El
Dr. Eduardo Mayora, profesor y amigo, anota que una de las peores ideas de
todos los tiempos ha sido la de colocar bajo la responsabilidad de entidades
públicas la producción y distribución de bienes y servicios “susceptibles de
estar en el comercio de los hombres”—refiriendo esta última frase, a los tratadistas
del Derecho Privado. Y es que la gestión ambiental municipal constituye uno de los
tantos rubros que han usurpado los gobiernos de la esfera privada de las
personas.
El
agua, la energía, los bosques y el subsuelo constituyen bienes naturales
susceptibles de estar en el comercio de los hombres pero por razones históricas
y otras muy recientes, estos sencillamente están al amparo del gobierno central
y las autoridades municipales. Todas nuestras constituciones consignan la idea
de que estos bienes pertenecen al Estado y por tanto son de gestión pública. El
cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) es la causa reciente;
arguyen que este fenómeno es el riesgo más grande que enfrenta la humanidad y
que es menester del alcalde velar por mitigar sus efectos. No reparan, por
supuesto, en vasta información verdaderamente científica—no política, que no
confirma la cuota de participación del hombre y mucho menos justifica la
intervención estatal como una solución.
Así,
alcaldes y consejos municipales se insertan en una espiral perversa; se empeñan
en implementar viveros forestales, declarar áreas protegidas, actualizar tasas
ambientales, desarrollar planes de ordenamiento territorial, promover el uso de
estufas ahorradoras de leña, instalar laboratorios de monitoreo ambiental,
estimular la reforestación y las energías renovables, impulsar la educación
ambiental, aprobar impuestos a los combustibles,crear
policías ambientales municipales, crear empresas públicas, y más recientemente,
alianzas público-privadas, adquirir nuevas flotillas de camiones recolectores
de basura, cambiar luminarias tradicionales a tecnología Led y aprobar
ordenanzas, reglamentos y multas. Estas “buenas prácticas” suponen aprobar un
confuso entramado conceptual y por supuesto, mendigar financiamientos
internacionales, generalmente gubernamentales.
Pero
nada más lejos de evitar los grandes vicios que verdaderamente debiesen ocuparnos—pobreza,
violencia, impunidad y corrupción campante. Cuando aquellas acciones surgen en
el ámbito privado es porque el emprendedor oteó una oportunidad en el mercado y
deberá asumir los riesgos. Pero cuando aquellas iniciativas emanan y son
tuteladas por los gobiernos municipales abonan más bien a los vicios antes
mencionados.
Entiendo
que es sumamente complejo el contexto local, que arrastramos un legado
histórico perverso, que hay leyes nacionales que limitan la autonomía municipal
y que la época actual impone el reto de distinguir la fantasía de la realidad,
la ciencia de la ideología, pero es necesario proponer a los gobiernos
municipales un nuevo paradigma: el de un gobierno local limitado.
Esto
significa reconocer que el conocimiento es disperso y que la planificación
centralizada del tema ambiental responde a la premisa contraria; que el sistema
de gobierno más justo es aquel que distingue claramente la esfera pública de la
esfera privada. Que el gobierno local debe ser reconocido únicamente por el
inestimable valor de la seguridad y la justicia (esfera pública). Que a mayor
tamaño del gobierno en funciones, presupuesto y personal, mayores son las
probabilidades para la discrecionalidad y la corrupción. Que el alcalde también
se ve impelido por su propio interés y que por tanto limitar su ámbito de
acción es sano para la transparencia de su gestión.
Todo
aquello que pueda estar en el comercio de los hombres, que lo esté y éste
debiese ser la principal estrategia de los alcaldes y regidores. Claros
derechos de propiedad que devuelvan los bienes naturales a las personas
(incluyendo las áreas protegidas), someter aquellos recursos al ético afán de
lucro y promover un sistema de seguridad y justicia que sepa dirimir el
incumplimiento de contratos es lo único que deben impulsar los gobiernos
locales. Ese es su ámbito legítimo de acción, por añadidura y sin menoscabo de
la libertad, muy probablemente alcanzarán un buen desempeño ambiental.
El
Dr. Eduardo Mayora, profesor y amigo, anota que una de las peores ideas de
todos los tiempos ha sido la de colocar bajo la responsabilidad de entidades
públicas la producción y distribución de bienes y servicios “susceptibles de
estar en el comercio de los hombres”—refiriendo esta última frase, a los tratadistas
del Derecho Privado. Y es que la gestión ambiental municipal constituye uno de los
tantos rubros que han usurpado los gobiernos de la esfera privada de las
personas.
El
agua, la energía, los bosques y el subsuelo constituyen bienes naturales
susceptibles de estar en el comercio de los hombres pero por razones históricas
y otras muy recientes, estos sencillamente están al amparo del gobierno central
y las autoridades municipales. Todas nuestras constituciones consignan la idea
de que estos bienes pertenecen al Estado y por tanto son de gestión pública. El
cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) es la causa reciente;
arguyen que este fenómeno es el riesgo más grande que enfrenta la humanidad y
que es menester del alcalde velar por mitigar sus efectos. No reparan, por
supuesto, en vasta información verdaderamente científica—no política, que no
confirma la cuota de participación del hombre y mucho menos justifica la
intervención estatal como una solución.
Así,
alcaldes y consejos municipales se insertan en una espiral perversa; se empeñan
en implementar viveros forestales, declarar áreas protegidas, actualizar tasas
ambientales, desarrollar planes de ordenamiento territorial, promover el uso de
estufas ahorradoras de leña, instalar laboratorios de monitoreo ambiental,
estimular la reforestación y las energías renovables, impulsar la educación
ambiental, aprobar impuestos a los combustibles,crear
policías ambientales municipales, crear empresas públicas, y más recientemente,
alianzas público-privadas, adquirir nuevas flotillas de camiones recolectores
de basura, cambiar luminarias tradicionales a tecnología Led y aprobar
ordenanzas, reglamentos y multas. Estas “buenas prácticas” suponen aprobar un
confuso entramado conceptual y por supuesto, mendigar financiamientos
internacionales, generalmente gubernamentales.
Pero
nada más lejos de evitar los grandes vicios que verdaderamente debiesen ocuparnos—pobreza,
violencia, impunidad y corrupción campante. Cuando aquellas acciones surgen en
el ámbito privado es porque el emprendedor oteó una oportunidad en el mercado y
deberá asumir los riesgos. Pero cuando aquellas iniciativas emanan y son
tuteladas por los gobiernos municipales abonan más bien a los vicios antes
mencionados.
Entiendo
que es sumamente complejo el contexto local, que arrastramos un legado
histórico perverso, que hay leyes nacionales que limitan la autonomía municipal
y que la época actual impone el reto de distinguir la fantasía de la realidad,
la ciencia de la ideología, pero es necesario proponer a los gobiernos
municipales un nuevo paradigma: el de un gobierno local limitado.
Esto
significa reconocer que el conocimiento es disperso y que la planificación
centralizada del tema ambiental responde a la premisa contraria; que el sistema
de gobierno más justo es aquel que distingue claramente la esfera pública de la
esfera privada. Que el gobierno local debe ser reconocido únicamente por el
inestimable valor de la seguridad y la justicia (esfera pública). Que a mayor
tamaño del gobierno en funciones, presupuesto y personal, mayores son las
probabilidades para la discrecionalidad y la corrupción. Que el alcalde también
se ve impelido por su propio interés y que por tanto limitar su ámbito de
acción es sano para la transparencia de su gestión.
Todo
aquello que pueda estar en el comercio de los hombres, que lo esté y éste
debiese ser la principal estrategia de los alcaldes y regidores. Claros
derechos de propiedad que devuelvan los bienes naturales a las personas
(incluyendo las áreas protegidas), someter aquellos recursos al ético afán de
lucro y promover un sistema de seguridad y justicia que sepa dirimir el
incumplimiento de contratos es lo único que deben impulsar los gobiernos
locales. Ese es su ámbito legítimo de acción, por añadidura y sin menoscabo de
la libertad, muy probablemente alcanzarán un buen desempeño ambiental.