contra
la corrupción (DC 31-2012), hay ley del transporte (DC 253), hay ley general de
electricidad (DC 93-96), otra ley para la descentralización cultural (DC 95-96)
y otras que uno ni se imaginaría: ‘Ley que Declara al Maíz como Patrimonio
Cultural Intangible de la Nación’ (DC 13-2014), ‘Ley que Declara el
Día del Agua y que Fomenta la Campaña Nacional Cuidemos el Agua’ (DC 17-2014)
o la ‘Ley para la Formación Científica de Recurso Humano para la
Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Regiones Tropicales Húmedas’
(DC 94-96). Hay tanta ley que ni los abogados la conocen toda, tampoco los
jueces. Hay leyes viejísimas, como el Código Militar o la ley de traductores,
ambas del tiempo del generalísimo señor don Justo Rufino Barrios, puede que
haya alguna del tiempo de la Colonia. La lista es infinita, casi. Existen
tantas leyes que apuesto que ni el mismísimo Congreso sabe con certeza cuantas
ni cuales son las vigentes.

Lo que no hay, no nos mintamos, son ganas o disposición
a obedecerlas. Y esto sobre las que se conocen, porque el otro problema es
justamente ese. ¿Cómo saber cuáles son las disposiciones que debemos obedecer?
Porque no es como que estén por allí colgadas o expuestas como lo estaban las
doce tablas en Roma o el código de Hammurabí. De tal cuenta resulta que nuestra
convivencia social se reduce, principalmente a obedecer normas de ‘sentido
común’ o algunos estereotipos sociales o modales impuestos por nuestros
padres o la religión y la ley al final, en el día a día, de poco o de nada
sirve.

Tomemos en cuenta que a medida que el número de leyes
aumenta también lo harán los procedimientos, los procesos, los controles, la
burocracia y lo peor de todo… ¡los burócratas! La ley se convierte más bien
en un circulo vicioso, un obstáculo al cambio y al progreso social. Termina
siendo entonces que una ley que era desobedecida da lugar a otras leyes más que
intentan reforzar su cumplimiento y al final en lugar de una tenemos diez, y
luego cincuenta, y luego cien, mil, dos mil… y ya no es más que papel y
tinta, como el dinero; mas, de seguir así, y es justamente lo que aquí sucede,
es más como el papel higiénico.