¿Hasta cuánto puede endeudarse el país? No hay más límite que lo que aprueben los diputados en el Congreso. Por ello, una sana, necesaria y urgente medida es ponerle un techo al endeudamiento público. Esto debería hacerse a nivel constitucional y que para poder cambiar el techo se necesite como mínimo el voto de 2/3 de los diputados. Podemos hacerlo. Veamos.
Guatemala tuvo un gran acierto en la reforma constitucional de 1994 cuando prohibió al Banco de Guatemala otorgarle préstamos al gobierno central. Esto fue un gran freno a la inflación pues se le restringió la principal fuente de financiamiento y consecuente inflación cuando el gobierno central irresponsablemente gastaba más de lo que le ingresaba por la vía tributaria. Podríamos decir que esto ha sido un primer candado a la principal fuente de inflación en la historia de todos los países del mundo entero.
Al cerrarse la posibilidad que el gobierno se endeudara a través del Banco de Guatemala entonces quedaba pedir permiso al Congreso para obtener endeudamiento público que puede ser interno o externo. Esto es una limitante porque dependerá de cada congreso si se aprueban o no los préstamos. El gobierno central debería llegar al Congreso de la República con argumentos sólidos para justificar nuevos préstamos. Sin embargo, la cosa no funciona así. El gobierno llega al Congreso cuando ya ha gastado y le urgen los fondos. Por ello ejerce presión a los diputados y lo hace muchas veces a través de la retención de fondos que beneficiarían a los votantes de las diferentes bancadas de los diputados del congreso. De esta manera, los préstamos terminan siendo aprobados independientemente si se rompe la disciplina fiscal, se incrementa del déficit presupuestal y se causan desequilibrios macroeconómicos en el país.
Una propuesta sensata consiste en limitar este endeudamiento. Ya en agosto del 2013, el actual presidente del Banco de Guatemala, Licenciado Edgar Barquín, propuso una política que norme el endeudamiento público. En las propias palabras de Barquín, “la propuesta debe incluir cuatro ejes: cuál sería el techo de la deuda en función del PIB (en mi opinión que no pase del 28%). Debe ser definida en relación con los ingresos fiscales, de manera que no sea mayor al 2.3%; además, que los déficit fiscales no estén arriba del 2.0%, y por último, que el endeudamiento sea para inversión productiva.”
Creo que una propuesta que le ponga límite al endeudamiento público del país es fundamental para evitar problemas de desequilibrios macroeconómicos. Esto presionaría al gobierno a ser más responsable a la hora de presupuestar y ejecutar su gasto. Estoy de acuerdo que esta propuesta del Lic. Barquín puede funcionar ya que actualmente no hay límite.
El presidente de Guatemala no considera la deuda como un potencial problema. En varias ocasiones él y la gente que forma su equipo de trabajo han dicho que Guatemala tiene suficiente capacidad aún de endeudamiento. Pero a mi juicio esto es peligrosísimo aunque en este momento la deuda esté llegando al 25% del PIB sin tomar en cuenta lo que el gobierno le debe al Banco Central y al IGSS. Deberíamos aprender de lo que ha pasado en otros países. Estados Unidos tenía aproximadamente una deuda pública del 28% del PIB en el 2008. En los siguientes años se incrementó hasta casi el 70% del PIB. Muchos países de Europa en ese tiempo sobrepasaron el 100%. Todos entraron en problemas fiscales y la situación actual es delicada.
Así que no podemos confiarnos y dejar abierta la puerta a más endeudamiento. Aunque pueden haber otras políticas para limitar el endeudamiento, esta que propuso el Lic. Barquín no es nada descabellada. Es bastante sensata y llama al equilibrio del presupuesto fiscal.
¿Hasta cuánto puede endeudarse el país? No hay más límite que lo que aprueben los diputados en el Congreso. Por ello, una sana, necesaria y urgente medida es ponerle un techo al endeudamiento público. Esto debería hacerse a nivel constitucional y que para poder cambiar el techo se necesite como mínimo el voto de 2/3 de los diputados. Podemos hacerlo. Veamos.
Guatemala tuvo un gran acierto en la reforma constitucional de 1994 cuando prohibió al Banco de Guatemala otorgarle préstamos al gobierno central. Esto fue un gran freno a la inflación pues se le restringió la principal fuente de financiamiento y consecuente inflación cuando el gobierno central irresponsablemente gastaba más de lo que le ingresaba por la vía tributaria. Podríamos decir que esto ha sido un primer candado a la principal fuente de inflación en la historia de todos los países del mundo entero.
Al cerrarse la posibilidad que el gobierno se endeudara a través del Banco de Guatemala entonces quedaba pedir permiso al Congreso para obtener endeudamiento público que puede ser interno o externo. Esto es una limitante porque dependerá de cada congreso si se aprueban o no los préstamos. El gobierno central debería llegar al Congreso de la República con argumentos sólidos para justificar nuevos préstamos. Sin embargo, la cosa no funciona así. El gobierno llega al Congreso cuando ya ha gastado y le urgen los fondos. Por ello ejerce presión a los diputados y lo hace muchas veces a través de la retención de fondos que beneficiarían a los votantes de las diferentes bancadas de los diputados del congreso. De esta manera, los préstamos terminan siendo aprobados independientemente si se rompe la disciplina fiscal, se incrementa del déficit presupuestal y se causan desequilibrios macroeconómicos en el país.
Una propuesta sensata consiste en limitar este endeudamiento. Ya en agosto del 2013, el actual presidente del Banco de Guatemala, Licenciado Edgar Barquín, propuso una política que norme el endeudamiento público. En las propias palabras de Barquín, “la propuesta debe incluir cuatro ejes: cuál sería el techo de la deuda en función del PIB (en mi opinión que no pase del 28%). Debe ser definida en relación con los ingresos fiscales, de manera que no sea mayor al 2.3%; además, que los déficit fiscales no estén arriba del 2.0%, y por último, que el endeudamiento sea para inversión productiva.”
Creo que una propuesta que le ponga límite al endeudamiento público del país es fundamental para evitar problemas de desequilibrios macroeconómicos. Esto presionaría al gobierno a ser más responsable a la hora de presupuestar y ejecutar su gasto. Estoy de acuerdo que esta propuesta del Lic. Barquín puede funcionar ya que actualmente no hay límite.
El presidente de Guatemala no considera la deuda como un potencial problema. En varias ocasiones él y la gente que forma su equipo de trabajo han dicho que Guatemala tiene suficiente capacidad aún de endeudamiento. Pero a mi juicio esto es peligrosísimo aunque en este momento la deuda esté llegando al 25% del PIB sin tomar en cuenta lo que el gobierno le debe al Banco Central y al IGSS. Deberíamos aprender de lo que ha pasado en otros países. Estados Unidos tenía aproximadamente una deuda pública del 28% del PIB en el 2008. En los siguientes años se incrementó hasta casi el 70% del PIB. Muchos países de Europa en ese tiempo sobrepasaron el 100%. Todos entraron en problemas fiscales y la situación actual es delicada.
Así que no podemos confiarnos y dejar abierta la puerta a más endeudamiento. Aunque pueden haber otras políticas para limitar el endeudamiento, esta que propuso el Lic. Barquín no es nada descabellada. Es bastante sensata y llama al equilibrio del presupuesto fiscal.