Ellos comen pero no dejan comer. No tienen propuesta para crear más
empleos, pero se oponen a cualquier política que pudiera hacerlo. Demandan
aumentos en los ingresos laborales pero se oponen a cualquier medida que
pudiera aumentarlos a los millones de guatemaltecos que viven en pobreza y trabajan
en la informalidad. Dicen defender derechos irrenunciables pero se oponen a que
más guatemaltecos puedan gozar de los mismos. Dicen defender al pueblo, pero se
oponen a las propuestas legítimas de la población para crear nuevas
oportunidades de trabajo en el país. Peor que el perro del hortelano. Así es la
oposición del liderazgo sindical, y de sus aliados de siempre, a la propuesta
de diferenciación salarial presentada por los municipios de Masagua,
Guastatoya, San Agustín Acasagustlán y Estanzuela.
La realidad en esos municipios, tal y como lo demuestran las encuestas
nacionales de empleo, y como lo han ratificado públicamente los líderes
políticos y sociales de esos lugares, es que no existen suficientes fuentes de
empleo formal para absorber a toda la población desempleada y subempleada y que
los niveles de ingresos laborales están muy por debajo del salario mínimo
vigente en el país. Esto, claro está, después de casi medio siglo de continuas
promesas por parte de políticos y líderes sindicales basadas en aumentos
constantes al salario mínimo. Es difícil
pedirle a alguien que siempre ha estado desempleado que no puede renunciar a
sus derechos laborales, entre ellos el salario mínimo vigente, de un poco más
de Q 2,100, cuando jamás ha ganado ni la mitad de esa cifra en toda su vida y
nunca ha gozado de los derechos que la ley establece.
Es difícil entender la oposición del sindicalismo a la posibilidad que
estas personas puedan ganar el doble de lo que hoy ganan en trabajando en la
informalidad, el subempleo y el autoempleo. Qué sentido tiene para los
habitantes de estos cuatro municipios que un líder sindical reclame que “los
derechos de los trabajadores son irrenunciables y no pueden ser disminuidos”
cuando la mayoría de los beneficiarios de la propuesta de diferenciación
salarial nunca han tenido acceso a los mismos. O que otro líder considere
ilegal la medida por el “derecho adquirido del salario mínimo” cuando casi
nadie tiene acceso al mismo ya que no existen suficientes empresas formales
interesadas en radicarse en esos lugares y crear plazas formales de empleo.
Para quien no tiene empleo formal y acceso al salario mínimo, dado que no hay
fuentes de empleo formales en esos lugares, y que nunca ha gozado de los
irrenunciables derechos que establece la ley, ya que las empresas locales son
muy pequeñas e informales para poder honrar tales compromisos, tales
declaraciones de los líderes sindicales son un insulto a esas personas. En la
práctica, estos líderes sindicales terminan exigiendo al pueblo fidelidad
absoluta a celosos dioses falsos, que no son incapaces de cumplir lo que
prometen pero que castigan duramente a quienes ponen en duda la validez de su
doctrina.
Ellos comen pero no dejan comer. No tienen propuesta para crear más
empleos, pero se oponen a cualquier política que pudiera hacerlo. Demandan
aumentos en los ingresos laborales pero se oponen a cualquier medida que
pudiera aumentarlos a los millones de guatemaltecos que viven en pobreza y trabajan
en la informalidad. Dicen defender derechos irrenunciables pero se oponen a que
más guatemaltecos puedan gozar de los mismos. Dicen defender al pueblo, pero se
oponen a las propuestas legítimas de la población para crear nuevas
oportunidades de trabajo en el país. Peor que el perro del hortelano. Así es la
oposición del liderazgo sindical, y de sus aliados de siempre, a la propuesta
de diferenciación salarial presentada por los municipios de Masagua,
Guastatoya, San Agustín Acasagustlán y Estanzuela.
La realidad en esos municipios, tal y como lo demuestran las encuestas
nacionales de empleo, y como lo han ratificado públicamente los líderes
políticos y sociales de esos lugares, es que no existen suficientes fuentes de
empleo formal para absorber a toda la población desempleada y subempleada y que
los niveles de ingresos laborales están muy por debajo del salario mínimo
vigente en el país. Esto, claro está, después de casi medio siglo de continuas
promesas por parte de políticos y líderes sindicales basadas en aumentos
constantes al salario mínimo. Es difícil
pedirle a alguien que siempre ha estado desempleado que no puede renunciar a
sus derechos laborales, entre ellos el salario mínimo vigente, de un poco más
de Q 2,100, cuando jamás ha ganado ni la mitad de esa cifra en toda su vida y
nunca ha gozado de los derechos que la ley establece.
Es difícil entender la oposición del sindicalismo a la posibilidad que
estas personas puedan ganar el doble de lo que hoy ganan en trabajando en la
informalidad, el subempleo y el autoempleo. Qué sentido tiene para los
habitantes de estos cuatro municipios que un líder sindical reclame que “los
derechos de los trabajadores son irrenunciables y no pueden ser disminuidos”
cuando la mayoría de los beneficiarios de la propuesta de diferenciación
salarial nunca han tenido acceso a los mismos. O que otro líder considere
ilegal la medida por el “derecho adquirido del salario mínimo” cuando casi
nadie tiene acceso al mismo ya que no existen suficientes empresas formales
interesadas en radicarse en esos lugares y crear plazas formales de empleo.
Para quien no tiene empleo formal y acceso al salario mínimo, dado que no hay
fuentes de empleo formales en esos lugares, y que nunca ha gozado de los
irrenunciables derechos que establece la ley, ya que las empresas locales son
muy pequeñas e informales para poder honrar tales compromisos, tales
declaraciones de los líderes sindicales son un insulto a esas personas. En la
práctica, estos líderes sindicales terminan exigiendo al pueblo fidelidad
absoluta a celosos dioses falsos, que no son incapaces de cumplir lo que
prometen pero que castigan duramente a quienes ponen en duda la validez de su
doctrina.