Michael Froman, representante de la Oficina Comercial de EE.UU., explicó el
pasado 18 de septiembre que la medida fue tomada debido a que los compromisos clave
en el marco del Plan de Aplicación siguen pendientes. Entre tales compromisos
se encuentra la aprobación de la iniciativa 4703. Este proyecto de ley incluye
reformas al Código de Trabajo, las cuales protegen los derechos de los
trabajadores cuando existan violaciones a las leyes laborales.
La iniciativa 4703 fue presentada ante el Congreso el 25 de junio de 2013,
a sabiendas de la carrera contra el reloj que se tenía. Sin embargo, por más de
14 meses, los diputados optaron por engavetar este asunto de gran prioridad, abusando
del tiempo y de recursos del erario público para llevar a cabo interpelaciones
cuestionables y atender otros requerimientos que catalogan como “urgentes”. A
pesar de la extensión especial de cuatro semanas al plazo original, aparentemente
ignoraban por completo que ayer, 24 de septiembre, era el último día para que
Guatemala aprobara tales reformas. El pasado martes, con 96 votos de los 105
requeridos, los diputados improbaron conocer de urgencia nacional las reformas
laborales. Dos horas después decidieron romper quórum para suspender la sesión
y evitar la discusión a toda costa.
Esta es una noticia muy lamentable para el país entero y le abre paso a una
serie de dificultades que nuestros diputados parecen subestimar. La vigencia
del TLC hace permanentes los beneficios para 80% de productos que brinda la
iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), lo cual abarca un volumen comercial
de aproximadamente US$30 mil millones en toda Centroamérica. Además, concede
que se tengan las reglas claras para hacer negocios: (i)reduce y elimina las
principales barreras al comercio, (ii) prohíbe la adopción de medidas
unilaterales que puedan afectar el comercio bilateral, (iii) exige dar un mismo
trato a todas las personas y (iv) demanda una aplicación plurilateral.
Todo esto no solo permite la entrada libre de aranceles de gran parte de
productos nacionales a Estados Unidos, sino que también estimula la expansión y
diversificación del comercio y, por ende, aumenta las oportunidades de
inversión. Sin embargo, como en cualquier juego, se deben respetar ciertas
reglas. En nuestro caso, no lo hicimos.
Ante este escenario, ahora Guatemala no solo debe pagar una multa de hasta
US$15 millones, sino que también corre muchos riesgos. En primer lugar, que la
mayoría de nuestros productos puedan ser rechazados por el mercado
estadounidense debido a las sanciones comerciales que puedan ser levantadas,
disminuyendo así la actividad económica nacional afectando la disponibilidad de
empleo para quienes más lo necesitan. Por otro lado, es muy posible que inicie una
campaña pública contra nuestro país, causando un impacto negativo en las
inversiones, el turismo y la imagen de la nación. Además, no podemos ignorar
las consecuencias que todo esto conlleva, tales como el detrimento en la
recaudación fiscal y el incremento de actividades ilícitas como la
delincuencia, el narcotráfico, las migraciones ilegales, etcétera.
Sin duda alguna la iniciativa 4703 está sujeta a una serie de mejoras, pero
no por ello podemos permitir que el futuro de nuestra nación entera sea
castigado. Si alguna bancada tenía posibles enmiendas para la 4703, tuvieron 14
meses para comunicarlas, trabajarlas y consensuarlas. Introducir hoy la
necesidad de enmiendas, además de tratar de aprobar tal iniciativa como un
asunto de urgencia nacional, a mi parecer nos ilustra la ligereza e
irresponsabilidad con que se estaba atendiendo el tema. ¿Por qué no lo hicieron
durante esos 14 meses? Tuvieron más que tiempo suficiente para presentar y
debatir sus propuestas de enmienda.
Es de suma importancia que nuestros diputados sean críticos a la hora de
armar la agenda legislativa y que prioricen asuntos de gran trascendencia para
todos los guatemaltecos. Ahora no queda más que hacerle frente a las
consecuencias que el Panel Arbitral conlleva. Sin embargo, somos nosotros, los
ciudadanos guatemaltecos, quienes debemos exigirle a nuestras autoridades el
debido cumplimiento de su labor para impedir que este tipo de situaciones sigan
sucediendo. Especialmente cuando se trata de prioridades engavetadas en el
olvido, lo cual estaremos lamentando por mucho tiempo. Una vez más estamos como
bomberos, apagando los fuegos del momento.
@salva_paiz
Michael Froman, representante de la Oficina Comercial de EE.UU., explicó el
pasado 18 de septiembre que la medida fue tomada debido a que los compromisos clave
en el marco del Plan de Aplicación siguen pendientes. Entre tales compromisos
se encuentra la aprobación de la iniciativa 4703. Este proyecto de ley incluye
reformas al Código de Trabajo, las cuales protegen los derechos de los
trabajadores cuando existan violaciones a las leyes laborales.
La iniciativa 4703 fue presentada ante el Congreso el 25 de junio de 2013,
a sabiendas de la carrera contra el reloj que se tenía. Sin embargo, por más de
14 meses, los diputados optaron por engavetar este asunto de gran prioridad, abusando
del tiempo y de recursos del erario público para llevar a cabo interpelaciones
cuestionables y atender otros requerimientos que catalogan como “urgentes”. A
pesar de la extensión especial de cuatro semanas al plazo original, aparentemente
ignoraban por completo que ayer, 24 de septiembre, era el último día para que
Guatemala aprobara tales reformas. El pasado martes, con 96 votos de los 105
requeridos, los diputados improbaron conocer de urgencia nacional las reformas
laborales. Dos horas después decidieron romper quórum para suspender la sesión
y evitar la discusión a toda costa.
Esta es una noticia muy lamentable para el país entero y le abre paso a una
serie de dificultades que nuestros diputados parecen subestimar. La vigencia
del TLC hace permanentes los beneficios para 80% de productos que brinda la
iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), lo cual abarca un volumen comercial
de aproximadamente US$30 mil millones en toda Centroamérica. Además, concede
que se tengan las reglas claras para hacer negocios: (i)reduce y elimina las
principales barreras al comercio, (ii) prohíbe la adopción de medidas
unilaterales que puedan afectar el comercio bilateral, (iii) exige dar un mismo
trato a todas las personas y (iv) demanda una aplicación plurilateral.
Todo esto no solo permite la entrada libre de aranceles de gran parte de
productos nacionales a Estados Unidos, sino que también estimula la expansión y
diversificación del comercio y, por ende, aumenta las oportunidades de
inversión. Sin embargo, como en cualquier juego, se deben respetar ciertas
reglas. En nuestro caso, no lo hicimos.
Ante este escenario, ahora Guatemala no solo debe pagar una multa de hasta
US$15 millones, sino que también corre muchos riesgos. En primer lugar, que la
mayoría de nuestros productos puedan ser rechazados por el mercado
estadounidense debido a las sanciones comerciales que puedan ser levantadas,
disminuyendo así la actividad económica nacional afectando la disponibilidad de
empleo para quienes más lo necesitan. Por otro lado, es muy posible que inicie una
campaña pública contra nuestro país, causando un impacto negativo en las
inversiones, el turismo y la imagen de la nación. Además, no podemos ignorar
las consecuencias que todo esto conlleva, tales como el detrimento en la
recaudación fiscal y el incremento de actividades ilícitas como la
delincuencia, el narcotráfico, las migraciones ilegales, etcétera.
Sin duda alguna la iniciativa 4703 está sujeta a una serie de mejoras, pero
no por ello podemos permitir que el futuro de nuestra nación entera sea
castigado. Si alguna bancada tenía posibles enmiendas para la 4703, tuvieron 14
meses para comunicarlas, trabajarlas y consensuarlas. Introducir hoy la
necesidad de enmiendas, además de tratar de aprobar tal iniciativa como un
asunto de urgencia nacional, a mi parecer nos ilustra la ligereza e
irresponsabilidad con que se estaba atendiendo el tema. ¿Por qué no lo hicieron
durante esos 14 meses? Tuvieron más que tiempo suficiente para presentar y
debatir sus propuestas de enmienda.
Es de suma importancia que nuestros diputados sean críticos a la hora de
armar la agenda legislativa y que prioricen asuntos de gran trascendencia para
todos los guatemaltecos. Ahora no queda más que hacerle frente a las
consecuencias que el Panel Arbitral conlleva. Sin embargo, somos nosotros, los
ciudadanos guatemaltecos, quienes debemos exigirle a nuestras autoridades el
debido cumplimiento de su labor para impedir que este tipo de situaciones sigan
sucediendo. Especialmente cuando se trata de prioridades engavetadas en el
olvido, lo cual estaremos lamentando por mucho tiempo. Una vez más estamos como
bomberos, apagando los fuegos del momento.
@salva_paiz