Acabo de
regresar de un viaje fuera del país y cuando decía que venía de Guatemala me
preguntaban, con tono de preocupación, por la inseguridad. Les decía que se están haciendo grandes
esfuerzos por reducir la delincuencia y homicidios, que hay una tendencia a
mejorar.

De hecho la tasa de homicidios
por cada cien mil habitantes tocó un pico de 46.4 en el 2009 y había bajado a
34 en el 2013. Sin embargo, ésta sigue
siendo muy alta en comparación con Europa que no sobrepasa una tasa de 1
homicidio por cada cien mil habitantes.

A pesar de mi esfuerzo por
explicar que las cosas parecen mejorar, me quedé sin argumentos ante los hechos
reales de linchamientos en el interior del país. Y justo, la semana pasada, ocurre una
terrible masacre en San Juan Sacatepéquez, al estilo de los terroristas más
sanguinarios del mundo entero, en la que ocho miembros de la familia Pajoc Matz
fueron humillados, torturados, quemados, macheteados, baleados hasta que
murieron. No importó si eran ancianos o
jóvenes. Además, humillaron públicamente
a varias mujeres a las que les cortaron el cabello y las desnudaron frente al
grupo de personas que participó con total complicidad e impunidad en tal
vergonzoso acto terrorista.

No se
justifica la causa de esta masacre ni la de los linchamientos. Inocentes han muerto sin ser sometidos a la
justicia, sin haber tenido una defensa, sin haber tenido la oportunidad de
proteger sus vidas y el Gobierno de Guatemala ha sido culpable por estar
ausente, por dejar que las cosas llegaran a este extremo. Este
fatídico resultado había sido advertido en varias ocasiones en un gran número
de denuncia y se pudo evitar.

El
gobierno es complice porque en vez de utilizar los escasos recursos que recibe
de los tributarios en seguridad y justicia los ha dedicado a malgastar en
programas que no tienen que ver con su función primordial que es la de
garantizar la vida, la libertad y la propiedad.
Han desviado los recursos de
seguridad y justicia hacia otras funciones menos prioritarias. El resultado es un país donde los ciudadanos
se toman por si mismos la seguridad y justicia cometiendo en el camino una gran
cantidad de arbitrariedades e injusticias.

No es
posible que una persona sea torturara, quemada y asesinada simplemente por
vender sus pertenencias. Y es que los asesinos
estaban en desacuerdo con hubieran vendido su propiedad para que ahí se
construyera una importante carretera. Y
no importa si ellos querían ejercer su derecho de vender la propiedad a quienes
le dieran la gana, al fin y al cabo ellos eran los únicos que tenían ese
derecho sobre sus pertenencias y qué hacer con ellas y a quién
vendérselas. Esto, aunque suene
primitivo y nada civilizado, es lo que pasó en San Juán Sacatepéquez. ¿Y la policía?, ¿Y los jueces?

No es posible que por cada
vehículo de la policía apenas se le den 3 galones de combustibles al día. No es posible que los mismos policías tengan
que contribuir con sus balas y equipo de seguridad y protección. No es posible que se graduaran policías y no
se les incorpore porque no hay recursos para ello. No es posible que existan más de 20 órdenes
de captura desde hace meses y no se les dé seguimiento. No es posible que los líderes que en varias
ocasiones actuaron ilegalmente cometiendo actos de terrorismo estuvieran libres
e impunes.

No es posible que la justicia
tarde tanto si es que llega, cuando llega.
No es posible que sigamos protegiendo los “supuestos derechos humanos” de
los delincuentes y no el de los ciudadanos trabajadores, honrados y
responsables. Y no es posible que muchas
organizaciones que actúan de esta forma estén financiadas por dineros estatales
de países extranjeros que se consideran nuestros amigos.

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