A inicios de 2014,
Guatemala marcó un avance en la apertura del diálogo sobre drogas con la
instalación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas.
Su misión es “formular propuestas de políticas públicas sobre drogas que tengan
una naturaleza integral, multidisciplinaria y respetuosa de los derechos
humanos y las libertades fundamentales”. Esto orientado hacia la “reducción de
la oferta y la demanda de drogas, control de drogas, lavado de activos,
extinción de dominio, narcotráfico y actividades criminales conexas, estructura
institucional y normativa en materia de drogas, política exterior y política de
drogas, género y drogas, así como extradición y cooperación judicial”.
De tal cuenta, la
Comisión ha trabajado los últimos meses en la realización de un análisis
profundo sobre cómo se afecta nuestro país a través de las distintas aristas que
se desprenden de esta problemática. Es de recordar que Guatemala es el país que
más ha contribuido a fomentar un debate respetuoso a nivel internacional. Nuestra
nación no es eminentemente consumidora ni productora, sino es un actor como
país de tránsito de cocaína y sus precursores, así como otros flujos ilícitos. De
hecho es una de las 22 naciones cuya producción o tráfico de drogas tiene mayor
impacto en Estados Unidos, según dio a conocer el presidente estadounidense Barack
Obama a inicios de esta semana.
La dificultad
fundamental que enfrenta Guatemala es la falta de información. Tal ausencia de
datos, obstaculiza la comprensión sólida y profunda del origen y desarrollo de
la narcoactividad en el país, el avance del debate, la creación de políticas
públicas que ayuden a mejorar la situación y, por consiguiente, la definición
de una ruta para salir de la crisis. A manera de ilustrar algunas de esas
brechas: (i) no existe una metodología fidedigna que nos permita entender
cuánta de la violencia está asociada al narcotráfico, (ii) no existen datos
precisos sobre cuántas hectáreas cultivadas de amapola existen (la información
disponible es altamente contradictoria), (iii) no existen sistemas confiables
para la recopilación de precios y pureza de drogas, (iv) no se conoce mayores
datos sobre el modus operandi de los
grupos del narcotráfico y su impacto en el sistema político y (v) no hay
información estadística actualizada sobre el consumo de drogas de nuestro país,
siendo la última encuesta de 2005.
Únicamente a través
de un diálogo profundo, con insumos técnicos claros y detallados, podremos
avanzar en la definición de un nuevo camino para enfrentar la situación. Por
ello es imperante que se priorice la recopilación de información fidedigna y
actual que ayude a aclarar el panorama. Históricamente, esta combinación de
ausencia de datos y de políticas propias, implicó simplemente adoptar el modelo
y los métricos prohibicionistas como buenos. Con mejores insumos en mano, debemos
de buscar las políticas responsables que reduzcan el daño total que se genera
no solo por el consumo sino por las políticas mismas. El proceso de diseño de
nuevas políticas por supuesto que deberá tomar en cuenta la fragilidad e incapacidad
institucional de nuestro Estado.
A pesar de la
ausencia de datos, no por ello podemos ignorar el poder corrosivo de las redes
criminales en nuestro país. Estos grupos utilizan la violencia, la corrupción y
la cooptación de instituciones para proteger sus rutas y negocios de
distribución. Negarlo sería tapar el sol
con un dedo.
Es de suma importancia que todos los
ciudadanos, miembros de la sociedad civil y actores políticos, colaboren en la
construcción de una política de drogas por, para y desde Guatemala. El problema
no es de unos pocos afectados, sino del país entero. Kofi Annan, séptimo
Secretario General de las Naciones Unidas y co-receptor del Premio Nobel de la
Paz de 2001, dijo en un reciente panel sobre políticas de drogas en el Foro
Económico Mundial en Davos, Suiza: “yo creo que las drogas han destruido muchas
vidas humanas. Pero, las malas políticas de estado han destruido muchísimas más
vidas”. Como República Democrática, Guatemala vela por la protección de la vida
humana, sin embargo el flagelo del narcotráfico pone en riesgo la seguridad e
integridad de los ciudadanos. Es momento
que pasemos de página e iniciemos una nueva discusión basada en información
técnica y enmarcada en las capacidades de ejecución de nuestro andamiaje
institucional.
@salva_paiz
A inicios de 2014,
Guatemala marcó un avance en la apertura del diálogo sobre drogas con la
instalación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas.
Su misión es “formular propuestas de políticas públicas sobre drogas que tengan
una naturaleza integral, multidisciplinaria y respetuosa de los derechos
humanos y las libertades fundamentales”. Esto orientado hacia la “reducción de
la oferta y la demanda de drogas, control de drogas, lavado de activos,
extinción de dominio, narcotráfico y actividades criminales conexas, estructura
institucional y normativa en materia de drogas, política exterior y política de
drogas, género y drogas, así como extradición y cooperación judicial”.
De tal cuenta, la
Comisión ha trabajado los últimos meses en la realización de un análisis
profundo sobre cómo se afecta nuestro país a través de las distintas aristas que
se desprenden de esta problemática. Es de recordar que Guatemala es el país que
más ha contribuido a fomentar un debate respetuoso a nivel internacional. Nuestra
nación no es eminentemente consumidora ni productora, sino es un actor como
país de tránsito de cocaína y sus precursores, así como otros flujos ilícitos. De
hecho es una de las 22 naciones cuya producción o tráfico de drogas tiene mayor
impacto en Estados Unidos, según dio a conocer el presidente estadounidense Barack
Obama a inicios de esta semana.
La dificultad
fundamental que enfrenta Guatemala es la falta de información. Tal ausencia de
datos, obstaculiza la comprensión sólida y profunda del origen y desarrollo de
la narcoactividad en el país, el avance del debate, la creación de políticas
públicas que ayuden a mejorar la situación y, por consiguiente, la definición
de una ruta para salir de la crisis. A manera de ilustrar algunas de esas
brechas: (i) no existe una metodología fidedigna que nos permita entender
cuánta de la violencia está asociada al narcotráfico, (ii) no existen datos
precisos sobre cuántas hectáreas cultivadas de amapola existen (la información
disponible es altamente contradictoria), (iii) no existen sistemas confiables
para la recopilación de precios y pureza de drogas, (iv) no se conoce mayores
datos sobre el modus operandi de los
grupos del narcotráfico y su impacto en el sistema político y (v) no hay
información estadística actualizada sobre el consumo de drogas de nuestro país,
siendo la última encuesta de 2005.
Únicamente a través
de un diálogo profundo, con insumos técnicos claros y detallados, podremos
avanzar en la definición de un nuevo camino para enfrentar la situación. Por
ello es imperante que se priorice la recopilación de información fidedigna y
actual que ayude a aclarar el panorama. Históricamente, esta combinación de
ausencia de datos y de políticas propias, implicó simplemente adoptar el modelo
y los métricos prohibicionistas como buenos. Con mejores insumos en mano, debemos
de buscar las políticas responsables que reduzcan el daño total que se genera
no solo por el consumo sino por las políticas mismas. El proceso de diseño de
nuevas políticas por supuesto que deberá tomar en cuenta la fragilidad e incapacidad
institucional de nuestro Estado.
A pesar de la
ausencia de datos, no por ello podemos ignorar el poder corrosivo de las redes
criminales en nuestro país. Estos grupos utilizan la violencia, la corrupción y
la cooptación de instituciones para proteger sus rutas y negocios de
distribución. Negarlo sería tapar el sol
con un dedo.
Es de suma importancia que todos los
ciudadanos, miembros de la sociedad civil y actores políticos, colaboren en la
construcción de una política de drogas por, para y desde Guatemala. El problema
no es de unos pocos afectados, sino del país entero. Kofi Annan, séptimo
Secretario General de las Naciones Unidas y co-receptor del Premio Nobel de la
Paz de 2001, dijo en un reciente panel sobre políticas de drogas en el Foro
Económico Mundial en Davos, Suiza: “yo creo que las drogas han destruido muchas
vidas humanas. Pero, las malas políticas de estado han destruido muchísimas más
vidas”. Como República Democrática, Guatemala vela por la protección de la vida
humana, sin embargo el flagelo del narcotráfico pone en riesgo la seguridad e
integridad de los ciudadanos. Es momento
que pasemos de página e iniciemos una nueva discusión basada en información
técnica y enmarcada en las capacidades de ejecución de nuestro andamiaje
institucional.
@salva_paiz