La semana pasada Ramón Benjamín
Tobar, jefe de la Superintendencia de Bancos (Sib), dio declaraciones respecto
a la urgencia de eliminar el secreto bancario en Guatemala. Dijo que si la Ley
del Secreto Bancario salía, es decir era aprobada en el Congreso, sería un
éxito para la Sib y para la Superintendencia de Administración Tributaria
(SAT), ya que ésta última tendría la facultad de pedir información para
identificar a quienes fueran sospechosos de no pagar cabalmente sus impuestos.

El principio detrás de esta ley
es dar mayor poder a los burócratas para conseguir sus fines, en este caso los
ingresos de los tributarios mediante el registro no sólo de sus bolsillos, sino
también de sus cuentas bancarias, colchón, cochinito y cualquier otro lugar
donde pueda “guardar sus ingresos”.

Aunado a esto, también la semana
pasada, personal de la SAT tuvo la
genial idea de hacer encuestas obligatorias dentro del sistema declaraguate que
se utiliza para llenar los formularios para pagar los impuestos. Estas encuestas no tendrían mayor relevancia
si no fuera por las preguntas y en especial las opciones de respuesta.

Cómo ejemplo de dichas encuestas:
¿Qué sanción debería aplicarse a quienes declaran en forma deshonesta? A.
embargarle sus bienes, B. imponerles una multa, C. Enviarlos a la cárcel. La
opción a no responder o descartar las respuestas ni siquiera existe.

¿Tendrá alguna validez este tipo
de encuestas? Si el propósito de las mismas es intimidar al tributario (que por
cierto ya está pagando impuestos) o usar esta información para después concluir
que son los mismos tributarios quienes imploran ser castigados y no es la SAT
la que pide al Congreso mayor poder y mayores castigos, entonces la encuesta
está diseñada perfectamente.

Lo que siempre me ha llamado la
atención en estos casos, es la severidad de las penas contra el tributario y la
suavidad con la que se trata a los
políticos. Por lo general las peticiones de los burócratas encargados de
exprimirle hasta el último centavo al tributario son para obtener mayor poder
discrecional, se quejan constantemente que las leyes no son lo suficientemente
estrictas y por ello no logran satisfacer sus deseos (voraces) de recaudación.

Muy pocas veces hemos oído a los
burócratas pedir leyes más rigurosas para castigar a los funcionarios
corruptos, aquellos que se roban nuestro dinero. ¿Por qué tanto celo por
obtener el dinero que está en los bolsillos del tributario y poco interés en
vigilar cómo lo gastan los políticos? ¿Será que el dinero pierde valor al
llegar a las arcas de la nación y no
importa cómo se utilice?

Si hacemos un recuento de
reformas y leyes aprobadas por el Congreso para fiscalizar al ciudadano y para
fiscalizar al político ¿cuál cree que sea mayor? Si analizamos el contenido de
dichas leyes ¿cuál cree que sea más severa con los castigos? ¿Cuál considera
que tiene mayores recursos del presupuesto? ¿Alguna vez, algún político ha
hablado de imitar las “buenas prácticas” de la SAT en la Contraloría General de
Cuentas? Solo con ese cambio se “elevaría la percepción de riesgo” para los
corruptos.

Esto me recuerda a la Rebelión de
Atlas cuando Francisco D’Anconia le dice a Dagny: “El dinero se desplaza hacia
canales que lo transportarán no a los más productivos, sino a los más
corruptos. Según las normas del tiempo, quien ofrece menos es quien gana”.

Al parecer nos estamos
acostumbrando a desperdiciar nuestro talento y energía al permitir que nos
traten como siervos-tributarios sin derecho alguno. Entonces, sólo por
curiosidad ¿cómo respondería la encuesta de la SAT?

@Md30