Nuestro país tiene muchos problemas que son fuente natural de conflicto y aun así, pareciera que nos queremos esforzar para promover más. Hace dos meses, se publicó en el diario oficial la denominada “Ley para la protección de obtenciones vegetales” decreto 19-2014. Una iniciativa que si bien pareciera positiva en el sentido de cumplir con compromisos firmados en el DR-CAFTA y fomentar la propiedad intelectual y el derecho legítimo de autores o inventores de gozar de la propiedad exclusiva de sus obras, en la práctica resulta una ley que a todas luces deja varios cuestionamientos, tanto de forma como de fondo.
Empezando con la forma en que fue aprobada, sin ninguna discusión técnica, este tipo de iniciativas causan dudas porque milagrosamente logran colarse en la agenda legislativa y obtener una vía expedita para su consentimiento, sin que nadie se entere de las implicaciones que podría tener para la población (incluyendo al propio Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales). La poca transparencia con que se logró el beneplácito en el Congreso de la República, genera suspicacias, especialmente cuando vemos varias iniciativas de ley cuya aprobación vive el sueño de los justos o simplemente sirven para promover foros públicos, sin logran los consensos necesarios.
Adicionalmente, causa rechazo de parte de algunas comunidades indígenas el hecho que se vean desprotegidas sus costumbres ancestrales de producción, especialmente de especies vegetales silvestres o semillas, que podría ser una fuente de conflictividad, como ya se empieza a ver en algunos municipios, en donde se ha despertado la incertidumbre sobre quién determinará la forma en que una especie es nueva y cómo el reglamento considerará los géneros y especies a proteger, pudiendo ser ambigua en su categorización y en un país donde francamente no se ven técnicos en las instituciones del Estado.
Como si fuera poco, existe la preocupación de que esta iniciativa atentaría contra la seguridad alimentaria nutricional de varios campesinos. Por último, si se hubiera podido discutir de una manera técnica, se hubiese evitado algunos artículos que amplían el presupuesto de Ministerios que ninguna relación tienen con el tema de vegetales.
Una alternativa viable sería solicitar la derogación de la iniciativa de ley y redactar una nueva normativa que cumpla con los compromisos adquiridos, sin tener que lidiar con las acciones subjetivas que promueve esta iniciativa. Se deberían fomentar mayores consensos hacia la búsqueda de una verdadera protección intelectual, sin limitar lo que ya en Guatemala se produce. Este tipo de iniciativas no logrará fortalecer la propiedad intelectual, cuando por otro lado se está dejando demasiada subjetividad en la forma en que se van a establecer los géneros y especies a proteger.
Nuestro país tiene muchos problemas que son fuente natural de conflicto y aun así, pareciera que nos queremos esforzar para promover más. Hace dos meses, se publicó en el diario oficial la denominada “Ley para la protección de obtenciones vegetales” decreto 19-2014. Una iniciativa que si bien pareciera positiva en el sentido de cumplir con compromisos firmados en el DR-CAFTA y fomentar la propiedad intelectual y el derecho legítimo de autores o inventores de gozar de la propiedad exclusiva de sus obras, en la práctica resulta una ley que a todas luces deja varios cuestionamientos, tanto de forma como de fondo.
Empezando con la forma en que fue aprobada, sin ninguna discusión técnica, este tipo de iniciativas causan dudas porque milagrosamente logran colarse en la agenda legislativa y obtener una vía expedita para su consentimiento, sin que nadie se entere de las implicaciones que podría tener para la población (incluyendo al propio Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales). La poca transparencia con que se logró el beneplácito en el Congreso de la República, genera suspicacias, especialmente cuando vemos varias iniciativas de ley cuya aprobación vive el sueño de los justos o simplemente sirven para promover foros públicos, sin logran los consensos necesarios.
Adicionalmente, causa rechazo de parte de algunas comunidades indígenas el hecho que se vean desprotegidas sus costumbres ancestrales de producción, especialmente de especies vegetales silvestres o semillas, que podría ser una fuente de conflictividad, como ya se empieza a ver en algunos municipios, en donde se ha despertado la incertidumbre sobre quién determinará la forma en que una especie es nueva y cómo el reglamento considerará los géneros y especies a proteger, pudiendo ser ambigua en su categorización y en un país donde francamente no se ven técnicos en las instituciones del Estado.
Como si fuera poco, existe la preocupación de que esta iniciativa atentaría contra la seguridad alimentaria nutricional de varios campesinos. Por último, si se hubiera podido discutir de una manera técnica, se hubiese evitado algunos artículos que amplían el presupuesto de Ministerios que ninguna relación tienen con el tema de vegetales.
Una alternativa viable sería solicitar la derogación de la iniciativa de ley y redactar una nueva normativa que cumpla con los compromisos adquiridos, sin tener que lidiar con las acciones subjetivas que promueve esta iniciativa. Se deberían fomentar mayores consensos hacia la búsqueda de una verdadera protección intelectual, sin limitar lo que ya en Guatemala se produce. Este tipo de iniciativas no logrará fortalecer la propiedad intelectual, cuando por otro lado se está dejando demasiada subjetividad en la forma en que se van a establecer los géneros y especies a proteger.