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Portillo: mucho más que Taiwán

Redacción República
29 de agosto, 2014

En mayo de 2013, Alfonso Portillo se convirtió en el primer exgobernante guatemalteco en enfrentar la justicia estadounidense. Pero su condena revela más que solo el soborno de Taiwán.

No olvidemos que en 2011 un juzgado guatemalteco absolvió al exmandatario del delito de peculado, por la malversación de Q120 millones del Ministerio de la Defensa. Pero esta supuesta victoria no duró mucho, ya que el Gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por haber utilizado el sistema bancario de dicho país para canalizar fondos malversados. Un año después de su extradición, el pasado 23 de mayo, el Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York condenó a Alfonso Portillo a cinco años y diez meses de prisión por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

Portillo fue hallado culpable de haber utilizado el sistema bancario de Estados Unidos para lavar US$2.5 millones de un supuesto soborno que el Gobierno de Taiwán le dio a cambio de reconocer de forma diplomática a la Isla. Por su parte, Taiwán declaró que el dinero se entregó para financiar proyectos educativos, entre ellos el programa “Bibliotecas para la paz”, e incluso se realizó un acto público para celebrar dicha donación. No obstante, los cheques estaban a nombre del entonces mandatario, y las autoridades siguen esperando de Taiwán una explicación al respecto.

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Sin embargo, la culpabilidad de Alfonso Portillo va mucho más allá de un soborno de Taiwán. Según el expediente 09CRIM1142 de dicho juzgado, el exgobernante desfalcó decenas de millones del Ministerio de la Defensa, utilizando el Crédito Hipotecario Nacional y otra compañía para lavar tales fondos. Para tapar el agujero que había abierto, Portillo sobregiró grandes cantidades de dinero desde dos bancos guatemaltecos, el Banco Promotor y el Banco Metropolitano, causando eventualmente su quiebra. Además, el documento citado indica que, tras haber violado la ley de los Estados Unidos, Portillo perdió todo derecho sobre la propiedad que tuviese relación con el crimen de lavado de dinero, por lo que dicho país pasó a ser propietario de tales recursos. Dinero que aún debería formar parte del erario público de Guatemala.

Es lamentable que nuestro propio sistema de justicia, aun y con acompañamiento internacional, no haya sido capaz de encontrar culpable a un expresidente que claramente robó del erario público y que tampoco pudo recuperar dichos fondos. La corrupción y enriquecimiento a costas de los recursos del pueblo es un tema que debe ser prioridad para entidades como la Contraloría General de Cuentas, la Fiscalía General de la Nación y todo el Sistema de Justicia. Como país tenemos que darle a esas tres instituciones mayor enfoque y efectividad en la lucha contra la corrupción. Recordemos que Guatemala recauda muy poco en impuestos. La sustracción de recursos hacia el enriquecimiento personal, la corrupción y los costos asociados a “tapar los agujeros”, son crímenes en sí mismos, pero aún más insultantes en un país cuya población se muere de hambre. Por ello, este hecho amerita una reflexión profunda sobre las capacidades y la priorización que le debemos asignar a este flagelo.

Es de recordar que estamos en pleno proceso de designación de Contralor General de Cuentas y Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que quienes están a cargo de estas designaciones elijan a las personas que tengan, no solo los méritos éticos y competencias técnicas, sino también la voluntad y el temple necesario para ir tras este tipo de crímenes.

Mientras tanto, Alfonso Portillo aguarda su trasladado a un centro de mínima seguridad en Florida para cumplir su condena, de la cual se librará el próximo abril. Es momento que despertemos y que nos pongamos la mano en la conciencia para no permitir que la historia se repita. Como ciudadanos somos culpables de no cumplir nuestras obligaciones de denuncia y nuestro rol de fiscalizadores. Compartimos el deseo por que nuestro país salga adelante, pero si seguimos permitiendo que nuestro propio sistema de justicia se burle de nosotros, los cambios que añoramos nunca llegarán. Un país sin justicia es un país sin ley y, por consiguiente, un país que no progresa.

www.salvadorpaiz.com

@salva_paiz

Portillo: mucho más que Taiwán

Redacción República
29 de agosto, 2014

En mayo de 2013, Alfonso Portillo se convirtió en el primer exgobernante guatemalteco en enfrentar la justicia estadounidense. Pero su condena revela más que solo el soborno de Taiwán.

No olvidemos que en 2011 un juzgado guatemalteco absolvió al exmandatario del delito de peculado, por la malversación de Q120 millones del Ministerio de la Defensa. Pero esta supuesta victoria no duró mucho, ya que el Gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por haber utilizado el sistema bancario de dicho país para canalizar fondos malversados. Un año después de su extradición, el pasado 23 de mayo, el Juzgado Federal del Distrito Sur de Nueva York condenó a Alfonso Portillo a cinco años y diez meses de prisión por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

Portillo fue hallado culpable de haber utilizado el sistema bancario de Estados Unidos para lavar US$2.5 millones de un supuesto soborno que el Gobierno de Taiwán le dio a cambio de reconocer de forma diplomática a la Isla. Por su parte, Taiwán declaró que el dinero se entregó para financiar proyectos educativos, entre ellos el programa “Bibliotecas para la paz”, e incluso se realizó un acto público para celebrar dicha donación. No obstante, los cheques estaban a nombre del entonces mandatario, y las autoridades siguen esperando de Taiwán una explicación al respecto.

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Sin embargo, la culpabilidad de Alfonso Portillo va mucho más allá de un soborno de Taiwán. Según el expediente 09CRIM1142 de dicho juzgado, el exgobernante desfalcó decenas de millones del Ministerio de la Defensa, utilizando el Crédito Hipotecario Nacional y otra compañía para lavar tales fondos. Para tapar el agujero que había abierto, Portillo sobregiró grandes cantidades de dinero desde dos bancos guatemaltecos, el Banco Promotor y el Banco Metropolitano, causando eventualmente su quiebra. Además, el documento citado indica que, tras haber violado la ley de los Estados Unidos, Portillo perdió todo derecho sobre la propiedad que tuviese relación con el crimen de lavado de dinero, por lo que dicho país pasó a ser propietario de tales recursos. Dinero que aún debería formar parte del erario público de Guatemala.

Es lamentable que nuestro propio sistema de justicia, aun y con acompañamiento internacional, no haya sido capaz de encontrar culpable a un expresidente que claramente robó del erario público y que tampoco pudo recuperar dichos fondos. La corrupción y enriquecimiento a costas de los recursos del pueblo es un tema que debe ser prioridad para entidades como la Contraloría General de Cuentas, la Fiscalía General de la Nación y todo el Sistema de Justicia. Como país tenemos que darle a esas tres instituciones mayor enfoque y efectividad en la lucha contra la corrupción. Recordemos que Guatemala recauda muy poco en impuestos. La sustracción de recursos hacia el enriquecimiento personal, la corrupción y los costos asociados a “tapar los agujeros”, son crímenes en sí mismos, pero aún más insultantes en un país cuya población se muere de hambre. Por ello, este hecho amerita una reflexión profunda sobre las capacidades y la priorización que le debemos asignar a este flagelo.

Es de recordar que estamos en pleno proceso de designación de Contralor General de Cuentas y Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que quienes están a cargo de estas designaciones elijan a las personas que tengan, no solo los méritos éticos y competencias técnicas, sino también la voluntad y el temple necesario para ir tras este tipo de crímenes.

Mientras tanto, Alfonso Portillo aguarda su trasladado a un centro de mínima seguridad en Florida para cumplir su condena, de la cual se librará el próximo abril. Es momento que despertemos y que nos pongamos la mano en la conciencia para no permitir que la historia se repita. Como ciudadanos somos culpables de no cumplir nuestras obligaciones de denuncia y nuestro rol de fiscalizadores. Compartimos el deseo por que nuestro país salga adelante, pero si seguimos permitiendo que nuestro propio sistema de justicia se burle de nosotros, los cambios que añoramos nunca llegarán. Un país sin justicia es un país sin ley y, por consiguiente, un país que no progresa.

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