Lo que pareciera una situación de esas que uno
escucha en países árabes con culturas radicales para instaurar terror en las
poblaciones, ocurrió en nuestro país la semana pasada. Muchas veces creemos que este tipo de
situaciones solo sucede del otro lado del mundo y no nos hemos percatado que
está siendo cada vez más recurrente en nuestro país. El más reciente acto criminal pasó a tan solo
treinta kilómetros de la Ciudad Capital en la aldea los Pajoques, municipio de
San Juan Sacatepéquez.
Una situación en donde lamentablemente familias de
trabajadores indígenas, han sufrido los vejámenes de grupos que viven del
conflicto y que alimentan sus manifestaciones públicas con algunas donaciones
de organismos internacionales (aunque cada vez menos instituciones deciden
apoyarlos de manera directa) y de los negocios que hacen con políticos
populistas postrando a algunas comunidades bajo la fantasía surrealista: ‘en
nombre del pueblo’.
Según las últimas noticas, once personas perdieron
la vida durante los acontecimientos de violencia ocurridos en Los Pajoques, por
parte de organizaciones que durante años, se han dedicado a sembrar odio y
terror hacia cualquier persona que diga ser trabajador o proveedor de la
empresa cementera. Dentro de los
relatos que se escuchan, está que los trabajadores deben dejar todos sus
uniformes y equipo en el lugar de trabajo, debido a que si son sorprendidos por
estos grupos en las carreteras con playeras, cuadernos o cualquier otros
artículo con el logo de la empresa, son severamente golpeados y algunas mujeres
han sido hasta violadas y maltratadas, por el simple hecho de estar contratadas
por la empresa.
El Gobierno de Guatemala actuando de manera
positiva, aunque tal vez de forma tardía, ha declarado Estado de Prevención para
tratar de recuperar el orden y poder investigar lo que llevó a tan trágico
desenlace la mañana del sábado pasado.
El Ministerio Público tiene ahora una gran
responsabilidad de investigar y llevar ante los tribunales a los autores, tanto
materiales como intelectuales, de estas trágicas muertes. Debemos reflexionar sobre la necesidad de
fortalecer el Estado de derecho y recordar las palabras de la Conferencia
Episcopal de Guatemala sobre “rechazar acciones violentas por parte de grupos
infiltrados en las comunidades a quienes lo que menos les interesa es el bien
común, aunque a veces se arroguen el derecho a hablar por las comunidades y a
manipularlas”. Para todos los
guatemaltecos que estamos cansados de estos grupos que viven de la
conflictividad, es tiempo que nos pronunciemos y exijamos justicia.
@jczapata_s
Lo que pareciera una situación de esas que uno
escucha en países árabes con culturas radicales para instaurar terror en las
poblaciones, ocurrió en nuestro país la semana pasada. Muchas veces creemos que este tipo de
situaciones solo sucede del otro lado del mundo y no nos hemos percatado que
está siendo cada vez más recurrente en nuestro país. El más reciente acto criminal pasó a tan solo
treinta kilómetros de la Ciudad Capital en la aldea los Pajoques, municipio de
San Juan Sacatepéquez.
Una situación en donde lamentablemente familias de
trabajadores indígenas, han sufrido los vejámenes de grupos que viven del
conflicto y que alimentan sus manifestaciones públicas con algunas donaciones
de organismos internacionales (aunque cada vez menos instituciones deciden
apoyarlos de manera directa) y de los negocios que hacen con políticos
populistas postrando a algunas comunidades bajo la fantasía surrealista: ‘en
nombre del pueblo’.
Según las últimas noticas, once personas perdieron
la vida durante los acontecimientos de violencia ocurridos en Los Pajoques, por
parte de organizaciones que durante años, se han dedicado a sembrar odio y
terror hacia cualquier persona que diga ser trabajador o proveedor de la
empresa cementera. Dentro de los
relatos que se escuchan, está que los trabajadores deben dejar todos sus
uniformes y equipo en el lugar de trabajo, debido a que si son sorprendidos por
estos grupos en las carreteras con playeras, cuadernos o cualquier otros
artículo con el logo de la empresa, son severamente golpeados y algunas mujeres
han sido hasta violadas y maltratadas, por el simple hecho de estar contratadas
por la empresa.
El Gobierno de Guatemala actuando de manera
positiva, aunque tal vez de forma tardía, ha declarado Estado de Prevención para
tratar de recuperar el orden y poder investigar lo que llevó a tan trágico
desenlace la mañana del sábado pasado.
El Ministerio Público tiene ahora una gran
responsabilidad de investigar y llevar ante los tribunales a los autores, tanto
materiales como intelectuales, de estas trágicas muertes. Debemos reflexionar sobre la necesidad de
fortalecer el Estado de derecho y recordar las palabras de la Conferencia
Episcopal de Guatemala sobre “rechazar acciones violentas por parte de grupos
infiltrados en las comunidades a quienes lo que menos les interesa es el bien
común, aunque a veces se arroguen el derecho a hablar por las comunidades y a
manipularlas”. Para todos los
guatemaltecos que estamos cansados de estos grupos que viven de la
conflictividad, es tiempo que nos pronunciemos y exijamos justicia.
@jczapata_s